Quince días antes de la caída del Mayo Zambada, en lo que parece el lejano julio de 2024, aquí en Ríodoce insistíamos en dos afirmaciones que no eran novedosas pero que iban agravándose mes a mes.
Una fundamental: el registro de personas desaparecidas y no localizadas se sostenía por encima del número de homicidios dolosos en Sinaloa. Más desapariciones que asesinatos.
La segunda afirmación: México en general y Sinaloa en particular, carecen de una plataforma confiable para el entendimiento del delito de personas desaparecidas y no localizadas, que permita acompañar a las víctimas en la búsqueda y al mismo tiempo contar con datos públicos confiables y con respaldo.
Meses después de esas afirmaciones Sinaloa se pondría de cabeza en seguridad pública. Los Guzmán ejecutan el secuestro y entrega de Ismael Zambada a las agencias gringas y desatan la violencia entre sus facciones.
Chapitos y la Mayiza abrieron un frente de guerra que invadió a las principales ciudades y a las pequeñas comunidades de Sinaloa. El resguardo de sus habitantes fue insuficiente para convertirse también en víctimas del fuego cruzado.
Entonces, esos dos delitos ya de por sí graves, iniciaron un crecimiento alarmante hasta los niveles en que actualmente se encuentran. Sinaloa en sentido contrario al resto del país —con sus excepciones violentas, por supuesto, como Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán. Mientras en México el número total de homicidios dolosos iba en descenso desde octubre de 2024, en Sinaloa ascendía peligrosamente.
Para el estado terminaba un descenso sostenido de seis años en el conteo de homicidios (de 2018 a 2023), junto a una estabilidad (grave, pero estabilidad) en la desaparición de personas. Un incremento en los asesinatos siempre significa un ascenso en las desapariciones.
Los números eran claros en aquel julio de 2024: la base de datos federal contabilizaba al primer semestre del año a 432 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas sin vida. En ese mismo periodo, los asesinatos sumaban 252. Significaba 71 por ciento más desapariciones que asesinatos. Así era la disparidad. Y lo que era peor entonces, los homicidios mantenían un descenso mes a mes, mientras las desapariciones aumentaban.
Los dos delitos habían llegado a un punto de confluencia. Es decir, se emparejaron en número asesinatos y desapariciones en 2018. Siempre hablando de los números oficiales, que se sabe son muy menores al registro que llevan los colectivos de búsqueda sobre personas desaparecidas.
Margen de error
(Guerra) La semana pasada el gobierno federal presentó los nuevos lineamientos y la revisión de esta administración al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que implica además la implementación de una serie de reformas que se aprobaron en julio del año pasado y que sostienen los cambios que ahora se presentan en todo el tema del delito de desaparición de personas.
El gobierno de Claudia Sheinbaum lo que ha hecho es una reintrerpretación de los datos disponibles en las plataformas que han existido, desde que en la parte final del gobierno de Felipe Calderón se promulgó la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (así se llamó).
Ahora el gobierno de Sheinbaum hace también un desglose de los registros oficiales disponibles. Primero marca una separación de los registros previos a la guerra contra el narco. Entonces todos los datos de 1952 en adelante, los coloca en el cajón de la llamada guerra sucia, donde era el estado quien prevalecía como autor de las desapariciones, y de 2006 en adelante los coloca en un apartado atribuible a particulares (en la mayoría de los casos con participación de autoridades), el episodio conocido como la guerra contra el narco.
Primera cita
(Tercio) Así entonces, el gran total de desaparecidos en México, con registro oficial disponible se ubica en 394 mil 645. Pero de este gran total se restan 260 mil localizados (240 mil de ellos con vida), y también se separan aquellos registros previos al año 2006, para quedarse únicamente con el dato de 130 mil 178 desaparecidos.
Después, este último dato se desglosa en tercios:
- Una tercera parte están en el registro pero sin datos suficientes para emprender una búsqueda.
- Otra tercera parte son aquellos registros donde al cruzar sus datos disponibles con bases de datos oficiales, se detectó que personas con ese nombre tuvieron alguna actividad posterior a su desaparición, como un alta en el SAT, un matrimonio, o un movimiento en el INE. En esa tercera parte el gobierno está en proceso de confirmar si se trata de las mismas personas y formalizar su localización.
- El otro tercio son las desapariciones con datos suficientes para sostener su búsqueda, no se detecta ningún movimiento administrativo de ellos. A pesar de que debería sostenerse su búsqueda, solo más de 3 mil tienen una carpeta de investigación abierta sobre su desaparición.
Es los últimos dos tercios de la base de datos, que juntos suman 83 mil registros, donde el gobierno de Sheinbaum centrará los esfuerzos de búsqueda.
Mirilla
(Ojo) El actual gobierno respetó la base y no eliminó registros, pero aun así queda lejos de la recopilación de registros que los grupos de búsqueda del país se han afanado en levantar. Un esfuerzo mayúsculo que requiere ahora de una nueva confrontación de datos para incluir o eliminar de la lista oficial a quienes aún están en su búsqueda, aparecieron en estos años, o se agrega información para su localización.
No es una tarea menor. Comparemos los datos del 9 de septiembre de 2024 a la fecha, en el registro oficial de la plataforma: Sinaloa tiene 2 mil 859 registros en total. De ellos mil 229 personas han sido localizadas. Restan entonces mil 630 registros activos de personas desaparecidas y no localizadas. Sin embargo, el conteo de colectivos mantiene que en este periodo 3 mil 500 personas han desaparecido. No queda muy claro cuántas de ellas aún mantienen esa condición y cuántas otras han aparecido con vida o sin vida. Esa es otra tarea pendiente (PUNTO)
Artículo publicado el 29 de marzo de 2026 en la edición 1209 del semanario Ríodoce.






