El relleno sanitario del puerto fue suspendido por Profepa, al no cumplir con la normatividad

El 25 de junio pasado, el mismo día en el que Estrella Palacios pidió licencia como alcaldesa de Mazatlán para buscar la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, el Ayuntamiento fue notificado de que había obtenido un amparo contra cualquier acto legal derivado de los incumplimientos ambientales del basurón municipal.

Seis días después, el 1 de julio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) colocó las lonas de clausura en la entrada del sitio.

El cierre llega 18 meses después de que Palacios, a pocos días de haber tomado protesta, ofreció como agenda prioritaria la construcción de un nuevo relleno sanitario.

“Es clarísima la necesidad del relleno sanitario y además lo marca la ley, ya le pedí a nuestra directora de Ecología, que está estudiando, para hacer un proyecto ejecutivo al respecto”, dijo entonces.

Un año después, en junio de 2025, la promesa seguía sin concretarse.

Palacios explicó que el proyecto se encontraba “en plan de estudio, toda vez que se trata de uno diferente a los que plantearon sus antecesores”, y habló de estudios técnicos en curso a nivel municipal, estatal y federal, sin ofrecer una alternativa definida.

“Seguimos viendo cuidadosamente”, declaró respecto la decisión que tomaría su administración.

Fue durante ese periodo de indefinición cuando se consumó el expediente que terminó en la clausura.

De acuerdo con el comunicado que Profepa emitió el viernes 3 de julio, en una visita de verificación realizada el 6 de agosto de 2025, personal de la Procuraduría constató que la celda D del basurón seguía operando y recibiendo residuos sin geomembranas ni sistemas de impermeabilización que evitaran la infiltración de lixiviados al subsuelo, y que el municipio no había entregado la caracterización de esos lixiviados correspondiente a los últimos cinco años.

Por esas irregularidades, el 2 de diciembre de 2025, Profepa emitió la resolución que derivó en una multa de 10 millones 444 mil 60 pesos y ordenó la clausura total definitiva del sitio.

Horas después de que Profepa confirmó a través de un comunicado oficial la multa, el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, sostuvo que la sanción no puede hacerse efectiva mientras esté vigente el amparo que el municipio obtuvo contra el procedimiento de clausura.

“El amparo es contra toda acción, incluyendo la multa que ellos dicen, se está amparado pues, contra toda acción”, dijo a través de un mensaje de WhatsApp a Ríodoce.

“En otras palabras, no existe multa, en tanto no se resuelva la acción por la cual se está amparando”, aseveró.

El secretario afirmó que el Ayuntamiento no ha recibido notificación formal de la sanción y que se enteró del monto por el comunicado difundido ese mismo viernes por la Profepa.

“Es que yo no la tengo ni por escrito ni nada”, dijo. “Sí, no, ni lo había tenido porque no tenemos notificación.” El funcionario incluso puso en duda la naturaleza de la sanción.

“No, la multa dice, es que no sé ni en qué sentido va, si es una multa o si es una obligatoriedad de invertir tanto en esto, porque es como lo pone Profepa. Profepa dice, inviértele 10 millones en este trabajo que le hace falta, entonces yo no lo veo como multa, lo veo como que… es la inversión que tienes que hacer en eso, pero es bajo sus observaciones”, explicó.

De acuerdo con el comunicado de Profepa, la sanción deriva de un procedimiento administrativo abierto tras una visita de inspección realizada los días 2 y 3 de junio de 2022, que detectó incumplimientos a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 y la falta de estudios sobre la peligrosidad de los lixiviados generados en el sitio.

El 26 de octubre de ese año la dependencia notificó formalmente el inicio del procedimiento y exigió al Ayuntamiento un plan de regularización, mismo que el municipio presentó con un cronograma de clausura para el periodo de agosto de 2023 a julio de 2024.

La pérdida del recurso estatal

Mientras ese expediente avanzaba, el gobierno del estado retiró los 100 millones de pesos que tenía presupuestados para la construcción del relleno sanitario en Mazatlán y los destinó a otro municipio.

El 29 de octubre, el gobernador (hoy con licencia) Rubén Rocha declaró a los medios que “Mazatlán no tiene proyecto ni MIA (Manifiesto de Impacto Ambiental), el recurso se le dará a otro municipio que sí lo tenga”.

En entrevista enumeró los motivos por los que retiró los 100 millones de pesos.

“Primero: porque no hay terreno, no hay un proyecto adecuado; segundo: se iban a tardar todos los permisos, las MIA’s y demás, entonces, no nos daba tiempo para hacerlo, por eso es que invertimos en otra cosa, invertimos en el cárcamo, estamos trabajando en el puente, esa la razón”.

El amparo

El Ayuntamiento promovió un juicio de nulidad contra la resolución de Profepa el 29 de enero de 2026, pero el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la legalidad de la sanción; la sentencia le fue notificada a la Procuraduría el 2 de junio de 2026.

El secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, informó que se analizan más de 17 terrenos y que apenas ese mismo día (el viernes) recibió tres propuestas adicionales, un proceso que, dijo, toma entre uno y año y medio en concretarse desde que se cuenta con un predio.

“Urge que lo cierres, es decir, ya ten la alternativa, ¿cuál? la que sea, pero porque tenemos que empezar a partir de una notificación”, relató sobre las presiones que recibe de Profepa y del juzgado.

Artículo publicado el 05 de julio de 2026 en la edición 1223 del semanario Ríodoce.