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Acusan a abogado de coacción en juicio por colchones podridos

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Un amigo del ex coordinador Administrativo de Sedesol, Carlos Castro Olivas, acusado de comprar los colchones podridos, acusó que en 2018 fue coaccionado para que aceptara la responsabilidad y a su contador para que facturara los colchones.

A la audiencia de juicio de hoy, acudió a declarar, Benjamín Landgrave, quien señaló al abogado de Carlos, al que solo identificó como el licenciado Arámburo.

En el juicio el acusado ha sido defendido por el abogado Marco Antonio Arámburo Inzunza quien a la audiencia de hoy no acudió.

El testigo dijo que él y Carlos eran los mejores amigos.

Castro Olivas fue detenido el 17 de octubre de 2018 y Landgrave señaló que el día 22 el abogado lo buscó para pedirle que acudiera a declarar como testigo y que asumiera la responsabilidad de los colchones podridos y dijera que él había hecho todo.

El abogado le dijo “Carlos no sabe el problema en el que está, a Carlos le han metido este pedacito pero le falta este”.

El empresario se negó y presuntamente el abogado le dijo que si hablaba con Carlos sobre eso se atuviera a las consecuencias.

El mismo día, indicó, a su correo electrónico le llegó un amparo enviado desde el correo de Carlos.

Aseguró que él nunca lo solicitó, sin embargo el documento tenía su firma.

Manifestó que también el 22 de octubre le llegó a su correo el timbrado de dos facturas emitidas por él como persona física, una por un millón 350 mil pesos y una por 270 mil pesos.

Intentó hablar con su contador pero no atendía las llamadas y cuando pudo comunicarse, indicó, este le dijo que las había hecho por que Carlos y su abogado se las habían pedido.

“Tuve rabia, me sentí engañado por mi mejor amigo, en ese entonces”, expresó.

Aseguró que él no vendió los colchones al Gobierno del Estado pero sí ayudó a Carlos a conseguirlos en Guadalajara.

Manifestó que contactaron a una vendedora de colchones y entre ella y Carlos acordaron la compra-venta de dos mil, en mil 350 pesos cada uno.

Señaló que Carlos se regresó a Culiacán y él se quedó allá para coordinar la logística del envío.

Detalló que Carlos hizo los depósitos por un millón 350 mil y 270 mil pesos a su cuenta y de ahí pagaba los colchones conforme los mandaban a Culiacán.

Los colchones, expresó, venía sellados y no se veían sucios ni en mal estado.

Abundó que solo alcanzaron a enviar mil 200 colchones porque cuando se dio a conocer que estaban en mal estado, pararon la compra.

“Yo nunca fui él proveedor, dicen el amigo que vendió los colchones, no, yo no fui el que los vendió”, manifestó.

Tras conocerse el estado de los colchones, indicó, Carlos y él buscaron a la señora que los había vendido pero no la encontraron.

Manifestó que fueron a un despacho de un amigo de Carlos en Guadalajara y éste le pidió que le ayudara a sacar del apuro a la señora.

Abundó que Carlos le dictó fechas y números a su amigo y a decirle qué hacer.

Aseguró que él grabó esta acción pero no entregó los videos a la Fiscalía por temor que le hicieran algo y decidió hablar de la existencia de los videos hasta hoy, ante el Juez.

Dijo que Carlos no obtuvo ninguna ganancia de la negociación de los colchones y él tampoco.

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