El gobernador recibió el estado en la posición 16 del Índice de Paz, prometió mejorarlo al 12, va en el 19 según los datos de 2023, sin considerar los efectos de la crisis actual que, se puede estimar, lo llevarían al lugar 31.

No es fortuito que sucedan tantos delitos y que la paz pública no exista. Es consecuencia de destinar los presupuestos más bajos del país cuando los sinaloenses vivimos uno de los problemas más grandes del mundo.

En seis meses del actual culiacanazo han sucedido más de 3 mil robos de autos, más de mil 200 secuestros, cerca de mil asesinatos y centenas de balaceras en todos los lugares y en todos los horarios.

Hemos visto que la fiscalía es una institución débil para investigar y castigar el delito. También las policías estatales y municipales lo son para prevenirlo y para garantizar la seguridad ciudadana. Se invierte poco y mal en ello. Se finge, se disimula.

Los estados donde, en 2023, sucedieron tasas por habitante menores en homicidios, delitos con violencia, delitos con armas de fuego, crímenes de la delincuencia organizada y hay menos miedo a la violencia fueron Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Durango y Coahuila.

Es información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Información oficial.

En ese año, en Yucatán a cada policía preventivo le correspondió proteger a 909 ciudadanos, en Tlaxcala, a mil 111. En Sinaloa a 3 mil 333. Fuimos penúltimo lugar por número de policías estatales por habitante.

La institución de seguridad pública estatal de Yucatán ejerció 3 mil 134 millones de pesos y la de Chiapas, 4 mil 144 millones. La de Sinaloa, 936 millones. Últimos lugares por presupuesto.

La fortaleza institucional dio capacidad a las policías estatales de Durango de poner a disposición de la autoridad de justicia cívica o del ministerio público a 4 mil 611 personas que estaban cometiendo desde infracciones a reglamentos hasta a delitos graves; en Coahuila, a 10 mil 483; en Chiapas, a 9 mil 731 y, en Yucatán, a 18 mil 889. En Sinaloa, a 536.

Último lugar. Aquí se puede todo impunemente. Desde orinar en la calle hasta asesinar.

“En 2023, Sinaloa experimentó el segundo mayor deterioro de la paz en México. La calificación general del estado cayó un 10.9 por ciento, perdiendo cinco lugares. El estado experimentó deterioros en los cinco indicadores. El indicador de crímenes de la delincuencia organizada experimentó el mayor deterioro entre los indicadores en Sinaloa, con un aumento de la tasa general de un 27.4 por ciento.” Reportó el Índice de Paz.

No hay misterio. Las instituciones que previenen el delito y garantizan la seguridad de los ciudadanos se debilitan si se les limitan los recursos.

Para este año, el gobierno y el congreso morenistas aplican la misma fórmula que posibilita que el crimen organizado sea más fuerte que las policías.

La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán está dedicando 3 mil millones de pesos para prevenir el delito y garantizar la paz ciudadana de 2 millones 300 mil yucatecos, esto es, 1 mil 304 pesos por persona. Su similar de Chiapas, 4 mil millones de pesos para, 5 millones y medio de chiapanecos, esto es, 727 pesos por persona. La instancia de Durango, mil 214 millones de pesos para, un millón 800 mil duranguenses, esto es, 674 pesos por persona. La dependencia de Coahuila, 2 mil 333 millones de pesos para, 3 millones 100 mil coahuilenses, esto es, 752 pesos por persona. La secretaría de Tlaxcala, mil 162 millones de pesos para, un millón 342 mil tlaxcaltecas, esto es, 894 pesos por persona.

En Sinaloa, se están aplicando solo 962 millones para garantizar la seguridad pública de tres millones de sinaloenses, esto es, 320 pesos por persona.

No se invierte ni la mitad de lo que invierten los estados más exitosos. Ni la cuarta parte de lo que se hace en Yucatán.

Los resultados son obvios.

En enero pasado la tasa de robo de vehículo por cada 100 mil habitantes en todo México fue de 8.63. En Tlaxcala fue de 7.63; en Durango, 3.65; en Chiapas, 1.50; en Yucatán, 0.67; en Coahuila, 0.58. En Sinaloa, 18.45.

No hay modo de que tengamos paz. Tenemos un problema mucho más grande que los demás e invertimos mucho menos que los demás.

El factor fundamental para que en las calles y los hogares no sucedan delitos es la presencia de una fuerza policiaca suficiente, equipada, distribuida inteligentemente, bien pagada, capacitada y no cooptada por el crimen organizado.

La obligación de los ciudadanos es acatar la ley y pagar impuestos.

Para evitar que las personas que deciden cometer delitos concreten su agresión a los demás se le concede a los gobiernos el monopolio del uso de la fuerza.

Vivimos en un estado donde los gobiernos fingen que trabajan por nuestra seguridad.

Las bellas palabras que dicen no se reflejan ni en los hechos ni en el presupuesto. Nos dejan a lo que el crimen organizado disponga.

Son parte del problema, no de la solución.

La sociedad ha fallado cuando no exige al gobierno cumplir su obligación.

Artículo publicado el 9 de marzo de 2025 en la edición 1154 del semanario Ríodoce.