Un juez de distrito adscrito al Centro de Justicia contiguo al penal de máxima seguridad del Altiplano, decretó la libertad para el ex Director de Administración y Finanzas de Segalmex, Jesús Óscar Navarro Gárate, y dos ex funcionarios más de Liconsa, al considerar que no había elementos suficientes para procesarlos por el delito de delincuencia organizada que les imputó el Ministerio Público federal.

Tras una larga audiencia, el juez decretó el auto mediante el cual absolvió a Navarro Gárate, Carlos Norberto Valero Flores, ex subdirector de Aseguramiento de Calidad de Liconsa y a Enrique Zamorano Solís, quien era subgerente de impuestos de la misma dependencia, pues consideró que las pruebas aportadas por el ministerio público no eran suficientes para sostener la sospecha de que ellos se confabularon para favorecer a particulares con el pago de recursos públicos por servicios que nunca se entregaron a la dependencia.

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La acusación se centraba en que estos ex funcionarios toleraron y permitieron que se pagaran cientos de millones de pesos del erario, a las empresas Grupo Vicente Suárez 73 y a la Comercializadora de Productos Lácteos La Laguna (Coprolac) por los servicios de procesamiento de leche.

A pesar de que la dependencia pagó más de 458 millones de pesos a Grupo Vicente Suárez y entregó más de 890 millones de pesos en especie (leche bronca) a Coprolac para que la procesaran y la devolvieran en paquetes de leche en polvo, ninguna de las dos cumplieron el contrato y la leche procesada nunca reingresó la leche procesada.

El ministerio público sostuvo que los tres acusados permitieron la liberación de recursos aun cuando sabían que las empresas no tenían ni la capacidad técnica, financiera ni humana para cumplir los contratos, sin embargo, la defensa de los acusados pudo demostrar que los tres sí dieron aviso de que había irregularidades en estas asignaciones y pagos que se hacían a Grupo Vicente Suárez y Coprolac.

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En la causa penal 211/2023 también estaba acusado Edgar Alejandro Armenta Peralta, quien era socio y representante legal de Grupo Vicente Suárez. Él estaba acusado de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y a consideración del juez, si hubo elementos para presumir su responsabilidad por lo que le dictó el auto de vinculación a proceso.