Ahora 13 detenidos solo enfrentan portación de arma de fuego, posesión de cartuchos para arma de fuego y posesión de cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
La Fiscalía General de la República no pudo vincular a proceso penal por terrorismo a los detenidos en la sindicatura de Jesús María, tras la captura de Ovidio Guzmán López, porque no presentó datos de prueba suficientes y solo quedaron en proceso por delitos de portación y posesión de armas y cartuchos.
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La FGR presentó ante un juez de Morelia, Michoacán, a 17 detenidos, de los cuales tres hombres y una mujer, no fueron vinculados a proceso por que los agentes de la Guardia Nacional y el Ministerio Público, no dieron información suficiente para que el juez calificara la legalidad de la detención.
De acuerdo con las actas de la calificación de la detención y de las resoluciones adoptadas en la audiencia inicial, a los 13 detenidos restantes la FGR imputó los delitos de terrorismo y portación de arma de fuego, posesión de cartuchos para arma de fuego y posesión de cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Todos quedaron vinculados a proceso solo por los delitos relacionados con arma ya que por terrorismo el Ministerio Público Federal no aportó datos de prueba suficientes.
“De los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, no se advierte que de los mismos se justifique dicho ilícito, por lo que al no existir datos de prueba suficientes para establecer de manera probable la participación de los imputados, no resulta posible generar un reproche por dicha conducta (terrorismo)”, señaló el juez.
La FGR imputó terrorismo en la modalidad de al que utilizando armas de fuego intencionalmente realice actos que produzcan alarma, temor o terror en la población, en un sector de ella, para presionar a la autoridad a tomar una determinación en beneficio de los agresores.
Los detenidos fueron presentados ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia, Michoacán, en tres causas penales por lo que se realizaron tres audiencias iniciales.
En una de las audiencias, celebrada el 8 de enero, fueron presentados tres hombres y una mujer, cuya detención fue calificada de ilegal.
De acuerdo con el Ministerio Público, fueron detenidos el 5 de enero, cuando elementos de la Guardia Nacional daban seguridad perimetral en Jesús María.
A las 14:00 horas, mencionó, los agentes observaron a tres hombres y a una mujer que portaban armas de fuego y en el piso había más armas, por lo que a las 14:10 horas les notificaron que serían detenidos.
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Los agentes les aseguraron una carabina calibre 5.56x 45, tres fusiles calibre 7.62×39 y 5.56×45, una ametralladora calibre .50, mil 144 cartuchos y 22 cargadores.
A las 16:00 horas arribó más personal al lugar para reforzar el traslado al aeropuerto y llegaron a la terminal aérea a las 21:00 horas, detalló el Ministerio Público.
El Ministerio Público justificó que la demora para trasladarlos al aeropuerto se debió a que estaban levantando cuerpos de la carretera.
El juez consideró que no había información suficiente para calificar la detención y la calificó de ilegal por lo que no fueron vinculados a proceso.
Ante la insuficiencia de la información vertida por parte de elementos que llevaron a cabo la detención y al no haberse subsanado esa información por parte del órgano investigador, a fin de poder establecer elementos suficientes para poder llevar a cabo la detención que fueron presentadas, se calificó de ilegal la detención, señaló el juzgador.
En otra audiencia celebrada el mismo 8 de enero, la FGR imputó a otros ocho detenidos.
El Ministerio Público narró que a las 12:27 horas del 5 de enero elementos de la Guardia Nacional realizaban recorridos y en las inmediaciones del arco de bienvenida en Jesús María escucharon detonaciones de arma de fuego y observaron a varios hombres armados, por lo que descendieron de las patrullas y repelieron la agresión.
Los sicarios intentaron evadirse, pero metros adelante lograron alcanzarlos y someterlos, mencionó.
Uno de los detenidos portaba un fusil calibre 7.62×39 milímetros abastecido con 10 cartuchos útiles y en la bolsa de la sudadera que vestía traía 71 cartuchos más; otro detenido portaba un fusil del mismo calibre, cuatro cargadores y 56 cartuchos; uno más fue detenido con un fusil calibre 5.56×45 milímetros, un fusil 7.62×39 milímetros, dos cargadores y 56 cartuchos.
El cuarto detenido llevada un fusil calibre 7.62×39 milímetros, dos cargadores y 46 cartuchos; al quinto le aseguraron también un fusil calibre 7.62×39 milímetros, tres cargadores y 56 cartuchos; a otro le decomisaron un fusil 5.56×45 milímetros y uno 7.62×39 milímetros, dos cargadores y 110 cartuchos.
El séptimo detenido portaba un fusil AK47, un cargador y 80 cartuchos; y el octavo traía un arma calibre 5.56 milímetros y un cargador con 78 tiros.
Recargados sobre la pared del arco de bienvenida localizaron 10 cargadores, una bolsa con 150 cartuchos y dos cargadores tipo tambor cada uno con 50 cartuchos.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público a las 9:15 horas del día siguiente por lo que el juez consideró que existió una demora injustificada en cuanto a la puesta a disposición.
El 13 de enero en la continuación de audiencia inicial fueron vinculados a proceso por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos para arma de fuego y posesión de cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
En otra audiencia celebrada también el 8 de enero, la FGR formuló imputación a otros cinco detenidos.
Según el Ministerio Público, a las 12:35 horas agentes de la Guardia Nacional realizaban un despliegue por un camino de terracería de Jesús María y “al salir de una curva, del lado izquierdo, observaron a cinco metros una camioneta de cabina y media volteada incendiándose y a un costado una ladera en la que se encontraban unas personas ocultas que al observar a los elementos los agredieron con armas, por lo que los elementos a su vez repelieron la agresión y las personas corrieron en diversas direcciones, por lo que los elementos descendieron de su unidad para seguirlos, dándoles alcance a pocos metros, solicitándoles que no se resistieran a la detención y arrojaran las armas”.
Los civiles, abundó, “continuaron con la agresión con armas, por lo que los elementos de nueva cuenta repelieron la agresión mediante disparos controlados, por lo que al verse superados soltaron las armas y se rindieron, por lo que se procedió a colocarles los aros de sujeción y a realizarles una inspección”.
A uno de los detenidos le aseguraron un fusil calibre 5.56, y dos cargadores, a otro un fusil 7.62×39 y un cargador; al tercer detenido le aseguraron un arma larga calibre 5.56 y tres cargadores; y al cuarto un fusil 7.62×39 milímetros y dos cargadores.
Dos hombres más resultaron heridos y en el lugar en el que estaban había una bolsa de tela que contenía bolsas pequeñas de plástico con mariguana; un fusil Barret calibre 50 con mira telescópica, un fusil 7.62×39, cuatro cargadores, un fusil con la leyenda Vangard, cinco cargadores, una bolsa con tres cartuchos calibre .50, 11 cartuchos calibre .270 y 25 calibre 7.62×39.
Los cinco fueron vinculados a proceso por portación y posesión de armas y cartuchos y por delito contra la salud en la modalidad de posesión de cannabis sativa con fines de comercio en su variante de venta.
En todos los casos, el juez dictó como medida cautelar la prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 17, ubicado en Michoacán, por razones de seguridad.
El juez pidió a la Fiscalía para que lleve a cabo la investigación correspondiente sobre la posible falta administrativa o penal respecto a golpes, malos tratos y actos de tortura que todos los imputados dijeron haber sufrido; y por la omisión de los agentes aprehensores de ponerlos a disposición de la autoridad ministerial de manera inmediata y elaborar el Registro Nacional de Detenciones.
Artículo publicado el 23 de abril de 2023 en la edición 1056 del semanario Ríodoce.
