Un día llamó la secretaria de Mario López Valdez a mi oficina. Era jueves ya entrada la noche. Me dijo que el gobernador quería hablar conmigo, que si podía tomarle la llamada. Me sorprendió. Fue en agosto. Claro que sí, le dije, con gusto. Me llamó unos minutos después y luego de decirme que acababa de regresar de los Estados Unidos —él también iba de vacaciones a los Estados Unidos a visitar a familiares— me pidió que desayunáramos al día siguiente. Quiero echar la platicada contigo —me dijo— porque no quiero pasar a la historia como el peor gobernador de Sinaloa. Ya pasó, me dieron ganas de decirle, pero solo lo pensé. Tenía apenas un año y medio al frente del gobierno.

Al día siguiente platicamos en el tercer piso. Me pidió que lo ayudara, así, en general, que lo ayudara. Habíamos estado publicando, desde el arranque de su gobierno, reportajes donde evidenciábamos la gran corrupción que campeaba en todos los niveles y áreas de su administración, siempre documentados. Su discurso del cambio que hilvanó durante la campaña contra Jesús Vizcarra fue arrojado al caño por él mismo, empezando con el nombramiento de su gabinete, donde había depredadores sexuales, “orejas”, hijos de papi, priistas en desuso, narcopolíticos, cuotas y cuates, un elogio a la frivolidad.

Malova, por supuesto, no sabía que ya estábamos dando los últimos toques a un reportaje donde demostrábamos cómo un parche caliente que valía 16 pesos en una farmacia, la secretaría de Salud los estaba comprando en 400. Y así con muchos productos, en una voraz y descarada forma de robarse el dinero público que no cesó en Salud y en otras secretarías, a pesar de las evidencias documentadas. La nota la publicamos, por supuesto. Y no lo ayudamos porque no estaba entre nuestros deberes hacerlo.

Cuento esto porque en esta misma edición llevamos un trabajo de Alejandro Monjardín donde damos cuenta cómo se siguen aplicando todavía, en un gobierno que se dice de izquierda, comprometido en no mentir, no traicionar y no robar, los mismos patrones para saquear las arcas públicas que usaron los priistas durante décadas y los panistas en su efímero paso por el poder. Y, además, con toda impunidad. ¿Qué están haciendo los mecanismos internos de control para vigilar las compras? ¿a quién o quiénes sirven? ¿No tienen un sistema de verificación de precios antes de firmar un contrato? Los primeros que tienen que estar enterados de las condiciones en que se adquiere un servicio, son los comités de adquisiciones de las secretarías. Y ocurre lo mismo en otros niveles de gobierno, por eso en la denuncia contra Gerardo Vargas Landeros por el arrendamiento de patrullas, la fiscalía estatal acusó también a todos los integrantes del comité de adquisiciones del ayuntamiento de Ahome (lo hicieron también en el conflicto con la UAS, pero terminaron bailando lambada con ellos gracias a un acuerdo político).

El gobernador Rubén Rocha Moya estuvo muy ocupado en un conflicto muy intenso —el pleito con los directivos de la UAS— que lo distrajo de la tarea sustancial de sacar adelante a Sinaloa de su estancamiento, y ahora padece los estragos que está dejando la narcopandemia en todos los sentidos, incluida la pérdida de confianza de muchos de los que lo llevaron a poder con su voto. Y no puede agregar a ello el descuido en el manejo de los escasos recursos que tiene el estado para sacar adelante sus programas. El contraste de precios de compra entre lo que adquiere el DIF y lo que adquiere la SEPDES, mostrado en el reportaje, es un indicio de que alguien esta robando dinero público, como se hizo impunemente en administraciones pasadas. Y también que están fallando los mecanismos internos de control. Y si fallan estos mecanismos lo que se hace en la SEPyC —cuya titular no aceptó la entrevista con Ríodoce—, puede estar ocurriendo en todas las dependencias. Y entonces estaríamos hablando ya no de un caso aislado, sino de un sistema para saquear las arcas del gobierno. Y a eso tendría que llamársele también crimen organizado.

Bola y cadena

POR SI FUERA POCO, AL GOBERNADOR le empiezan a preocupar ahora los pasos de los pretensos a sucederlo, algunos de ellos muy cercanos a él, Juan de Dios Gámez, su ahijado y alcalde de Culiacán, y el senador Enrique Inzunza. Ya no digamos Imelda Castro, que anda por la libre, pero como la gallinita ciega, pues se acerca a Gerardo Vargas y luego lo descarrilan; se reúne con los romeristas de Mazatlán y luego la DEA boletina a uno de sus cabecillas. Y eso también está distrayendo a Rocha. Así que no tendrá reposo. Por lo que hemos visto en las últimas semanas, la narcoguerra se prolongará más allá de su administración, así que, muy probablemente tendremos un proceso en el 27 muy salpicado por la violencia, como ha sucedido ya en otras elecciones. O mucho peor.

Sentido contrario

CUANDO EL PRESIDENTE ERA ENRIQUE Peña Nieto criticábamos el uso de herramientas como Pegasus para vigilar a políticos, periodistas, defensores de derechos humanos. Los equipos adquiridos con el pretexto de combatir al crimen organizado terminaron usándose para fines políticos. Cuando llegó AMLO al poder dijo “nosotros no espiamos”, pero a la vuelta de los años se demostró que sí, que su gobierno espió a periodistas y políticos también, con el mismo software Pegasus, adquirido, por cierto, a una empresa israelí. Todo ilegal.

Humo negro

AHORA YA NO TENDRÁN QUE hacer las cosas fuera de la ley, pues con las reformas aprobadas la semana pasada, a la Ley de Seguridad Nacional, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, podrán espiar su teléfono y su computadora sin ocupar la orden de un juez. Al paso que vamos, pronto crearán la Policía del Pensamiento.