Claros y oscuros del Congreso del Estado

FELICIANO CASTRO DIALOGA CON
DIPUTADOS. Que nadie falte.

Aprueban diputados el primer gran crédito para el gobierno estatal

Al cierre del último periodo ordinario, el gobernador Rubén Rocha Moya logró que el Congreso del Estado le aprobara, sin ningún impedimento, la contratación de un crédito por 751 millones de pesos.

La aprobación del financiamiento le permitirá al Ejecutivo Estatal buscar una reestructuración de pasivos bancarios hasta por ese monto ante la institución financiera que ofrezca mejores condiciones.

El nuevo contrato que firme el gobierno estatal podría ser hasta por 18 años para cubrir principalmente el crédito firmado con Banobras para el fideicomiso de la autopista “Benito Juárez”.

La autorización de crédito se votó en forma unánime el último día del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual Legislatura, la cual ha presumido que ha logrado sumar esfuerzos políticos y voluntades, al margen de ideologías.

La aprobación del financiamiento se realizó en el mismo periodo ordinario en el cual la Junta de Coordinación Política acordó que no era necesario llamar a comparecer al secretario de Administración y Fianzas del Gobierno Estatal, Enrique Díaz Vega, como parte de la glosa del primer informe del gobernador Rubén Rocha Moya.

La inusual decisión, que contrastó con la registrada en años y Legislaturas anteriores, fue argumentada por el diputado presidente de la JUCOPO, Feliciano Castro Meléndrez, en función de que cada miembro del gabinete acudiría al Congreso del Estado a explicar cómo invirtieron sus presupuestos, por lo que no era necesaria también lo hiciera el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Durante el periodo ordinario que concluyó, fueron citados a comparecer un total de 12 funcionarios de primer nivel, pero acudieron 11, ya que por motivos familiares canceló en dos ocasiones el secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel. Del total de funcionarios que acudieron, el único cuestionado por su desempeño fue el entonces secretario de Turismo, Luis Guillermo Benítez, quien fue destituido por el gobernador en poco menos de dos semanas posteriores para que enfrentara las investigaciones que se siguen ante la Fiscalía General de Sinaloa.

En el mismo periodo ordinario se estrenó un formato para el análisis del Informe de Gobierno de acuerdo a las últimas reformas realizada al marco legal, que ahora obliga al titular del Ejecutivo Estatal en turno a comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado.

El nuevo formato desembocó en una sesión de cinco horas que provocó que la mayoría de los invitados especiales se retirarán durante la comparecencia del gobernador y solo permanecieran los integrantes del Congreso del Estado, quienes estuvieron muy alejados de cuestionar al mandatario estatal.

Entre los asuntos pendientes que no pudieron concretarse, estuvieron la aprobación de la nueva Ley de Educación Superior de Sinaloa y las reformas a la Ley de Hacienda.

Mención aparte merecen los expedientes de solicitudes de juicio político que están pendientes contra dos exalcaldes postulados por Morena, Jesús Estrada Ferreiro de Culiacán y Luis Guillermo Benítez, de Mazatlán.

En nombramientos pendientes quedó el del titular del órgano interno de control de la Comisión de Acceso a la Información Pública. En la comparecencia del único candidato que quedó registrado debió cancelare en una ocasión por falta de quorum legal porque los diputados de la comisión no se presentaron.

En el periodo ordinario que concluyó, tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, como el presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Madrid, cuestionaron a sus compañeros legisladores por no asistir a las sesiones o ausentarse durante las mismas, por lo que llamaron a que están conductas no se repitieran para evitar entorpecer el trabajo legislativo, de lo contrario se aplicarían las sanciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

La agenda púrpura

La denominada “Agenda Púrpura” adquirió un papel protagónico durante el periodo ordinario al aprobarse por unanimidad un extenso paquete de reformas para proteger los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres sinaloenses, así como sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Entre las reformas y derogaciones a diversas leyes destacó el aumento a penas por violación sexual, el garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, erradicar la violencia contra las mujeres e integrar al ámbito de atribuciones de la Secretaría de las Mujeres, competencias que estaban entre las facultades de la Secretaría General de Gobierno.

Se incluyó, además, que quienes aspiren a cargos de elección popular no deben de haber sido condenados por delitos contra la familia, o contra la libertad sexual y su normal desarrollo, así como estar exentos de aparecer en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Sinaloa.

El Congreso de Sinaloa reconoció los transfeminicidios en el Código Penal e hizo reformas en materia de feminicidio para ampliar la protección a la mujer.

Cuentas públicas, aprobación de presupuestos, reformas fiscales…

Sin contratiempos ni debates, el Congreso del Estado aprobó por mayoría la cuenta pública del último año de gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

La diputada de Morena, Aurelia Leal, la única diputada que votó en contra, señaló en tribuna que el análisis de las cuentas públicas era desigual para municipios en comparación con los criterios que se siguieron para aprobar la cuenta pública 2021 del gobierno estatal.

De los 18 municipios, solamente seis fueron aprobados. Entre los gobiernos municipales con cuentas reprobadas estuvieron los que administran los presupuestos mayores, como Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato.

Durante estos meses también se aprobaron sin incremento los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones de los 18 Municipios del Estado; las Leyes de Ingresos de los 18 Municipios del Estado.

La Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa fue aprobada sin controversia alguna, pero sí con una reasignación por 313.8 millones de pesos.

Entre otras reformas se aprobó que sea la Secretaría de Seguridad Pública la que se haga cargo que C4i para un mayor eficiencia y capacidad de respuesta.

De acuerdo a la estadística parlamentaria, se registraron 87 productos legislativos, sin contar la iniciativas de leyes de ingresos de los municipios ni la Ley de Ingresos y Presupuesto del Gobierno del Estado, el informe ni la reunión de trabajo con el gobernador.

Artículo publicado el 12 de febrero de 2023 en la edición 1046 del semanario Ríodoce.

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