La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR), investigar delitos que pudieron ser cometidos durante la “Guerra Sucia”, tomando en consideración que pueden constituir crímenes de lesa humanidad y, por tanto, son imprescriptibles.

Por mayoría de cuatro votos, los integrantes de la Primera Sala de la Corte avaló el proyecto del ministro Juan Luis González Alcátara Carrancá.

Además propuso amparar a cuatro mujeres, familiares del guerrillero Lucio Cabañas, supuestamente detenidas, atormentadas psicológicamente y torturadas durante ese periodo.

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Ellas son las hermanas Juana, Rosa Elena e Irene Nava Cabañas y Flavia Cabañas Gómez, quien al momento de los hechos tenía 17 años, quienes denunciaron que fueron víctimas de delitos cometidos por agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

El caso llegó a la Corte luego de que en enero de 2022, la FGR decidió no ejercer acción penal por los hechos denunciados por las víctimas bajo el argumento de que los delitos habían prescrito y que para la época no estaba vigente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para que el ministerio público pueda fundar un ejercicio de la acción penal.

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El ministro González Alcántara Carrancá señaló que para la década de los 70, época en la que ocurrieron los hechos, existían otros instrumentos internacionales que establecían qué conductas son delitos de lesa humanidad, como para que la FGR pueda ejercer acción penal.

La FGR tendrá 12 meses más para determinar nuevamente si ejerce o no acción penal con los elementos que reúna y cada dos meses deberá informar al juez de amparo el desarrollo de las investigaciones.

Con el nombre de Guerra Sucia se conoce en México a un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano que comprende desde principios de la década de 1950 hasta finales de los años 1990.

La investigación judicial sobre los crímenes del Estado contra los movimientos políticos se abrió hasta el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), quien creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) en el 2002.