Gerardo Vargas Landeros presume manos limpias en manoteo presupuestal

Después de negar que su administración estaba bajo escrutinio ministerial por desempeño irregular de la función pública contra quien o quienes resulten responsables por el arrendamiento de 126 patrullas, un movimiento ejecutado mediante asignación directa y no por licitación pública en el 2021, por un monto de 171 millones 451 mil 932.40 pesos a la empresa Grinleasing en diciembre del 2021, el alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, rectificó y terminó aceptando que sí existe una indagatoria.

En un encuentro cara a cara con reporteros diversos en el cabildo, lugar que él decidió usarlo como privado y separar a la prensa de los concejales mediante un cerco para impedirles el libre tránsito, el munícipe habló de temas variados, y a preguntas del caso, dio un discurso político evasivo, zalamero con el Gobernador y con la presidenta de México, pero omitió, deliberadamente, los pormenores del asunto.

La perorata fue pensada y estructurada, con ensayo previo de cadencia de voz, aunque tartamudeó. En ese discurso rompió su esquema habitual de improvisación, pues antes, en su primera entrevista, fue pillado en traspiés verbales intencionales de negar lo evidente, la investigación, a un mes de iniciada.

En esa ocasión, sobre la calle Álvaro Obregón entre Ángel Flores y Vicente Guerrero, categórico, negó hasta tres veces en 5 minutos, que su administración estaba bajo investigación.

Y ahora, días después y cuando las evidencias de su engaño le estaban cayendo encima, salió para fijar su postura: que, según él, era de honestidad, transparencia y apego a las normas institucionales, partidistas y a las directrices de quien llamó “Señor Gobernador, Dr. Rubén Rocha Moya”, quien ha señalado que toda acción de gobierno debe ser revisada cuando así lo ameriten los órganos competentes.

“Y como lo ha indicado la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo: en la Cuarta Transformación creemos en la rendición de cuentas, en el ejercicio ético del poder, y en abrir las puertas para que se informe con claridad cómo y porqué se toman las decisiones públicas”, expresó.

“En Ahome nos hemos conducido en este tenor y gracias a ello hemos obtenido premios nacionales y estatales en materia de transparencia y rendición de cuentas, con pleno respeto a la ASE y a las instituciones de fiscalización, por lo que quiero expresar que en el gobierno de Ahome siempre se conducen con apego a la legalidad y transparencia del interés público”.

Y presumió que desde el 2022 hasta el 2025, Ahome se ha posicionado como uno de los municipios más seguros en las encuestas del INEGI. El alcalde no aclaró que el trabajo previo de percepción comenzó con el alcalde, Álvaro Ruelas Echave y no en administraciones recientes.

“Confío en que los resultados de esta revisión, aclarará cómo se actúa conforme a la Ley con responsabilidad y con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las y los ahomenses. En Ahome respetamos profundamente a las instituciones y confiamos en que la transparencia y compromiso con la ciudadanía, guiarán siempre mi actuar en el servicio público”, concluyó.

Tras su posicionamiento, el alcalde dio por concluido el tema.

Antes, otro funcionario que había negado la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Dalvingh Iturrios Corrales, se vio forzado a precisar su negativa, y aseguró en un comunicado que en la denuncia “no existe ningún señalamiento formal en contra de servidores públicos municipales, incluyendo al alcalde Gerardo Octavio Vargas Landeros.

“La vía administrativa es una situación jurídica muy diversa a la penal”, explicó Iturrios Corrales, quien señaló que la ASE únicamente interpretó una auditoría realizada en 2021 y remitió información a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sin que ello implique la existencia de responsabilidades firmes o actos legales en curso.

El funcionario subrayó que la ASE no tiene competencia para declarar culpabilidades administrativas, y que a la fecha no hay indicios ni procedimientos abiertos que involucren a funcionarios del Ayuntamiento de Ahome. “No hay ningún señalamiento de algún servidor público o alguien que haya trabajado en el Ayuntamiento de Ahome y que sea responsable de algún hecho que sea contrario a la ley”, aseguró.

El funcionario insistió en que no existe acción jurídica firme contra funcionarios del municipio. “Mucho menos hay alguna responsabilidad que recaiga sobre nuestro presidente municipal”, concluyó.

En Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya, se reservó comentarios en torno a la investigación en contra de la administración de Vargas Landeros.

Y su argumento fue “para no contaminar el proceso”.

“No voy a hablar del otro tema, eso le corresponde a la Auditoría y a la Fiscalía, no está en mi campo, yo no soy instancia para hablar de ese tema”, indicó.

Señaló que es un asunto que compete solo a la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General del Estado.

“No quiero contaminar el proceso de investigación, porque a mí no me toca”, concluyó.

Artículo publicado el 20 de abril de 2025 en la edición 1160 del semanario Ríodoce.