Piden abogados depuración en Fiscalía estatal

JUAN PEDRO FLORES. Mil carpetas empolvadas.

Respaldan las acusaciones contra la presunta red de complicidades al interior


Juan Pedro Flores Castillo, presidente de la “Academia Sinaloense de Abogados Penalistas Zona Norte”, José Luis Ortega Armenta, líder del Colegio de Abogados Ignacio L. Vallarta y Ricardo Beltrán Verduzco, dirigente de la Alianza Mexicana de Abogados, se pronunciaron porque Sara Bruna Quiñónez Estrada depure la Fiscalía General de Justicia del Estado de la red de corrupción que le heredaron sus antecesores.

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En entrevistas separadas, los abogados coincidieron que la nueva fiscal asumió el cargo sin fuerza y sin operadores en las vicefiscalías, por lo que aún es controlada por la red de funcionarios que se han enquistado en los cargos principales administrando una red de corrupción que va desde el más humilde agente del Ministerio Público hasta directores de carpetas de investigación y de litigación.

Denunciaron que, quienes integran esta red han acumulado tanta protección que desacatan las directrices de los nuevos funcionarios que han llegado a ordenar el desorden, a combatir la corrupción e impunidad en hechos delictivos y a acabar con el favoritismo a ciertas firmas de abogados y la obstaculización a independientes.

Flores Castillo, Ortega Armenta y Beltrán Verduzco pusieron nombres a esa red: el vicefiscal general, Dámaso Castro Saavedra, la directora de carpetas de investigación, Karla Patricia Favela Galaviz, la directora de litigación común, Yesenia Leyva Tortoledo. Y agregaron al director de litigación, Amaury Luque Valenzuela. Todos ellos, dijeron, se han enfrentado abiertamente al nuevo vicefiscal zona norte, Leonel Valenzuela.

Flores Castillo dijo que un mal cálculo de rezago generado por Castro Saavedra y sus incondicionales es de mil carpetas de investigación o de denuncias, algunas con hasta dos años sin actualización o indagatorias tan pobres que no prosperan a la judicialización en cuadernillo y mucho menos dan para una vinculación a proceso, en donde se exige una carga de prueba mínima.

“¿Qué podemos pensar que ocurre? Que ese conjunto de funcionarios fomenta la corrupción, no hay otra explicación.
Por ello, Quiñónez debe sacar la escoba y barrer la escoria heredada, antes de que sea tasada con la misma medida”, exigió.

JOSÉ LUIS ORTEGA. Carpetas manipuladas.

En tanto, Ortega Armenta opinó que las arbitrariedades en la manipulación de las denuncias o carpetas de investigación es más que evidente en lo local y con menor incidencia en lo estatal, pues hay víctimas de delitos que se quejan del favoritismo a firmas de abogados cuyo titular designó a los actuales funcionarios, pagando con celeridad a modo aquel favor.

“La forma de procurar justicia para todos, sin distingos, la entorpecen con diversos actos y omisiones, sin darle seguimiento, retardando, protegiendo a la parte acusada”, comentó.

Consideró que el Órgano Interno de Control debe de retomar las denuncias sobre irregularidades, integrar las carpetas de investigación hasta agotarlas y remover a las partes involucradas, en beneficio de una justicia pronta y expedita.

En tanto que Beltrán Verduzco dijo que las denuncias sobre corrupción y de la red de funcionarios que la integran es resultado de movimientos que se anticiparon con anterioridad, como la designación de la fiscal general, Sara Bruna Quiñónez, que asumió el cargo con la venia de su ex jefe y ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Sinaloa y actual secretario general de gobierno, Enrique Inzunza Cázarez.

RICARDO BELTRÁN. La fiscalía no es autónoma.


“Lo dijimos muchas veces, que la FGJE no sería más autónoma, y hoy es aniquilada, porque ella no toma sus decisiones sino que las recibe desde el gobierno. Con la nueva administración, no se fortalece la dependencia, sino que se limita”.

Los efectos de esa debacle es mayor corrupción, y actúa para que los delitos no se esclarezcan actuando en contrario a los intereses de la sociedad, incrementando los índices de impunidad, que ya son alarmantes.

“No hay tal cambio positivo con los cambios, sino un retroceso en la operación, mayor corrupción e impunidad en los delitos”, dijo.

Los abogados emitieron su opinión luego de que el litigante, Nicolás Molina López denunciara la red de complicidades para trabar y ocultar una serie de denuncias en contra de funcionarios contra la procuración de justicia y cuyos destinos son desconocidos.

Artículo publicado el 06 de marzo de 2022 en la edición 997 del semanario Ríodoce.

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