Oculta su insensibilidad detrás de los programas sociales del gobierno federal, tapa su falta de trabajo con las acciones y resultados de la Federación.

Presume que la medición de CONEVAL entre 2020 y 2022 señala que bajó la pobreza por ingresos.

No precisa que los mismos organismos oficiales como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y el CONEVAL informan que esa reducción se debe, en 80 por ciento, al aumento del salario mínimo y, en el porcentaje restante, por los programas de adultos mayores, donde el estado no participa.

No dice que esa misma medición de CONEVAL también señala que aumentaron en 123 mil los sinaloenses con carencias sociales. Que con su gobierno llegó a un millón 097 mil los que padecen problemas en sus condiciones básicas de vida.

No dice que aumentaron en 13 mil los sinaloenses pobres con rezago educativo. Que con su gobierno llegó a 525 mil los que padecen ese problema.

No dice que aumentaron en 8 mil los sinaloenses pobres con carencias de calidad y espacios de vivienda. Que con su gobierno llegó a 220 mil los que carecen de casa digna.

No dice que aumentaron en 225 mil los sinaloenses pobres sin acceso a los servicios de salud. Que con su gobierno llegó a 820 mil los que padecen ese problema.

No dice que aumentaron en 17 mil los sinaloenses pobres sin acceso a seguridad social. Que con su gobierno llegó a 1 millón 208 mil los que trabajan sin prestaciones.

Lo que le tocaba hacer al gobierno del estado, no lo ha hecho.

Por ejemplo, CONEVAL indicó que en 2022 había 278 mil sinaloenses sin la primaria completa y el ISEA reporta en el tercer informe que solo atendió a 3 mil 400, a ese ritmo transcurrirán 81 años en superarse ese problema.

Ciento cincuenta y seis mil sinaloenses viven hacinados, según el informe del CONEVAL. Nueve mil más que antes que empezara la actual administración.

En tres años ninguno de ellos ha tenido apoyo, el gobierno estatal no ha construido una sola casa nueva.

No han construido ni siquiera las casas de los sinaloenses desplazados por la violencia, a pesar de que el gobierno anterior les dejó comprados los terrenos.

Treinta y dos mil viviendas de familias pobres necesitan una estufa ecológica que evite que respiren humo al cocinar dice CONEVAL y el tercer informe de gobierno reporta que ha apoyado, en dos años, a solo 390 de ellas. A ese ritmo, en 164 años se superará el problema.

El estudio del CONEVAL halló 34 mil personas con casas de muros de cartón o plástico, esto es, 16 mil más que en la medición pasada, en 2020, cuando gobernaba otra administración. El tercer informe de gobierno indica que en tres años no han ayudado a ninguna de estas familias, a nadie, ni un solo muro firme.

En 2022, CONEVAL encuentra que hay 59 mil sinaloenses que vivían con piso de tierra, 7 mil más que en 2020.El tercer informe de gobierno apunta que en tres años el gobierno ha apoyado a solo 280 de ellos, a ese ritmo de trabajo, dentro de 632 años se superaría el problema.

El gobierno del estado no ha ayudado a los pobres, no ha creado los programas especiales para los problemas específicos de la pobreza de Sinaloa.

En el Plan Estatal de Desarrollo se comprometió a “Promover con las asociaciones agrícolas un programa de construcción y mejoramiento de alojamientos temporales con servicios básicos”. En los tres informes de gobierno se da cuenta de que no ha construido un solo alojamiento temporal.

En su comparecencia, le expusieron al gobernador una de las propuestas que ha hecho la sociedad civil: que a las familias afectadas por la actual crisis de inseguridad; que han perdido sus ingresos como los músicos, los meseros, los empleados de hoteles; se les eximiera del pago de electricidad y agua para que no perdieran ese servicio.

No quiso.

Le recordaron que hay un antecedente donde se hizo. En 2021 el gobierno de Tabasco firmó un convenio con CFE para perdonarles 11 mil millones de deuda a quienes desde 1995 no pagaron sumándose al movimiento de protesta electoral que convocó López Obrador.

Aquí solo serían 30 millones.

No quiso, ni siquiera ayudar a gestionar.

Los ciudadanos que organizaron el evento de “Jalemos con la Banda” beneficiaron con despensas a mil 500 familias, de ellas 800 son músicos.

El gobierno del estado no ha ayudado a ninguno de ellos.

Los ciudadanos organizaron ese evento porque son conscientes que hay un problema de pérdidas de ingresos en las familias de Sinaloa.

Los músicos han perdido ingresos no porque toquen mal o no se esfuercen, han perdido ingresos porque el gobierno no ha cumplido su obligación de garantizar la seguridad pública.

El responsable de la pérdida de ingresos, es el gobierno.

El gobierno del estado es responsable legal y éticamente de apoyar a los pobres afectados por la falta de seguridad.

El gobierno del estado no ayuda a los pobres de Sinaloa.