La especialista Silvia Gisell López González señala que, de los 20 municipios de la entidad, únicamente Escuinapa cuenta con un programa de ordenamiento ecológico

En Sinaloa se opera bajo un escenario de desregulación ambiental y territorial que condiciona la gestión de los recursos naturales de la región. La falta de aplicación de normativas por parte de instituciones medioambientales y de instrumentos legales de planeación ecológica y urbana genera un desorden en el crecimiento habitacional e industrial que afecta la sustentabilidad regional, afirmó Silvia Gisell López González.

La especialista en políticas públicas ambientales e integrante de la asociación ambientalista Guaiacum señaló que de los 20 municipios que integran la entidad, únicamente Escuinapa cuenta con un programa de ordenamiento ecológico totalmente decretado y ejecutable desde 2022:

“Tenemos uno nada más que es el que está en Escuinapa, es el único que ha cumplido todo el proceso este programa de ordenamiento ecológico (…) En esos casos el ordenamiento ecológico serviría porque de hecho es ley, se convierte en ley una vez que se decreta, para proteger esos lugares y ponerle un alto tanto empresarios en general a la sociedad”, explicó durante la conferencia “¿Quién decide sobre el territorio en Sinaloa?”.

Agregó que la percepción tradicional del territorio tiende a fragmentar el estado a través de sus principales aglomeraciones poblacionales (Ahome, Culiacán y Mazatlán) o por regiones (norte, centro y sur). Esto implica individualizar y no observar el territorio como un conjunto. Físicamente, la entidad se compone de tres grandes franjas: costa, valle y sierra. Mantener una ausencia de planes de ordenamiento ecológico es ignorar la interconexión de los ecosistemas; es decir, lo que se decide o altera en la sierra afecta directamente a los valles y termina impactando en las costas.

La zona de la sierra da origen al agua que aprovechan las ciudades y los distritos de riego agrícola. Por lo tanto, las actividades humanas desreguladas en la parte alta —como la deforestación, la tala ilegal y la actividad minera— repercuten aguas abajo.

Por ejemplo —relató que —, desde Durango corrió un agua turbia, cargada de metales pesados o químicos provenientes de un accidente minero. Las aguas blanquecinas terminaron por diluirse en la presa Sanalona. Esta agua se encarga de abastecer el consumo en Culiacán y baña el valle agrícola. De igual forma, los desechos urbanos no tratados que se generan en las ciudades decantan finalmente en los humedales costeros y en el mar, afectando a sitios de relevancia internacional como los Sitios Ramsar (humedales protegidos de importancia internacional).

Al no existir ordenamientos ecológicos locales con fuerza de ley, polos industriales y turísticos como Mazatlán y Ahome impulsan proyectos económicos incompatibles con la subsistencia de estos entornos naturales.

La especialista señaló que en materia legal, México contempla dos herramientas diferenciadas para planificar el uso del suelo. Por un lado, existen programas de desarrollo urbano, encargados de regular los centros de población y la distribución de viviendas o infraestructura dentro de las ciudades, y por otro, fuera de los límites urbanos, los programas de ordenamiento ecológico determinan con carácter de ley qué extensiones geográficas son aptas para la agricultura, la ganadería, la silvicultura o la industria, y cuáles de ellas deben preservarse intactas solamente por sus valores ecosistémicos.

Desarrollos irregulares

La falta de estos ordenamientos facilita la evasión de permisos en terrenos naturales. Dentro de Culiacán, la proliferación ilegal de proyectos habitacionales conocidos como “campestres” en zonas serranas como el Cerro de las 7 Gotas provoca el desmonte forestal e invasión de predios. “Entonces, desde ahí todo esto claro que se da, pero se da de manera ilegal porque también muchos de estos campestres ni siquiera tienen permisos, pero eso la sociedad no lo sabe”, dijo.

La mayoría de estas construcciones carecen de autorización oficial y se comienzan a edificar residencias, violando principalmente el suelo. Estas áreas son deforestadas e invadidas de manera clandestina sin contar con los permisos correspondientes, vendiendo a la sociedad falsas opciones de inversión que violan las normativas forestales.

“Y ni se diga en la zona rural, en la zona la zona rural o natural, porque allá también hay usos de suelo, hay usos de suelo forestal, lugares donde hay vegetación de importancia ambiental y no puedo llegar y tal. Aunque yo sea propietario de ese lugar…”

Una vez que se inicia un proceso de ordenamiento ecológico en un municipio, se debe crear un comité que queda establecido de forma permanente, sin embargo, existen fallas: “Muchas veces ocurre la simulación. Ustedes han de pensar, sí, hay muchos comités, hay muchos consejos, pero realmente que se tomen, que esos acuerdos se lleven a la práctica o que no estén amañados por ahí también se puede dar”, dijo.

Los procesos de decisión suelen estar dominados por intereses económicos y poderes de facto. Las grandes inversiones (como el caso de la planta de amoníaco en Topolobampo) a menudo cuentan con el respaldo de los tres niveles de gobierno, lo que puede invalidar o ignorar la planificación ecológica y la opinión de las comunidades locales, en este caso la mayo-yoreme.

Durante las consultas a las comunidades originarias se ha detectado la creación de “gobernadores duales”; en otras palabras, líderes reconocidos por el gobierno pero que no representan la opinión de la comunidad, esto con el fin de obtener aprobaciones para proyectos industriales.

Durante la llegada de estas maquinarias se repite el discurso del “desarrollo económico y generación de empleos” para justificar las decisiones que afectan al patrimonio natural, social y cultural, dejando de lado los costos reales y a quiénes benefician las millonarias inversiones, aseguró.

Artículo publicado el 21 de junio de 2026 en la edición 1221 del semanario Ríodoce.