Demandan a ejidatarios por oponerse a la destrucción de la Isla de Chivos

El Corredor Económico del Norte, como un depredador neoliberal del viejo y actual régimen, recorre Mazatlán, pues tumba el Cerro de los Chivos y amenaza con devorar las 2 mil hectáreas que forman la Isla de la Piedra, junto con sus más de 10 mil habitantes que defienden sus derechos ejidales.

Con el argumento de que es un tema de “seguridad nacional”, el contralmirante Mariel Aquileo Ancona Infanzón, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Mazatlán (Asipona), en vez de respetar la Ley Agraria, demandó ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 39 (TUAD39), ubicado en Mazatlán, a ejidatarios que se oponen a la destrucción del Cerro de Chivos, perpetrada por los depredadores del ecosistema de la Isla de la Piedra.

Evelia Peña Sánchez, abogada de los ejidatarios, asegura que Ancona Infanzón perdió la brújula apelando al artículo 18 fracción XIV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para demandar en vía de la controversia agraria al núcleo ejidal del ejido Isla de la Piedra, porque violó la Ley Agraria.

“Nosotros estamos demandados por el hecho de que paramos una obra, ya que habían llegado a tumbarnos el Cerro de los Chivos y todo, y con la suspensión en la mano, yo como abogada del ejido, representante del ejido y los ejidatarios fuimos y paramos la obra destructora”, dijo Peña Sánchez.

La petición que el contralmirante hizo al Magistrado Numerario del TUAD39 fue que “se permita el acceso a la obra de protección portuaria denominada ‘escollera Isla de Chivos´ para poder continuar con su reparación”.

Los damnificados sostienen que, para justificar la violación del Estado de Derecho, el contralmirante navegó con la bandera de la “seguridad nacional” asegurando que de no permitir el acceso para continuar con la reparación del rompeolas Isla de Chivos Mazatlán sufriría el azote de los fenómenos meteorológicos y otros males económicos, políticos y sociales.

En el punto dos del capítulo de “Hechos”, Ancona Infanzón expuso en su demanda: “El Rompeolas de Chivos fue reparado en el año de 2021 y desde esa fecha no se le ha realizado ninguna rehabilitación o mantenimiento general, además que en el huracán Pamela destruyó el cuerpo del rompeolas, incluyendo el morro que conforman la Bocana y destruyó la Baliza”.

El oficial de la Armada argumenta que, por la razón antes expuesta con fecha de 10 de octubre de 2023, se realizó la licitación pública nacional, para la ejecución del proyecto de reparación del rompeolas de chivos, con clave de cartera 1609210001 de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignada a la compañía Construcción y Servicios y Asociados, firmándose el contrato el 27 de noviembre de 2023.

Ancona afirma que a mediados de diciembre acudieron trabajadores del licitante ganador a realizar un levantamiento topográfico de la escollera de chivos, siendo abordados por un grupo de ejidatarios, quienes los instaron a retirarse del lugar y les prohibieron que regresaran a realizar trabajo alguno.

El demandante pide al juez que le otorgue la diligencia precautoria consistente en la medida cautelar para poder transitar a través de las vialidades del ejido hacia la escollera Isla de Chivos para reparar el rompeolas.

“¡Concedido!”, dijo el togado al contralmirante, pasando por encima de la Ley Agraria, mientras que regañó a los ejidatarios por obstruir el paso a los depredadores ecológicos que arrasaron con la Isla de Chivos.

“En la audiencia en el Tribunal Agrario, el magistrado nos dijo que pues sí estamos obstruyendo y que él va hacer lo que él quiera, que les va a dar el paso a ellos, incluso en tres días les dio una precautoria, donde les otorga que ellos pueden pasar al ejido a construir en la Isla de los Chivos”, critica la defensora de los ejidatarios.

El fondo de la demanda que interpuso Ancona Infanzón contra los ejidatarios en realidad es el proyecto del gobierno federal conocido como Modernización Integral del Puerto de Mazatlán y/o Corredor Económico del Norte.

Los ejidatarios perciben la argucia de la “utilidad pública” decretada por los “neoliberales” del viejo y actual régimen, pues primero depredaron la Isla de los Chivos y su entorno, cuya extensión es de 400 hectáreas, para después devorar las 2 mil hectáreas de la Isla de la Piedra junto con sus habitantes.

“Según ellos nosotros estamos impidiendo una obra, que es un decreto presidencial… pero esto no es de ahora, hemos estado luchando desde 1979 que son los decretos que traen ellos, donde el Gobierno federal les ha estado otorgando las concesiones del ejido, los hemos echado abajo con cuatro amparos, mismos que se han ido a la Suprema Corte de Justicia, donde ésta en 2004 deja firme al ejido, con todas sus tierras y su patrimonio”, recuerda la litigante Peña Sánchez.

Añade que, incluso, en 2012 interpusieron otra demanda porque los estaban despojando de casi 400 hectáreas que pelearon en el Tribunal Agrario, y son las mismas tierras que están defendiendo ante la Asipona.

El decretazo que el Gobierno Federal está aplicando a los ejidatarios de la Isla de la Piedra fue publicado el 27 de julio de 2023, en el Diario Oficial de la Federación, firmado por el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, titulado Acuerdo por el que se modifica la delimitación y determinación del recinto portuario del Puerto de Mazatlán.

Artículo publicado el 26 de mayo de 2024 en la edición 1113 del semanario Ríodoce.