Cuatro semanas de testimonios sin pruebas documentales

El futuro del ex secretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, ya no depende de él ni de las cosas que hizo o no hizo en su pasado, sino que desde el miércoles pasado está en manos de los doce miembros del jurado que deliberan si el ex funcionario es culpable o no de haber recibido millones de dólares en sobornos para brindar protección al Cártel de Sinaloa.

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La semana pasada, los alegatos finales fueron expuestos tanto por la defensa como por los fiscales, quienes una vez más hicieron hincapié en la culpabilidad del acusado, a quien señalaron de haber sido la mente maestra que, en nombre del gobierno, negoció con el narco, mientras que la defensa volvió a cuestionar dónde están las evidencias que los fiscales tanto pregonaron en tener previo al inicio del juicio.

“No hay videos, no hay fotografías, no hay grabaciones, no hay correos, no hay nada; ha sido la historia de este juicio: nada”, insistió De Castro en su alegato final ante los doce miembros del Jurado, siete mujeres y cinco hombres.

Por su parte, los fiscales, liderados por Saritha Komatireddy, enfatizaron una vez más cómo el Cártel de Sinaloa creció como nunca bajo el cobijo de García Luna en una época en que la corrupción llegó hasta lo más alto y la violencia cobró la vida de muchas personas inocentes.

“No les estoy pidiendo que simpaticen con los criminales que declararon en este juicio, ya que se trata de personas que hicieron cosas horribles, y sin embargo era necesario que escucharan de ellos lo que el acusado hizo, porque finalmente se necesita de un delincuente para reconocer a otro”, dijo Komatireddy durante sus conclusiones finales.

Se necesitaron cuatro semanas de careos y 26 testigos, incluyendo agentes de la DEA que lo investigaron durante sus estancias en México, además de viejos integrantes de los cárteles de las drogas que en su momento habrían entregado millones de dólares en efectivo al ex secretario de seguridad; y se lo dijeron a García Luna en su cara, durante careos de varias horas con narcotraficantes como Jesús Reynaldo, el Rey Zambada, Sergio Villarreal Barragán, el Grande, Edgar Veitya, Óscar Nava Valencia, el Lobo, entre otros.

Todos ellos ya aceptaron ser culpables de haber traficado drogas ilegales a Estados Unidos pero, tras negociar con la fiscalía para reducir sus sentencias, aceptaron colaborar con los fiscales del caso.

No obstante, medios como el New York Times, Vice, Washington Street Journal, y analistas de seguridad, cuestionaron si el jurado se dejará influenciar sólo con los testimonios de narcotraficantes sin que haya una sola prueba sólida en contra del acusado.

Sergio Aguayo, en su cuenta de Twitter, cuestiona a la DEA, al señalar que originalmente esa agencia habría afirmado tener cientos de horas de evidencia en grabaciones y documentos, para al final no tener nada en contra del ex secretario.

“La DEA nos engañó. Aseguró tener centenares de horas con grabaciones de Genaro García Luna y más de un millón de documentos. Nos dio testimonios sin evidencias”, publicó Aguayo en su cuenta de Twitter.

En un artículo publicado por el New York Times la semana pasada y firmado por los periodistas Alan Feuer y Nate Shweber, el diario cuestiona si realmente el jurado creerá a testigos protegidos que en su momento estuvieron vinculados con organizaciones criminales.

La respuesta, hasta el cierre de esta edición, seguía siendo deliberada por los doce neoyorquinos, que desde el jueves pasado escucharon las instrucciones finales del juez Cogan, sobre los lineamientos que deberán seguir para llegar al veredicto.

Como ha ocurrido en juicios similares, incluyendo el juicio contra Joaquín Guzmán, el jurado no deberá valorar la veracidad de los testigos aun cuando no hayan presentado evidencia física, lo mismo que deberá valorar la solicitud de la defensa de desestimar el caso bajo el argumento de que García Luna dejó de ser funcionario desde 2012 y, por lo tanto, la conspiración de la que lo acusan, ya no existe.

