En los años ochenta, al PRI ya no le alcanzaba para ser el aglutinador de todas las fuerzas políticas. El PAN crecía en apoyo electoral y la izquierda se unía en un partido llamado Socialista Unificado de México (PSUM).

Sin embargo, desde el Gobierno y el Partido, las resistencias eran enormes y se consideraba un deber cívico detener a “como fuera” el avance de la oposición.

En los últimos meses, estamos viendo la reedición de ese viejo priismo que en una mezcla de fanatismo e interés, mantiene convencidos a sectores del gobierno y de su partido de que perder la elección el 2024, aunque fuera en una elección limpia y democrática, sería un grave daño a la “transformación del país”.

Lo atestiguamos todos los días con la descalificación presidencial a quienes no piensan igual que él; con los embates al INE, con el sistemático ataque a la prensa libre, las presiones a la Corte y con el comportamiento de desprecio a la Constitución y a la Ley, que tuvieron Morena, el presidente, gobernadores y altos funcionarios en el reciente proceso de revocación de mandato.

Y ahora, un nuevo capítulo de abuso y desfachatez, tiene por escenario la Cámara de Diputados.

Aquí estamos viendo lo que el gobierno y su partido son capaces de hacer con tal de imponer su voluntad y modificar el marco constitucional aunque el mandato de las urnas, que no les da mayoría calificada, diga otra cosa.

La mayoría, para reformas constitucionales, equivale a dos terceras partes de diputados y diputadas que asistan a la sesión, no del total de los 500 diputados, luego entonces el oficialismo y Morena vieron que solo había dos maneras de obtenerla: convenciendo a diputados opositores o impidiendo su llegada al recinto.

No hubo convencimiento y más bien ante la insistencia del propio presidente para que los diputados del PRI cambiaran su posición, se solidificó el bloque opositor y de manera pública dirigentes y legisladores se comprometieron a votar en contra.

Quedó entonces la alternativa de impedir su llegada al recinto parlamentario, por lo que la Secretaría General de Morena, la Senadora Citlalli Hernández, anunció una “manifestación de apoyo” cuyo objetivo, no confesado pero evidente, era tomar los accesos a San Lázaro el martes, día citado para discutir las reformas en el pleno.

Los líderes de las fracciones opositoras y dirigentes de los partidos, se adelantaron y desde el lunes por la tarde entraron a la Cámara para pernoctar en su oficinas.

La inminencia de la derrota hizo brotar la “genial” marrullería de Morena, que apareció en forma de acuerdo de la JUCOPO de diferir para el domingo 17, la votación en el pleno.

Por el feriado de Semana Santa, esta colaboración se terminó de escribir el martes, sin descartar que de repente se haya recurrido a otra patraña, sacando un nuevo acuerdo que cite para Jueves Santo o Viernes de Dolores, pero si no fue así, esperemos que la chicanada no haya funcionado y que hoy a esta hora que está usted leyendo Ríodoce, estén en sus curules la totalidad de los diputados y diputadas del bloque opositor.

La mayoría oficialista está demostrando sin recato, sin pudor alguno que en su intento de imponer su agenda y mantenerse en el poder no tienen límites morales, politicos y mucho menos legales.

Ya fuimos testigos de las violaciones constitucionales alentadas desde la silla presidencial en el proceso de revocación de mandato, constatamos el abuso a los destinatarios de programas sociales para llevarlos a votar, pudimos ver la confesión expresa de delitos electorales por parte del Presidente de Morena y de altos funcionarios del Gobierno Federal, pasando por gobernadores y funcionarios de toda ralea.

En aquellos años en que el “viejo PRI” se aferraba al poder, desde la Secretaría de Gobernación se acuñó una frase que liberaba de cualquier escrúpulo moral o político y hasta de responsabilidad penal, a las pandillas de defraudadores de la voluntad popular: “El Fraude Patriótico”.

Se permitía robar, secuestrar, desaparecer, violentar opositores. Mandarles auditorías dirigidas a exterminar su fuente de ingresos; rellenar urnas, falsificar actas, obligar a la gente a votar con amenazas o a cambio de dinero.

Todo estaba justificado bajo la premisa de evitar que “los conservadores; los herederos de Maximiliano; los enemigos de la revolución; los hijos de Miramón y Mejía”, llegaran al gobierno. ¡Eso era defender a la patria!

Ya México demostró que pudo contra esa falacia. Ni conservadores ni liberales, ni chairos ni fifís. Somos mexicanos y somos mucho país como para permitir que se lo acaben los del “fraude patriótico”, ahora recargado.

Artículo publicado el 17 de abril de 2022 en la edición 1003 del semanario Ríodoce.