En los tres años del gobierno de Rubén Rocha Moya la impunidad del delito de asesinato ha sido de más del 93 por ciento. En 2022 quedaron impunes 452 homicidios; en 2023, 505 y, en 2024, quedaron, sin castigo, 925.

En los tres años del gobierno del Dr. Rubén Rocha la impunidad para el delito de desapariciones ha sido del 100 por ciento. Tres mil 244 víctimas, ningún sentenciado según los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado.

La fiscalía estatal no es eficiente para investigar y perseguir el delito y el poder judicial estatal no imparte justicia.

Debido a que es posible violentar impunemente, el delito de desaparición creció 77 por ciento en 2024 con respecto a 2021 cuando aún no gobernaba Morena en el estado.

El delito de asesinato creció 64 por ciento en 2024 con respecto a 2021.

Vivimos los peores tiempos, nunca antes hubo tantos delitos contra la vida de los sinaloenses en el periodo de septiembre a diciembre.

La impunidad del delito por robo a comercio en 2024 fue de 96 por ciento y por robo a vehículo, de 99. Ambos aumentaron respecto al 2021, cuando aún no gobernaba el Rocha Moya.

El daño de la impunidad a la economía dificulta el funcionamiento de los negocios porque los consumidores no salen, no vienen los de fuera e, incluso, se van los de aquí; aumentan las pérdidas por robo a las empresas; baja el poder adquisitivo del mercado interno y, muy difícilmente llegan nuevas inversiones. Además, la impunidad es ideal para la corrupción en trámites gubernamentales.

Lo paradójico es que el gobierno del estado no se propone ni hace nada por mejorar la capacidad de las fiscalías para investigar y perseguir el delito.

Este mes el gobernador y el congreso morenista cambiaron la constitución para, dijeron, “mejorar el acceso a la justicia”, pero dejaron intacta a la fiscalía.

En diciembre decidieron un presupuesto para investigación y persecución del delito que vuelve a poner a Sinaloa entre los estados que menos invierten en ello.

La fiscalía estatal es señalada por la FGR no solo por no combatir efectivamente el delito sino por tratar de encubrir a los delincuentes con montajes falsos.

Considerando la carga de trabajo y los presupuestos para atenderlo, la fiscalía de Sinaloa tiene el 10 por ciento de los recursos de que dispone la fiscalía de Coahuila. No es sorprendente, en consecuencia, que la tasa anual de asesinatos por cada 100 mil habitantes de aquí fue de 32.28 mientras que la de allá fue de 3.90.

No se proponen ni reformar la fiscalía ni fortalecerla, quieren que sigan igual.

“El poder judicial no imparte justicia al pueblo”, es un diagnóstico del ex presidente López Obrador. En el caso de Sinaloa, ese poder judicial se extendió a ocupar los puestos del gobierno estatal morenista, se convirtió en poder político. Morena es ese poder judicial estatal ineficiente que denunciaba AMLO.

Lo que sí hizo el gobierno estatal fue aumentar su control sobre el poder judicial.

La función del poder judicial no es representar políticamente sino administrar la justicia, por lo que debe estar integrado no por personas populares sino por personas con conocimientos jurídicos.

El cambio constitucional que hizo Morena no fortalece la independencia y la autonomía del poder judicial, lo termina de subordinar a quienes tienen poder económico o político para ganar una elección.

El pueblo no va a elegir de entre los que quieran participar en un proceso abierto. Habrá comités que harán una criba antes de que se presente la lista a los electores. De tal forma que solo podrán participar las personas que propongan el gobierno morenista o los diputados morenistas o la cúpula judicial morenista.

Los votos no los van a contar los ciudadanos sino los funcionarios electorales morenistas.

Sin pluralidad de participación y sin certeza de conteo no será un proceso democrático. Previsiblemente, servirá para expulsar a los pocos funcionarios judiciales que no son de Morena.

Coincido con quienes advierten que cuando los funcionarios roben, van a tener de su lado al juez que ayudaron a ganar la elección.

Cuando el poder económico abuse de alguien, va a tener de su parte al juez al que ayudó a ganar la elección.

Cuando un criminal asesine a una persona, va a tener de su lado al juez al que ayudó a ganar la elección.

Destruyeron la poca paz que encontraron. Ahora van a destruir la poca justicia qué hay.

Necesitamos una fiscalía con una cantidad adecuada de policías de investigación y agentes de ministerio público; no cooptados por el crimen organizado; capacitados y equipados al más alto nivel; con salarios que les permitan muy buena calidad de vida; con apoyo de servicios de peritaje y, con autonomía respecto a cualquier otro poder para que antepongan la captura de delincuentes por sobre cualquier otra consideración.

Necesitamos un poder judicial integrado por personas con conocimiento, no por ganadores de elecciones amañadas por el poder político y el crimen organizado.

Necesitamos una mejora regulatoria y legislativa que facilite la operación de las empresas, combata la corrupción y conforme relaciones equitativas y confiables entre los agentes económicos.

Necesitamos justicia.

Para no seguir siendo víctimas de delitos.