Esto último en relación al señalamiento de la defensa, al suponer “pero sin conceder”, que el acusado hubiera sido parte de una conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos, “es claro que desde finales de 2012 él ya no era funcionario público y, por tanto, ya no existe tal asociación delictiva”.

Al final, el jurado no sólo deliberará si García Luna aceptó millones de dólares en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa, y si fue parte de un esquema para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos y formar parte de una empresa criminal, sino que, además, determinará si el ex funcionario mintió ante el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, al señalar que nunca cometió o intentó cometer delitos cuando “sabía y creía” que sí lo había hecho.

Como último recurso, García Luna decidió no testificar en su defensa luego que el juez Cogan le negara una petición hecha por su defensa respecto a no ser cuestionado sobre cómo obtuvo su fortuna, no obstante la defensa llamó alúnico testigo a su favor: su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez.

La mujer del acusado detalló cómo ella y su esposo compraron propiedades y automóviles con préstamos y ahorros y que posteriormente esas propiedades ganaron plusvalía, sugiriendo de ese modo que sus bienes no se compraron con dinero mal habido.

De acuerdo a reporteros que estuvieron en la sala de la corte la semana pasada, la declaración de la esposa fue muy elocuente y muy ilustrativa en cuanto a cómo obtuvieron la fortuna que tienen, lo cual pone el veredicto en una posición que puede irse de cualquier lado: culpable e inocente, según revelaron las fuentes.

La declaración de Pereyra fue la pieza final que pudo explotar de Castro ante el jurado: “Este hombre era un hombre de familia, con una gran familia extendida, ¿vieron algo en esas fotos que les gritara ‘narcotraficante’? ¡No! Por otra parte, ¿Confiarían en la palabra de asesinos, secuestradores y delincuentes para elegir la escuela de sus hijos o para tomar cualquier decisión importante en su vida?”.

Lo fiscales del caso, por su parte, aprovecharon su exposición final para mostrar una serie de diagramas hechos a partir de las investigaciones de la DEA, que mostraron la supuesta estructura delictiva que comandaba García Luna al interior de la entonces Policía Federal, y que señalaba un primer círculo de seguridad con el exsecretario en primer nivel y Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García en un Segundo nivel, como sus brazos derechos.

Un tercer anillo de seguridad, de acuerdo a los Fiscales, estaba conformado por comandantes y jefes de la policía Federal, los cuales incluían a Facundo Rosas, Armando Espinoza de Benito, “el comandante” Zavaleta, Edgar Millán, asesinado en 2008, Adrián Reyes, Víctor Garay Cadena, Edgar Bayardo, Gómez Meza, comandante Higueras, comandante Fidel, Guillermo Vallas, comandante Jorge, comandante Eloy, y Víctor Hugo García.

Ríodoce tuvo acceso en su momento a Garay Cadena, y el ex comandante negó estar involucrado con el crimen organizado, incluso, habría sido arrestado en 2010, pero salió libre y absuelto tres años después, luego que no se le pudiera fincar responsabilidad alguna.

De acuerdo a expertos, las deliberaciones y finalmente el veredicto, puede tomar entre una semana y dos meses antes que el juez emita una sentencia, y a partir de ahí, dependiendo de la sentencia, García Luna o puede ser liberado o puede ser recluido en una cárcel de máxima seguridad.

Como ocurriera con Garay Cadena, lo que más pesa en contra del ex secretario son las acusaciones de narcotraficantes, aunque en este caso también están los señalamientos de varios agentes de la DEA que aseguran que García Luna estaba metido con narcotraficantes del cártel de Sinaloa, y que por eso no confiaban en la secretaría de seguridad pública.

De ser encontrado culpable por tráfico de drogas, García Luna podría enfrentar una pena mínima obligada de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua, mientras que de ser declarado culpable por participación en una empresa criminal continua, García Luna enfrentaría a una pena mínima de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, mientras que por mentir bajo juramente, la pena mínima son 10 años de cárcel.

Artículo publicado el 19 de febrero de 2023 en la edición 1047 del semanario Ríodoce.