Hace unos días me preguntaba un reportero como veía lo del pago de 140 millones al grupo Nafta —me dice una regidora que fueron 147— en compensación por los daños y perjuicios ocasionados de una obra autorizada por el gobierno municipal y, mejor, insistía, que me parecía que irían por los ex alcaldes involucrados en esta pérdida multimillonaria de las finanzas públicas municipales.
Le respondí sobre lo primero que el alcalde al menos no había pagado los 300 millones que en el inicio quería pagar y la entonces Síndica Procuradora había corregido la plana para quedar en 140 millones de pesos.
Y sobre lo segundo me parecía lo más razonable pues por corrupción o negligencia debería ir por los funcionarios puestos en entredicho para resarcir el daño cometido contra la Comuna o mejor a cada uno de los contribuyentes del puerto.
Entonces, había que repartir las responsabilidades administrativas que dejaron pasar hasta acumularse la deuda hoy pagada seguramente con el dinero recolectado por el impuesto predial y bienes materiales del municipio.
Alejandro Higuera (2011-2013), Carlos Felton (2014-2016), Fernando Pucheta (2017-2018) y Joel Bouciéguez (2018) son los alcaldes que estaban en entredicho cuando cayó la sentencia en contra de las arcas municipales.
Sorprendentemente las demandas fueron selectivas y solo van contra el panista Carlos Felton y dos funcionarios de su gobierno, entre ellos, la hoy secretaria de Turismo, nada contra el resto, pero, especialmente, nada contra Alejandro Higuera, pues fue durante su administración cuando se otorgó el permiso para la instalación de la gasolinera revocada.
Aquí hay dos cuestiones dignas de atención; por un lado, si el director de Planeación del tercer gobierno de Higuera otorgó el permiso irregular, lo correcto es que se le demande tanto a él como al responsable político del municipio. ¿Acaso los funcionarios municipales no electos se mandan solos?
Claro que no, el alcalde en funciones es responsable por acción u omisión. Por lo tanto, Higuera debería entrar en la demanda para buscar resarcir el daño patrimonial a las arcas municipales. La otra cuestión es que al no repartir responsabilidades prácticamente deja la puerta abierta para salvarse a quienes se defiendan señalando que ellos NO entregaron el permiso de construcción.
Alejandro Higuera después de la derrota electoral sufrida en su última incursión electoral se dedicó a los negocios privados y hay quienes aseguran que trabajó para el grupo ARHE, el beneficiario de la sentencia multimillonaria.
Si fue así, eso explicaría mucho de esa omisión del actual alcalde, pero, además, el otro hito explicativo tendría que ver con la renuncia al PAN y la incorporación de Higuera como coordinador de la campaña del morenista Rubén Rocha Moya y, también, se dice, esperaba ser recompensado con la secretaría de Turismo del gobierno del estado.
Aspiración que se habría frustrado pues solo le alcanzó para ser el secretario particular del gobernador, aunque, por lo visto, la presunta relación empresarial le habría alcanzado para que el alcalde Benítez no lo utilizara como instrumento de venganza contra Rocha Moya sino para congraciarse con los “constructores” del nuevo Mazatlán.
O sea, estaríamos ante un arreglo entre elites económicas y políticas, y en esa lógica, la hebra se reventó por lo más delgado y sacó de su retiro político a Carlos Felton y será quien tenga que rendir cuentas ante los jueces y, si no se administra bien jurídicamente, podría terminar siendo despojado de sus bienes materiales o, peor, de su libertad.
Y es que Felton, no olvidemos, se la jugó como diputado federal con Felipe Calderón. Hay una foto en la tribuna de San Lázaro protegiéndolo para que tomara posesión del cargo de presidente constitucional, entonces, podría ser un candidato apetitoso para el morenismo que necesita demostrar que en “materia de corrupción, ni un paso atrás”.
Pero, igual, si no prospera la defensa jurídica por la puerta que se le deja semiabierta cabe la posibilidad de que salte, como antes lo hizo Alejandro Higuera, al redil morenista donde en estos momentos hay espacio para los renegados de la alianza PRI-PAN-PRD. El problema de Felton es que está apagado políticamente como una lámpara fundida.
Finalmente, están los posibles casos de negligencia de los alcaldes priistas, Fernando Pucheta y Joel Bouciéguez, que igualmente no fueron incluidos en la demanda y quizá, en el caso de Pucheta, se deba a que su grupo político presta servicios a Morena y en el de Bouciéguez lo tenga protegido el manto político de su amigo Quirino Ordaz.
Al tiempo.
Artículo publicado el 10 de abril de 2022 en la edición 1002 del semanario Ríodoce.