Familiares exigen condena a Policía Federal, 15 años después

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Dos agentes asesinaron a un joven en 2009; uno fue condenado a 30 años de prisión desde 2010

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Familiares de José Manuel Flores Sánchez, asesinado por agentes de la extinta Policía Federal, siguen esperando que se haga justicia tras 15 años.

El ingeniero agrónomo de 25 años fue asesinado a golpes por dos policías en la sindicatura de Costa Rica el 21 de enero de 2009, aunque los agentes intentaron hacerlo pasar por un accidente automovilístico.

Uno de los policías involucrados ya fue sentenciado a 30 años de prisión y el otro está detenido, pero el caso no ha avanzado.

Al primer policía que fue detenido en agosto de 2009 lo sentenciaron en septiembre de 2010; y el otro está detenido desde 2022 sin condena.

La familia de José Manuel comenta que desde que empezó la investigación, ellos han estado al pendiente y presionando para que se hagan las diligencias.

Consideran que ya pasó mucho tiempo sin condena, ya que está el antecedente del primer policía sentenciado, en cuyo juicio se presentaron pruebas y testimonios en los que el juez se basó para considerar que José Manuel fue asesinado por los dos agentes.

El joven fue golpeado por los policías tras volcarse en la camioneta que conducía, cuando era perseguido por sus agresores.

Desde el día del homicidio, los policías intentaron hacer ver que la muerte ocurrió por golpes que José Manuel recibió cuando su camioneta se volteó, pero los peritajes revelaron que estos fueron producidos con un objeto contundente y no correspondían a los de un accidente.

En el lugar de la volcadura los peritos que hicieron la criminalística de campo no localizaron armas o sustancias ilícitas.

De acuerdo con los documentos judiciales, la noche del 21 de enero de 2009, José Manuel y otra persona que iba de raite, circulaban en una camioneta Ford propiedad de la empresa de insumos agrícolas en la que trabajaba la víctima.

Los agentes de la Policía Federal le marcaron el alto a la altura de la escuela de Agricultura, pero el conductor aceleró la marcha y se inició una persecución.

José Manuel se metió en un camino de terracería que conduce al poblado Pueblo Nuevo y cayó a un dren al igual que la patrulla.

Uno de los policías declaró al ministerio público que después de caer al canal se dieron cuenta que una persona salió de la camioneta, lo detuvieron y lo pusieron en la orilla del camino y luego empezaron a perseguir a otras dos personas, pero no las alcanzaron porque se perdieron entre la maleza “y cuando regresamos a donde habíamos dejado a la otra persona nos dimos cuenta que ya había muerto”.

La persona que acompañaba a José Manuel declaró que solo iban ellos dos en la camioneta y únicamente llevaban cerveza y no algún objeto o sustancia ilegal.

Comentó que durante la persecución los agentes dispararon y con la patrulla chocaron la camioneta por la parte de atrás y fue cuando cayeron al dren junto con la patrulla.

Detalló que ambos salieron por su propio pie de la camioneta y cuando subían hacia el bordo del dren los agentes detuvieron a José Manuel y se lo llevaron hacia el puente donde lo golpearon.

Manifestó que cuando subían él se resbaló y los policías no lo tomaron en cuenta y se fue por el canal.

Durante el juicio del primer policía sentenciado, el acusado presentó un peritaje que señalaba que los golpes que tenía José Manuel se los pudo haber hecho al golpearse con la cabina de la camioneta o estando fuera del vehículo pudo haberse caído, pero según los peritajes de la Fiscalía, dentro del vehículo no había manchas de sangre, la muerte fue violenta y además los mismos policías dijeron que José Manuel salió caminando del canal.

Policías federales que acudieron al lugar de la volcadura declararon que sus compañeros no estaban manchados con sangre, pero sí mojados y con lodo, y que por su experiencia saben que sí es posible que una persona que se accidenta fallezca cuando sale del vehículo.

Sobre la declaración de que han visto hechos similares en los que el accidentado fallece cuando sale del vehículo, la jueza determinó que no hay periciales que acrediten que en este caso sucedió así, y sobre la ausencia de manchas de sangre en los agentes mencionó que el lugar era un canal de aguas negras y en cualquier momento pudieron ensuciarse con el lodo para ocultarlas.

La jueza señaló que en las declaraciones de los testigos de la defensa hubo contradicciones; y además dieron una versión no creíble de que no había imágenes del hecho porque la cámara de la patrulla marcó error cuando intentaron activarla al inicio de la persecución.

“Se llegó a la conclusión de que se acredita la plena responsabilidad del encausado en relación con el delito de homicidio por el que el representante social ejercitó acción penal, pues se privó de la vida a José Manuel Flores Sánchez, quien de acuerdo a los dictámenes de autopsia y criminología de campo, se estableció que su deceso se originó por las alteraciones producidas por un mecanismo contundente, y nótese de manera especial que de las placas fotográficas que aparecen de la autopsia, se advierten las huellas que se originaron por el uso de las esposas que el activo utilizó para someter a la víctima”, indicó.

La jueza dictó condena de 30 años de prisión por el delito de homicidio y sentencia absolutoria por abuso de autoridad, debido a que este delito se subsume en el de homicidio.

Los familiares de la víctima consideran que en el juicio del primer agente se demostró que los dos policías lo asesinaron y ya pasó demasiado tiempo para que el segundo agente involucrado sea sentenciado y se haga justicia.

Artículo publicado el 09 de junio de 2024 en la edición 1115 del semanario Ríodoce.

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