En Culiacán, propietarios de talleres reportan que elementos de Vialidad piden mordidas y cobro por el remolque de carros, sin emitir comprobantes o recibos

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Los policías de tránsito llegan y “arremangan parejo”. Remolcan cuanto vehículo esté en las inmediaciones del taller, sin importar si son o no del taller, o si pertenecen a algún vecino del lugar.

Testimonios para Ríodoce indican que los agentes de la Unidad de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, apoyados con grúas, que en ocasiones no portan razón social, les caen de sorpresa a los encargados de talleres mecánicos, de carrocería o de cualquier giro, y les ponen las cartas sobre la mesa: pagan una cuota por la mitad de los vehículos o se los llevan todos al corralón por obstrucción de espacios públicos.

“Esteban”, propietario de un taller mecánico de Culiacán, dice que los policías de tránsito “llegan sin averiguar” y remolcan tanto las unidades que están a la espera de una reparación, estacionadas en la calle, como las de los vecinos.

Temeroso, el mecánico suelta algunas “prendas” sobre los operativos de los agentes de vialidad, pero se reserva información que lo pudiera delatar y ser objeto de asedio.

Son “gatos pesados”, dice, y no quiere problemas.

“A como están las cosas ahorita, yo… la neta, trabajo muy a gusto aquí. No le debo nada a nadie… Eso que hicieron es una canallada… (y) si nadie ha respingado es por algo, porque no soy el primero… hay un montón”, expresa.

A su taller llegaron y “arremangaron parejo”. Remolcaron vehículos que ya estaban reparados y estacionados en la calle, pero también algunos de los vecinos, pese a que se aclaró que no eran del taller.

Esteban no ofrece mayores datos porque no quiere que ubiquen su taller y vengan las represalias.

“No me van a dejar de molestar…” dice.

En ocasiones anteriores, recuerda, le dejaban un aviso en el que lo conminaban a retirar los carros en un plazo no mayor a las 72 horas.

Hoy no.

“Llegaron sin averiguar…” lamenta.

Aunque algunos testimonios han contado que los agentes de tránsito negocian el arrastre de todas o solo la mitad de las unidades motrices, Esteban niega que le hayan dado alguna posibilidad de negociación.

“¿Dinero…? No. Hasta eso. No hay manera de entablar una negociación. Aquí no. Allá, sí”, comenta.

Esteban niega algún dato que pudiera servir para ubicarlo.

“No quiero problemas…” repite, “ellos son los que tienen la autoridad en las manos… ¿Qué podemos hacer nosotros?”, se pregunta.

Un testimonio del dueño de otro taller en Culiacán, narró que elementos de tránsito y al menos tres grúas llegaron al lugar y se llevaron todas las unidades que estaban estacionadas en la calle. Le ofrecieron dejar algunas a cambio de pagar 2 mil 450 pesos por cada una. A lo cual accedió.

El resto de los carros fueron remolcados al corralón de Bachigualato, sin darle ningún documento que permitiera hacer la reclamación de los mismos. Al llegar a la pensión dijo que iba por unos autos que se habían llevado en un operativo de tránsito, lo enviaron con una mujer. A ella le pidió hacer el pago con tarjeta, pero le dijo que todo era en efectivo. Le pidió un comprobante, también se lo negó. Al final lo dejó ingresar para que buscara los autos que habían sido remolcados.

Otro testimonio similar narró el propietario de otro taller. A él también le pidieron “mordida” para no llevarse una parte de los carros y también pagó en efectivo por los que sí fueron remolcados, sin obtener ningún recibo o comprobante a cambio.

En ninguno de los tres casos, los afectados quisieron hacer una denuncia formal del hecho, por temor a represalias.

La negación

José Luis Torres, director de la Unidad de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Culiacán, dijo que los operativos contra autos en talleres y abandonados se dan a solicitud de los ciudadanos y que no se tienen reportes de quejas por actos indebidos por parte de los oficiales.

“De manera oficial no tenemos ningún informe de que hacen algún tipo de cobro”, manifiesta.

Los operativos son supervisados siempre por el comandante de turno.

“Los elementos no se dirigen solos. Acuden en atención a un reporte y llevan al mando a un supervisor, un comandante de turno. Él es el que supervisa ciertas sanciones”, expresa.

—¿Tienen reportes o quejas por actos de corrupción durante estos operativos?, se le insiste al director de la Unidad de Vialidad.

—Si algún ciudadano se siente vulnerable, que hay un acto que no es el adecuado, por eso llevan a un comandante en turno para que él le diga qué es lo que está pasando, cuál es su inquietud, y él a su vez tomar una decisión. Si no se puede, se canaliza a estas áreas, a estos departamentos y se le toma su queja correspondiente.

La socialización

El director de Tránsito municipal subraya que antes de implementar alguna acción, “constantemente” realizan operativos para dar a conocer a los encargados de talleres y particulares sobre la prohibición de estacionar o abandonar vehículos en lugares prohibidos.

Pero, asegura, antes de proceder al arrastre a los propietarios o encargados de taller se les deja un documento en el que los aperciben sobre el retiro de estos vehículos, que no es mayor a las 72 horas.

“Y es ahí donde hacemos la invitación. Si tienen una queja de un mal actuar, los invitamos a estas áreas a poner el reporte”, ofrece.

Grúas particulares

El comandante de vialidad de la SSPyTM niega que en estos operativos se trabaje con grúas sin razón social.

Las grúas son particulares, acota, cuyos conductores pueden negociar con el propietario del vehículo para evitar el arrastre a uno de los dos corrales del municipio, siempre y cuando lo pongan en un lugar correcto.

“La ley también especifica que al momento de requerir —los oficiales— sus servicios, podemos hacer uso de ellos, y el costo de los arrastres lo tiene que pagar el dueño de la unidad”, expresa.

La notificación

José Luis Torres reitera que antes de cualquier operativo de retiro de vehículos abandonados o a cargo de talleres mecánicos, los oficiales de vialidad deberán entregar una notificación con todos los articulados que justifican el arrastre, si después de 72 horas no los han movido.

Si el procedimiento es el adecuado, sugiere, el propietario puede interponer una queja en la Dirección de Tránsito.

“Si una persona tiene alguna queja, la invitamos a que acuda y le damos el seguimiento adecuado. Aquí tenemos departamentos para hacer la investigación sobre un servidor público que haya hecho algún mal acto”, subraya.

Artículo publicado el 12 de mayo de 2024 en la edición 1111 del semanario Ríodoce.