Jesús estrada Ferreiro se ha distinguido por sus dichos, por sus puntadas y por ese valerle un comino lo que de ello diga la gente. Si le preguntan por los baches responde que les saquen la vuelta y ya. Si lo cuestionan sobre la violencia contra la mujeres, contesta que ellas mismas propician las agresiones porque no atienden consejos. Y luego contrapregunta “¿De qué se trata pues?”.
Pues se trata de que es un hombre público y debe cuidar lo que dice, no porque se le tenga que restringir su libertad para expresarse porque es un gobernante, sino porque debido a su posición, lo que dice suele tener un efecto mayor en el receptor del mensaje.
En el fondo de esta peculiar personalidad del alcalde de Culiacán está su carácter; nunca, como decimos coloquialmente “ha tenido pelos en la lengua” y dice lo que cree que tiene qué decir aunque esté equivocado.
Pero estos son sus dichos, que han estado quedando para la picaresca culichi. A tal grado, que algunas jóvenes hasta tuvieron la ocurrencia de hacer camisetas y playeras con los dichos de Estrada porque son muy vendibles debido, dicen, a que el alcalde es una celebridad.
El problema de Estrada no son sus dichos sino sus hechos, y son los que ahora lo tienen casi sentado en un banquillo frente a un Congreso del Estado —y en particular frente a sus propios compañeros de partido— que están atendiendo varias solicitudes de juicio político por presuntas violaciones a los derechos humanos y constitucionales.
Conocedor sin duda de las implicaciones que esto puede tener, el alcalde de Culiacán ha tratado en los últimos días de detener el juicio político que se le prepara, pero esto es como meter el freno cuando el coche ya tocó las vías del tren.
Estrada cometió un error gravísimo, y este es que se peleó con dos de los tres hombres más poderosos —políticamente hablando—, el gobernador Rubén Rocha Moya y el líder del Congreso, Feliciano Castro Meléndrez. Con los dos trae un pleito mediático desde hace meses y parece que no le importaban mucho sus consecuencias hasta que se dio cuenta que había llegado demasiado lejos. Fue un error de cálculo. Con el Congreso las andanadas verbales de Estrada venían desde la anterior legislatura por diversos temas, generando una ríspida relación entre la comuna y el congreso y particularmente entre él y la entonces líder, Graciela Domínguez.
Cuando el Congreso aprueba reformas para dispensar del pago del agua potable a jubilados y pensionados, Estrada estalló y dijo, incluso en un acto público donde estaba el gobernador, que no acataría la Ley. El pleito escaló y cuando avanzó la iniciativa para que fuera sometido a juicio político por violaciones a los derechos humanos —por negarse a pagar indemnizaciones a viudas de policías— y constitucionales, acusó al propio gobernador y a Castro Meléndrez de estar orquestando todo. Al líder del Congreso, incluso, lo acusó de “terrorista”, al provocar enconos en la población que pudieran ocasionar agresiones físicas hacia él y su familia.
Pero Estrada parecía un caballo desbocado. Hace semanas dijo a Los Noticieristas que Rubén Rocha no había ganado la gubernatura limpiamente. No dijo más, solo eso, pero ameritó la respuesta de Rocha en una conferencia semanera, donde lo retó a que si sabía de algo sucio durante la campaña que lo dijera.
Ahora el alcalde de Culiacán está en manos de ellos y, sobre todo, del gobernador Rocha porque al final de cuentas él va a decidir qué hace y qué no hace el Congreso con Estrada. Es obligación del gobernador decir que él no manda en el Congreso —como lo dijo ya—, que es un poder autónomo y él respeta esa autonomía. Pero si algo no ha cambiado en el país y en Sinaloa con el arribo de Morena al poder, es que los que detentan el poder Ejecutivo mandan —hasta donde pueden— sobre el Legislativo. A nivel nacional el presidente López Obrador empieza a toparse con pared en la Cámara de Diputados, pero en Sinaloa Rubén Rocha tiene todos los hilos de los poderes en sus manos. Y se haga lo que se haga con el alcalde, será decisión de él.
Bola y cadena
TIENEN CON QUÉ HUNDIR a Estrada si esa fuera la decisión, aunque tengo mis dudas de que quieran privarlo del cargo. De acuerdo al artículo 23 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, “Si el Congreso del Estado, por mayoría de los Diputados presentes, resuelve que ha lugar a formular la acusación, el denunciado quedará separado de su cargo. En caso contrario, continuará en el ejercicio de las funciones que esté desempeñando y el expediente se archivará como asunto concluido”.
Sentido contrario
PERO SI LA ACUSACIÓN PROCEDE, de acuerdo al artículo 24, …”Se formulará ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, acompañándola de las actuaciones practicadas y se designará una Comisión de Acusación compuesta de tres Diputados para que la sostengan”.
Esto es muy interesante porque aquí entraría el otro de los tres hombres con más poder político en Sinaloa: Enrique Inzunza Cázarez, el secretario general de Gobierno, ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia y el segundo al mando en el gobierno estatal.
Humo negro
TODO BAJO UNA ADVERTENCIA que hace la misma Ley en su artículo 30: “No procede recurso legal alguno en contra de las resoluciones de los Jurados de Acusación y de Sentencia”. Es decir, que tienen a Estrada en un puño. ¿Qué harán con él? apenas ellos saben.
Artículo publicado el 24 de abril de 2022 en la edición 1004 del semanario Ríodoce.
