La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a México que rompa “el pacto de silencio” de las autoridades que impide resolver el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y enjuiciar a los responsables del caso.

Lo anterior lo dijo Esmeralda Arosemena, comisionada de la CIDH para México, durante una audiencia del organismo en Washington donde los familiares de los jóvenes denunciaron que la investigación del Gobierno de López Obrador “va en picada” por las presiones del Ejército.

“Hay un pacto de silencio que no ha permitido que el caso Ayotzinapa llegue a un desarrollo para alcanzar la verdad y someter a la Justicia a los responsables a pesar de que hay identificadas a las personas”, lamentó Arosemena.

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La comisionada recalcó que la resolución del caso requiere de una “voluntad expresa” y de “información clara”, y expresó el compromiso de la CIDH de “acompañar” a las familias y al Estado hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos ocurridos hace nueve años.

El abogado Vidulfo Rosales lamentó que “la investigación va en picado y en franco retroceso”, mientras que Mario González, padre del estudiantes César Manuel González, dijo que los familiares están “enojados, decepcionados, fastidiados y encabronados”.

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En representación del Estado mexicano, la embajadora de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños, respondió que López Obrador “ha expresado claramente su compromiso para continuar con las acciones de búsqueda y de investigación”.

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Además dijo que el actual Gobierno catalogó el caso como un “crimen de Estado”, que hay 124 personas detenidas por la desaparición de los 43 estudiantes y que se investiga también a los funcionarios del Ejecutivo de Peña Nieto que diseñaron la “verdad histórica” para dar carpetazo a las pesquisas.