Las lámparas se compraron por directriz del exalcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta, dice su abogada defensora

La directriz de comprar lámparas tipo ufo, exclusivas de la empresa Azteca Lighting, fue dictada desde el gobierno de Fernando Pucheta Sánchez y las primeras adquisiciones las hizo el gobierno de Quirino Ordaz Coppel a sobreprecio, aseguran abogados del ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

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El ex alcalde y el ex tesorero Jesús Javier Alarcón Lizárraga, fueron vinculados por adjudicar sin licitación un contrato en 2021 para la compra de 198 luminarias por 34 millones 971 mil pesos y otro en 2022 para la adquisición de 2 mil 139 lámparas por 400 millones 864 mil pesos.

Los ex integrantes del Comité de Adquisiciones de la primera administración de Benítez Torres, el ex director de Obras Públicas, José Daniel Tirado Zamudio; el ex Oficial Mayor, Javier Lira González; y el ex secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, fueron vinculados solo por el contrato de 2021.

El 21 de junio pasado ya habían vinculado a proceso solo por el segundo contrato a los integrantes del Comité en la segunda administración, el ex director de Servicios Públicos, José David Ibarra Olmeda; la ex Oficial Mayor, Nayla Adilene Velarde Narváez; el ex director de Obras Públicas, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez; y el ex regidor, Bernardo Eduardo Alcaraz Conde.

La Fiscalía señaló que los imputados hicieron la compra por adjudicación cuando debió ser por concurso de licitación.

Los fiscales mencionaron que el expediente de adjudicación y las sesiones del Comité fueron simulados y que los documentos del expediente y los contratos fueron hechos por Azteca Lighting y en el Ayuntamiento solo les ponían los sellos para simular que los habían redactado en la Dirección de Servicios Públicos.

En audiencia del jueves 17 de agosto, el Ministerio Público dio a conocer testimonios de trabajadores del Ayuntamiento que aseguran que estaban obligados a firmar actas y contratos por órdenes del “Químico” y si no lo hacían los corría o cambiaba de área.

En la continuación de la audiencia, celebrada el martes 22, los defensores de los exfuncionarios dieron a conocer información sobre los supuestos motivos que tuvo el “Químico” para adquirir ese tipo las lámparas por adjudicación.

La defensora, María de los Ángeles Ávila Partida, dijo que compraron lámparas ufo porque así estaba establecido desde el gobierno de Pucheta Sánchez.

Señaló que desde esa administración se estableció un programa de mejoramiento de alumbrado público que incluye un programa de urbanismo e imagen y un estudio de estrategia de alumbrado público que contempla la modernización del alumbrado público de Mazatlán.

Los documentos, indica, señalan que se instalarán luminarias tipo ufo con forma elíptica para que sean un ícono de identidad y símbolo de la sociedad mazatleca.

Detalló que en los estudios mencionan incluso que ese tipo de lámparas son hasta benéficas para la salud porque las otras luminarias modifican la melatonina, afectan el ritmo cardiaco y hasta pueden producir ceguera.

Mencionó que las primeras lámparas ufo fueron compradas en 2017 para instalarlas antes de la realización del Tianguis Turístico.

Las luminarias, indicó, fueron adquiridas por licitación por el gobierno del estado, en ese entonces encabezado por Quirino Ordaz, y la convocatoria señalaba las características de las lámparas ufo.

La abogada presentó una entrevista con Arnulfo Sánchez, apoderado legal de Azteca Lighting, quien señaló que las primeras lámparas para el alumbrado público del puerto las vendieron en 2017 y 2020, pero a empresas particulares, no a gobierno.

La defensora comentó que en 2017 y 2020, el gobierno de Ordaz Coppel pagó cada lámpara en 188 mil 655 pesos más IVA y costo de instalación, por lo que el precio unitario quedó en 211 mil 888 pesos; mientras que con el Químico las pagaron en 187 mil pesos por cada una, ya con IVA e instalación.

Detalló que las lámparas compradas por el gobierno de Quirino fueron más caras porque las compraron a intermediarios mientras que las del Químico las adquirieron directamente con la empresa fabricante.

Al hacer la compra por adjudicación directa, justificó, el municipio gastó 30 mil pesos menos por lámpara y se ahorró 85 millones de pesos.

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La abogada señaló que el “Químico” estaba obligado a comprar ese tipo de lámparas porque así está establecido en el programa de mejoramiento que contiene el plan de imagen urbana.

La Ley General de Asentamientos Urbanos, detalló, obliga a respetar la imagen urbana y el alumbrado público debe ser uniforme para no producir contaminación.

La imagen urbana de Mazatlán no fue definida por Benítez Torres, sino en la administración de Fernando Pucheta, expresó.

Aseguró que era imposible hacer una licitación de las lámparas que pide el plan de imagen urbana porque tienen patente y solo una empresa las puede fabricar.

La abogada presentó una pericial en métodos de investigación sobre internet y redes sociales que señala notas periodísticas en la que la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada; y el gobernador, Rubén Rocha Moya, hacen referencia sobre la investigación contra el Químico cuando aún no se judicializaba, lo que según ella, violentó el debido proceso al exhibirlo como culpable y dar información que no se había ventilado en el tribunal.

El juez Adán Alberto Salazar Gastélum señaló que había indicios suficientes para presumir que cometieron el delito y dictó auto de vinculación a proceso.

Comentó que la excepción a la licitación no está justificada, aunque la compra de ese tipo de lámparas esté contemplada en el programa de mejoramiento de alumbrado público.

El fin no justifica los medios, si había un plan éste no puede pasar por encima de la normatividad, indicó.

“Los servidores públicos no nos podemos mover a donde nosotros queramos por más buenos planes que tengamos, tenemos que ajustarnos a la normatividad”, expresó.

Manifestó que, aunque el plan sea correcto, se deben respetar las normas.

No hay indicios de que la administración estaba obligada a darle seguimiento a un plan de la administración anterior y menos si pasa por alto la normatividad, manifestó.

Como medida cautelar el juez dictó acudir a firmar cada mes y la prohibición de salir del país sin autorización judicial y un plazo de cuatro meses para terminar la investigación.

Artículo publicado el 27 de agosto de 2023 en la edición 1074 del semanario Ríodoce.