El contrato firmado entre el Gobierno del Estado y la empresa Atlético Morelia para la utilización del nuevo estadio de futbol profesional de Mazatlán es completamente legal y no vulnera ninguna norma jurídica, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez.
Mediante un comunicado de prensa, aseguró que la firma de este contrato en ningún momento atenta contra las facultades del Poder Legislativo, ya que al no tratarse de la enajenación de un inmueble no se requiere la aprobación del Congreso del Estado.
Señaló que la coordinadora de Morena, Graciela Domínguez Nava y algunos diputados de ese grupo parlamentario se equivocan rotundamente al hablar de una violación a la Ley sobre Inmuebles del Estado y los Municipios, pues un estadio no es un bien destinado a un servicio público.
Argumentó que los bienes destinados al servicio público se encuentran claramente definidos en la citada ley, como los edificios que son sede de los poderes y las oficinas públicas, escuelas, bibliotecas, instituciones científicas, museos, cárceles, construcciones militares, entre otros, pero los estadios no están considerados expresamente como bienes destinados al servicio público.
El legislador del PRI expuso que el contrato incluye una importante contraprestación, como es el hecho de que la empresa Atlético Morelia invertirá 70 millones de pesos para construir un Centro de Formación de Fuerzas Básicas, establecer escuelas de futbol de categorías infantiles y juveniles, y se obliga también al mantenimiento y mejoramiento del estadio, que en todo momento estará disponible para resguardar a personas en caso de emergencias.
“El hecho de que el contrato sea de dominio público, que se puede consultar desde hace un mes en la página oficial del Gobierno del Estado, demuestra que no hay nada que ocultar, que las cosas no se hacen en lo oscurito, sino de manera transparente y legal”, destacó.
Cuestionó que los diputados de Morena tengan una “terrible confusión” al hablar de enajenación y concesión del estadio, cuando en realidad el contrato suscrito en ninguna de sus cláusulas establece la enajenación del inmueble, al no tratarse de la venta, cesión o permuta.
“Los diputados de Morena mienten, buscan confundir a la sociedad y golpear políticamente, cuando cuestionan la legalidad del contrato firmado para la utilización del nuevo estadio de fútbol de Mazatlán”, remató.
