La actual Legislatura concluyó su primer periodo ordinario de sesiones en medio de tensiones sociales por la crisis de violencia que padece la entidad en los últimos meses, especialmente en Culiacán.

Mientras la anterior legislatura asumió una actitud evasiva ante una ciudad que padecía zozobra por la violencia y se concentró en su parte final a sacar adelante la reforma a la Ley Orgánica de la UAS, a la nueva legislatura le llegó la inseguridad hasta sus propias instalaciones, ya sea por la ejecución de un agente policial afuera del edificio, la colocación de un ataúd traído por manifestantes o el grito de “¡fuera Rocha”! que retumbó en el salón de sesiones.

La productividad parlamentaria traducida en número de leyes aprobadas o reformadas, pasó a un segundo plano, ante las reuniones que se realizaron entre legisladores y empresarios dentro o fuera de la sede del Congreso del Estado, en demanda de gestionar estrategias y apoyos para evitar que los negocios continuaran cerrando ante la crisis de inseguridad.

Ante el Congreso del Estado, el gobernador Rubén Rocha Moya presentó un plan que denominó de reactivación económica, una propuesta muy distante a la demandada por los empresarios, que en realidad era una solicitud de préstamo de 2 mil 300 millones de pesos para realizar 36 obras públicas.

Martha Reyes, dirigente de Coparmex, planteó entonces que no se oponían a la construcción de un nuevo puente, pero que en realidad las necesidades en este momento de coyuntura por la crisis de inseguridad era recibir apoyos como las prórrogas en el pago de impuestos para que las empresas puedan sobrevivir.

El primer periodo ordinario de sesiones arrancó con la toma de decisiones más importante de la Legislatura, como la conformación de los dos órganos más importantes: Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política. Si bien la Ley Orgánica del Congreso no permiten que el mismo partido presida la Mesa Directiva y la Jucopo, en los hechos sí fue posible para Morena, gracias a las argucias políticas.

María Teresa Guerra Ochoa, como coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, preside la Jucopo; y Yeraldine Bonilla Valverde es presidenta de la Mesa Directiva, ésta por haber sido postulada por el PVEM, aunque en realidad es militante de Morena.

En las votaciones del Pleno y posicionamientos ha operado un bloque muy definido: Morena, PVEM y PT. En el bloque opositor se han ubicado las fuerzas minoritarias: PRI, MC y PAN. Separado, sin ser la fuerza opositora de la anterior legislatura se ha colocado el PAS.

Las posiciones de las fuerzas políticas fueron muy marcadas durante la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, en donde Morena, PVEM y PT expresaron topo tipo de reconocimientos y elogios a los que consideraron los logros de la administración. El PRI asumió un papel más cuestionador, el PAN hizo escasas críticas, MC estuvo prácticamente ausente y el PAS asumió un papel prácticamente testimonial.

A diferencia de otras legislaturas, las discusiones que eran complicadas y requerían la prolongación del debate parlamentario, transcurrieron sin contratiempo para su aprobación, como fue la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2025, lo mismo que las cuentas públicas del gobierno estatal, los municipios, paramunicipales y organismos autónomos.

La actual Legislatura no requirió de grandes cabildeos para sacar adelante cualquier decisión de reforma, puesto que Morena tiene 24 integrantes, PVEM seis y PT uno, con lo que conforman no solo mayoría, sino también calificada para sacar adelante incluso reformas constitucionales.

Entre las novedades de la actual legislatura en su operación destaca la creación de la Unidad de Género y la oficina de Atención Ciudadana y Asesoría Parlamentaria, mediante la cual se busca brindar apoyo técnico a quienes estén interesados en presentar una iniciativa de ley.

A la fecha ningún diputado ha desertado de su grupo parlamentario, como fueron los múltiples casos de la anterior Legislatura. Solamente existe una licencia, la de Almendra Ernestina Negrete, diputada de Morena, quien buscó atender un cargo partidista en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Aunque el discurso ha sido la operación con austeridad, no se ha anunciado en esta Legislatura, reducciones en los ingresos y prestaciones de los diputados, además de su dieta, reciben 20 mil pesos para gastos de gestión, 30 mil adicionales sin son integrantes de la Jucopo y 16 mil extras para transporte y viáticos si residen a más de 50 kilómetros de la ciudad de Culiacán.

A diferencia de las dos últimas Legislaturas, en esta ocasión la líder del Grupo de Morena sí aceptó el ingreso de 20 mil de apoyo de gestión, en contraste de la decisión de no aceptarlo de Feliciano Castro Meléndrez y Graciela Domínguez Nava.

En la anterior legislatura, Serapio Vargas, de Morena, justificó recibir 16 mil pesos por tener una credencial de elector de la población de El Corazón, aunque su residencia real es de Culiacán. En esta Legislatura ya no recibió esa aportación.

En la actual Legislatura, la diputada del PAN, Roxana Rubio Valdez, aunque tiene su residencia en Culiacán, recibe16 mil pesos adicionales como si viviera a más de 50 kilómetros de la ciudad.

El primer periodo de sesiones del primer año de la actual Legislatura concluyó con el nombramiento de Óscar Loza Ochoa, como nuevo presidente de la CEDH, en un procedimiento fast track que adelantaron antes que llegara febrero, como inicialmente se había previsto.

Artículo publicado el 02 de febrero de 2025 en la edición 1149 del semanario Ríodoce.