Hasta un 74 por ciento de las obras para mejorar la infraestructura educativa, realizadas durante la administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel fueron mediante contratación directa para beneficiar a una red de contratistas.

Las obras ejecutadas a través del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) de 2017 a 2021, tuvieron como característica el no estar concluidas, ser deficientes o entregadas con amplio margen de retraso, lo que afectó las actividades educativas.

El hallazgo de la situación que privó en la inversión de la infraestructura educativa que implicó una inversión de casi 2 mil millones de pesos, fue producto de una investigación realizada por la agrupación civil Iniciativa Sinaloa, que revisó con detalle un total de mil 636 contratos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.

La inversión en infraestructura educativa, de la cual más del 60 por ciento estuvo destinada a planteles de educación básica, no se reflejó en la mejora de las condiciones de las escuelas, si se toman los datos que la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) proporcionó en 2022 a la organización Mexicanos Primero en Sinaloa.

De acuerdo con los datos, de los casi 6 mil planteles de nivel básico, el 22.5 por ciento carecían de sanitarios, el 20.3 por ciento de agua potable, el 19.5 no cuentan con lavamanos y el 8.6 por ciento operan sin electricidad.

De hecho en el primer mes de gobierno de Rubén Rocha Moya, la titular de la Sepyc, Graciela Domínguez Nava, al hacer un diagnóstico de las escuelas en Sinaloa, señaló que mil 270 planteles tenían alguna necesidad básica como electricidad, agua potable, servicios sanitarios, drenaje y bebederos.

Según datos de la propia Sepyc, algunas de las escuelas registraron más de alguna carencia, de tal suerte que al menos cinco de cada 10 enfrentan un rezago en infraestructura educativa.

Otro dato relevante encontrado por Iniciativa Sinaloa es que el Programa Escuelas al Cien operado en el gobierno de Ordaz Coppel significó la reducción del 25 por ciento del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en los presupuestos de los siguientes años.

El propio ISIFE reportó mediante solicitudes de acceso a la información, que de 2021 a 2022 disminuyó en un 32 por ciento el FAM para nivel básico, al pasar de 114 millones 577 mil pesos a únicamente 78 millones 133 mil pesos.

La situación encontrada en los planteles por el gobierno de Rocha Moya ha llevado a un reto tal, que en el Presupuesto de Egresos de 2024, el Congreso del Estado propuso reorientar un gasto de 20 millones de pesos adicionales para el mejoramiento de la infraestructura escolar.

Aunado a la deficiencia de las obras realizada en los plantes escolares, la investigación de Iniciativa Sinaloa encontró que las contrataciones realizadas rebasaron los límites establecidos por las leyes locales y federal para las excepciones públicas y no mostraron justificaciones ni estudios de mercado para que cada proyecto haya sido adjudicado de manera directa.

Así en el periodo comprendido de 2017 a 2021, el 60 por ciento de las contrataciones para obras de infraestructura escolar evitaron la licitación o el concurso público, privilegiando la adjudicación directa y por invitación. El punto más alto de contratación directa incluso se disparó en 2021, el último año de gobierno de Ordaz Coppel, al alcanzar el 74 por ciento.

En la evaluación de las formas de contratación de las obras del ISIFE, el 60.4 por ciento fue por excepción de licitación pública, el 39.6 por ciento por licitación pública.

Iniciativa Sinaloa detectó además que una recomendación de la ASE en 2018 fue precisamente que era necesario la implementación de mecanismos para que existiera equidad en la distribución del otorgamiento de contratos de adjudicación directa entre los contratistas registrados en el padrón.

Otra recomendación de la ASE a la ISIFE fue precisamente que adjudicara las obras mediante licitación pública, y que, en caso de existir excepciones, se fundamentaran las circunstancias que concurrieran, como criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguraran las mejores condiciones.

La investigación reveló además que en el gobierno de Ordaz Coppel, 10 de cada 100 obras en escuelas públicas realizadas por el ISIFE se concentraron en un grupo de contratistas, quienes con diferentes razones sociales y representaciones participaron en procesos de licitación e invitación compitiendo entre sí.

La empresa constructora que apareció con el mayor número de contratos por adjudicación directa fue XV Electroconstrucciones, la cual fue creada en 2017, el mismo año de inicio del gobierno de Ordaz Coppel.
Un conjunto de proveedores, integrado por cuatro compañías y tres contratistas obtuvieron del ISIFE un total de 133 contratos, que significaron 201 millones de pesos. De estos, siete de cada 10 fueron asignados de manera directa sin licitación o concurso.

Está además el hecho de que el 81.3 por ciento del total de contratos asignados por ISIFE fueron asignados a empresas relacionadas con XV Electroconstrucciones.

En la auditoría social realizada por Iniciativa Sinaloa se encontraron además contratos otorgados a empresas sin capacidad técnica o actividad reciente, como fue el caso de Lecani Contrucciones por 61.4 millones de pesos mediante 11 contratos, nueve por licitación y dos adjudicados de manera directa. De acuerdo al acta constitutiva, la empresa tiene su sede en la ciudad de Durango y el domicilio en un conjunto de departamentos en la colonia Humaya en Culiacán.

Iniciativa Sinaloa detectó en el ISIFE simulación en las licitaciones públicas y las invitaciones restringidas, ya que los concursos abiertos a la competencia, en realidad eran procesos en los que participaron socios de las mismas empresas o miembros de los mismos grupos relacionados con XV Electroconstrucciones.

Entre los múltiples casos de obras con deficiente calidad, está la situación del Jardín de Niños “Toledo Corro”, ubicado en Alturas del Sur, en donde el ISIFE realizó una contratación por invitación para la construcción de baños.

El contrato ISIFE-ITPE-068-2020 por un monto de 1.6 millones de pesos hizo una obra que al año dejó de funcionar por el riesgo de que los techos cayeran sobre el alumnado, al ser construido con paneles, cuya construcción tuvo una escasa supervisión en el seguimiento, y ahora los directivos escolares realizan gestiones para poder resolver las imperfecciones de la infraestructura.

Artículo publicado el 17 de diciembre de 2023 en la edición 1090 del semanario Ríodoce.