Piden clausura y multas inmediatas a empresa petroquímica
Activistas defensores de la bahía de Topolobampo, del sitio Ramsar y opositores a la instalación de industria pesada en una zona con protección ambiental detectaron que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) no tiene permisos de uso de suelo ni de construcción para realizar obra en el polígono y que el ayuntamiento de Ahome ha sido omiso durante más de un año para detener las obras.
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Detectada la anomalía y supuesta complicidad, este 20 de noviembre los activistas demandaron sanciones a los empresarios. Exigieron que se paren las obras, ya que son ilegales, y se multe a los infractores de los diversos ordenamientos de construcción, como se hace con los particulares que son sorprendidos sin permisos de construcción ni de uso de suelo.
De incumplir con su obligación administrativa, los funcionarios podrían ser recurridos ante tribunales para ser pasados por la justicia ante la abierta complicidad con la ilegalidad y sospecha de corrupción, casos ambos comunes en la administración de Gerardo Octavio Vargas Landeros, aunque presuman de honestidad, consideró José Luis Luna, miembro de la sección Mochis de Sinaloa Despierta.
Dijo que consultaron la base de datos de la comuna y en la documentación entregada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, organismo que Morena aniquiló como fomento de la opacidad gubernamental, corrupción, simulación y fomento de la omisión de las normas legales en contra del “pueblo bueno y sabio”, y se encontró que las dos licencias de uso de suelo tienen un año vencidas y que los cinco permisos de construcción han vencido la vigencia, por lo que toda obra actual es ilegal y merece una inmediata detención y multa.
Con documentos en mano, Luna comprobó que el oficio 73/2023-US fechado el 4 de agosto del 2023 como uso de suelo para industria pesada (relleno de llenaderas de tanques), está vencida al igual que la renovación de uso de suelo para la planta de amoniaco y urea dada el 13 de julio del 2023 con el oficio 1272023-RLUS, mientras que los permisos 019, 020, 021, 022 y 023 dados el 27 de septiembre del 2023 como prórroga de licencia de construcción para la planta de amoniaco, edificios de no proceso, planta de entradas de agua de mar y proceso planta de amoniaco, áreas de llenaderas de autotanques, planta de amoniaco y etapa de urbanización planta de amoniaco, vencieron el 27 de septiembre del 2024, y hasta este viernes continuaban en operación.
Detectadas las anomalías, el 20 de noviembre del 2024, el colectivo interpuso a las 11:30 horas el escrito demandando la cancelación de todas las obras en el polígono de GPO por ilegales, exigiendo comprobación de lo actuado al momento para después proceder conforme a los intereses del colectivo.
Luna dijo que cada vez que se indaga en los procesos administrativos del Ayuntamiento de Ahome y la empresa surgen irregularidades, omisiones y tergiversaciones graves de la normativa, lo que evidencia la complicidad del gobierno con los empresarios, y deja claro que el alcalde, Gerardo Octavio Vargas Landeros, es proclive a la corrupción, omisión, engaño y desvergüenza con fines netamente económicos.
“Está empecinado en desarrollar una industria peligrosa y altamente contaminante afectando la salud de miles de ahomenses e implementando una política de segregación de indígenas opositores a sus intenciones perversas. Él quiere llenarse sus bolsas de dinero e hinchar las de su familia con ganancias mal habidas a costillas de la vida de inocentes”.
Para Luna Bojórquez, la lucha opositora de Sinaloa Despierta a una industria indebida será permanente y hasta sus últimas consecuencias, tal y como lo pregona también el colectivo Aquí ¡No!, que por su parte ha frenado los avances del capital extranjero durante 10 años.
Uno de los logros más notables es la llegada a Ahome de tres investigadores de la ONU que atestiguaron lo que los gobiernos locales son capaces de borrar de la faz de la tierra cuando sus intereses económicos están sobre la vida humana.
Armando Pinzón, del colectivo Aquí ¡No!, ha denunciado que todo el trámite para asentar a GPO en la bahía de Topolobampo han sido corruptos y contando con la anuencia de presidentes de la República, como Andrés Manuel López Obrador que simuló una consulta; el de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, y de los alcaldes morenistas, Manuel Guillermo Chapman Moreno y Gerardo Octavio Vargas Landeros, dos tipos de muy bajos niveles morales.
Artículo publicado el 1 de diciembre de 2024 en la edición 1140 del semanario Ríodoce.
