No hay evidencia de que la agencia antidrogas esté opinando sobre la reforma al Poder Judicial en México, pero el presidente revira
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La reforma judicial que propone el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que jueces, ministros y magistrados sean electos mediante voto popular, podría ser una bomba de tiempo, pues abriría la puerta para que miembros del crimen organizado postulen a elementos de su conveniencia, como ocurre hoy en día con otros cargos de elección popular.
Miguel Ángel Murillo Sánchez, abogado del Frente Cívico Sinaloense, consideró la propuesta como un “retroceso”, si esta es aprobada, porque se regresaría a los tiempos de antes, cuando imperaba el nepotismo y la imposición, pero que desde hace años se ha venido afinando para elegir de manera adecuada a integrantes del poder judicial.
“Cómo es posible que se deje a votación de quienes no tiene la menor idea de lo que es la impartición de justicia, es como pedirle opinión a un mecánico sobre un proyecto arquitectónico”, opinó Murillo Sánchez, quien es abogado de profesión.
Javier Llausás Magaña, coordinador del proyecto Construyendo Espacios para la Paz, coincidió con Murillo Sánchez al señalar que los ciudadanos no están preparados para estudiar y analizar los currículos y trayectorias de una profesión tan importante como es la impartición de justicia, sino que son puestos que deben ser seleccionados por personas que tengan una carrera afín.
“No creo que sea la solución para la impartición de justicia que buscan los mexicanos, sino que debería ser una profesión de carrera, e iniciar desde que son agentes y pasan por Ministerios Públicos, pues de ese modo tendrían la capacidad de poner en orden las denuncias de un ciudadano, que es el inicio, cuando se abre una carpeta pues es la evidencia que llega a un juez para impartir la justicia”, señaló Llausás Magaña, quien también es miembro del Consejo de Seguridad Pública del municipio de Culiacán.
La controversia sobre llevar a voto popular la designación de jueces y magistrados alcanzó su punto más alto la semana pasada, cuando un columnista del periódico El Universal, publicó información sobre un supuesto memorando interno que circulaba en la DEA, en el que se alertaba de que la elección de jueces y ministros por voto popular, abriría la puerta para que los cárteles mexicanos influyan en la designación de integrantes del poder judicial.
Esa información hizo que el presidente López Obrador se enganchara y, en la conferencia mañanera del miércoles pasado, pidiera a la DEA que fuera “más prudente y respetuosa” de los asuntos y decisiones que se hacen en México.
“Lo decimos en buen plan, como cuates. Pues, con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos?”, dijo el mandatario, con su habitual parsimonia.
La oficina de la DEA en Washington dijo desconocer sobre ese documento, y según observó Mike Vigil, ese tipo de información no circula de esa manera, pues se trata de datos sumamente sensibles, que al final equivaldría a que la misma agencia se dispare en su propio pie, pues es como se dañan las relaciones bilaterales entre los países.
“Yo dudo que exista ese documento, pues cuando un periodista serio publica algo que va a causar mucho revuelo, presenta evidencia, y aquí no lo hay; ya vimos este año cómo dos agentes pasaron la misma información a unos reporteros sobre un acto de corrupción del presidente López Obrador, pero no dieron ningún tipo de evidencia, y ahora ocurre lo mismo; creo que es grave”, observó el ex agente de la DEA.
La propuesta de reforma fue hecha desde el pasado febrero por el actual mandatario mexicano y ha causado incertidumbre entre inversionistas extranjeros.
DATOS SOBRE LA PROPUESTA PRESIDENCIAL
¿Cómo sería el proceso de selección?
La propuesta sugiera que el Senado de la República emita las convocatorias, y el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, postulen de manera paritaria hasta a diez personas aspirantes para ministros de la SCJN.
¿Cada cuánto tiempo tendría que renovarse el Poder Judicial?
Si la reforma es aprobada, en 2025 la ciudadanía votaría para elegir jueces y magistrados, que estarían en su cargo hasta 2030. Entonces se tendrían elecciones de nuevo para reelegirse a un segundo periodo por cuatro años más.
¿Cuántos cargos de jueces, magistrados, ministros y consejeros de la Judicatura Federal estarían en juego?
Hay 910 personas magistradas y 737 jueces actualmente en México, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2023 del INEGI.
Cuando haya litigios, ¿serían interrumpidos temporalmente durante las campañas para jueces y magistrados en el país?
La iniciativa no ofrece información sobre cómo serían las campañas, sino que se relega para la ley secundaria, de la que no hay propuesta aún.
¿Hay alguna esperanza de que la reforma no pase?
La presidenta electa puede administrar la agenda legislativa y ganar tiempo antes de que se aprueben cambios constitucionales que vulneren el balance de poder actual, incluso ha negociado con López Obrador para que exista un diálogo social con el gremio de abogados y con el poder judicial.
Con información de Animal Político.
Artículo publicado el 23 de junio de 2024 en la edición 1117 del semanario Ríodoce.
