El ex coordinador Administrativo de Sedesol, Carlos Castro, fue absuelto esta tarde de los delitos de peculado y negociaciones ilícitas.

La Fiscalía Anticorrupción acusó que obtuvo beneficios económicos para él y para terceros con la compra de los colchones podridos que entregaron a los damnificados por la depresión tropical 19E en 2018.

Según la Fiscalía Carlos compró los colchones a sobreprecio a su amigo Francisco Benjamín Landgrave y a la empresa El Marichi, cuyo giro comercial no es la venta de colchones.

Las facturas fueron por dos millones 970 mil pesos, y según la Fiscalía, por los colchones solo se pegaron 420 mil pesos.

Esta tarde terminó con sentencia absolutoria en ambos delitos el juicio oral que empezó el pasado 9 de noviembre.

El juez Guadalupe Chávez Reyes señaló que la Fiscalía no acreditó que Carlos fue quien realizó las transferencias ni las negociaciones para la compra de los colchones.

Mencionó que los testigos que la Fiscalía ofreció para acreditar los hechos no acudieron al juicio y luego desistieron de ellos.

Uno de los testigos es el ex secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños, que acudiría para declarar que Carlos era quien tenía los tokens de la cuenta bancaria desde la que se pagaron los colchones y fue quien hizo los transferencias.

La otra testigo es la actual subsecretaria de Economía, Morayma Yaseen Campomanes, que acudiría para acreditar que Carlos fue quien eligió a los proveedores.

Por la inasistencia de esos testigos, dijo el juez, la Fiscalía no pudo demostrar que Carlos cometió las conductas delictivas.

Para acreditar las transferencias, indicó el juez, la Fiscalía solo llevó a una perito que confirmó que sí se hicieron las transferencias pero no estableció quién las hizo.

Según la perito las personas que podían manejar los recursos de esa cuenta, eran Carlos, Raúl Carrillo y Óscar Camacho.

El juez mencionó que la Fiscalía no estableció cómo concluyó que fue Carlos el que las hizo y no Raúl u Óscar.

Para demostrar que Carlos fue quien hizo las negociaciones ilícitas, abundó, la Fiscalía solo llevó a declarar a María Isabel Rayas que fue la intermediaria con los vendedores.

Explicó que en su declaración la señora hizo referencia que el trato para la compra lo hizo con Benjamín Landgrave y que días después acudió acompañado de Carlos.

La señora siempre dijo que mantenía comunicación con Benjamín, que él era quien le entregaba el dinero y nunca hizo referencia a que las negociaciones o el trato se hizo con Carlos y la Fiscalía no aportó otras pruebas para demostrarlo.

Otros vendedores de colchones que acudieron a declarar no pudieron precisar que Carlos es la persona que fue a comprarlos.

En el último día de juicio la Fiscalía intentó reclasificar el delito de peculado por abuso de autoridad pero este delito tampoco se demostró.

Las pruebas no establecen que el acusado realizó los hechos, no acreditan que realizó la disposición de los recursos y tampoco la compra, expresó el juez.

Al salir del Centro de Justicia, Carlos Castro, dijo que salía tranquilo, con la frente en alto y el nombre limpio.

“Como siempre lo pudimos asegurar nosotros no tuvimos participación en los hechos y pues realmente hoy ganó la justicia, ganó la verdad, yo creo que la parte que acusaba tuvo todo el tiempo del mundo, tuvo toda la estructura, aquí fue una lucha entre toda la estrutura de gobierno con todos los recursos contra un ciudadanos de a pie,  sin embargo, bendito Dios, saliendo con la frente en alto y por la puerta de enfrente de esta situación”, dijo.

Mencionó que la fiscalía desde “un principio faltaron a la verdad,  faltaron a la presunción de inocencia que debía hacer gozado y a muchos principios que hoy nos damos cuenta que afortunadamente el Poder Judicial ha podido esclarecer y mencionar tajantemente la absolución que hoy se da”.