julio 28, 2021 6:57 AM

Gobernador instruye quitar delito a acusado de comprar colchones podridos

CARLOS CASTRO. Una manita del gober.

La Fiscalía Anticorrupción, con anuencia del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, intentó retirar la acusación por peculado al presunto responsable de comprar los colchones podridos.

Lea: El fraude del funcionario de Sedesol por caso de colchones https://bit.ly/2CA4isT

El Juez rechazó la solicitud de retirar la acusación debido a que el Ministerio Público no obtuvo la autorización del Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo.

Durante dos años la Fiscalía Anticorrupción sostuvo la acusación contra el ex coordinador Administrativo de Sedesol, Carlos Castro Olivas, por dos delitos y pedía 14 años de cárcel.

Al iniciar el juicio, la Fiscalía pretendía que al acusado de comprar los colchones podridos que entregaron a los damnificados por la depresión tropical 19-E, solo lo juzgaran por el delito de negociaciones ilícitas, el que tiene la pena menor.

Por peculado, el delito que el Ministerio Público quiso retirar, piden una condena de 10 años de prisión, por el de negociaciones ilícitas pide cuatro años de cárcel.

Al iniciar el juicio oral el lunes 9 de noviembre, el Fiscal dijo al Juez que reclasificaría el delito y seguiría el juicio solo por negociaciones ilícitas.

El Juez Guadalupe Chávez, fue insistente con la Fiscalía y varias veces preguntó ¿por qué esperar hasta este momento para reclasificar?

Señaló que era insistente porque están involucrados recursos públicos y la sociedad debe tener claro lo que está pasando y las decisiones que se están tomando tanto de las partes como del Juez.

Inicialmente el Fiscal Librado Romero respondió que lo hacían atendiendo el principio de lealtad y congruencia, y ante la insistencia del juzgador mencionó que por fue porque no se estableció que el acusado obtuvo un beneficio económico para él o para terceras personas y porque “no se estableció la ruta del dinero”.

De acuerdo con el Código Penal comete el delito de peculado el “servidor público que para sí o para otro se apropie de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa pertenecientes a los poderes, dependencias o entidades de la administración pública del Estado, de un municipio”.

Después de que la Fiscalía pidió la reclasificación, el defensor, Rafael Trejo, solicitó al Juez de Enjuiciamiento devolver la causa penal a un Juez de Control para buscar una terminación anticipada y evitar el juicio oral.

El abogado mencionó que por la acusación por los dos delitos no podía obtener el beneficio de una salida alterna por eso pretendían solicitarla ahora.

Tras la petición, el asesor victimal, Luis Manuel Ayala, pidió al Juez un receso para hablar con el representante del agraviado, en este caso el apoderado legal del Gobierno del Estado.

Durante el receso el apoderado hizo llamadas telefónicas y el defensor y la Fiscalía hablaron sobre el acuerdo.

Al regresar del receso de 10 minutos, el defensor dijo al Juez que propondrían el pago de 2 millones de pesos como reparación del daño para terminar el proceso sin llegar a juicio.

 

El apoderado de Gobierno, César Gutiérrez, dijo estaban de acuerdo con la propuesta.

—¿Quién autoriza?—, preguntó el Juez

—Yo, yo soy el apoderado legal

—Pero, a usted ¿quién le autorizó?

–El Secretario General de Gobierno y el Gobernador

 

El Juez mencionó jurisprudencias y tesis de la Suprema Corte y explicó que no se podía devolver la causa penal a un Juez de Control.
Una vez que termina una etapa procesal, indicó, ya no se puede regresar.

En este caso la etapa intermedia terminó con el dictado de auto de apertura a juicio oral, abundó.

El límite para solicitad una salida alterna, detalló, es hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral.

El juzgador rechazó devolver la causa penal a un Juez de Control y cerró la posibilidad de que haya un acuerdo para evitar el juicio oral.

Aclaró a la Fiscalía que lo que estaban solicitando no era una reclasificación sino un desistimiento de la acusación.

Para desistir de la acusación por peculado, el Juez pidió al Ministerio Público que llevara la autorización del Fiscal General y reprogramó la audiencia para el viernes.

Ese día, el Ministerio Público insistió en reclasificar el delito de peculado y el Juez respondió que ya se había pronunciado en la audiencia anterior y preguntó si llevaba la autorización del Fiscal para solicitar el desistimiento.

El Ministerio Público contestó que no tenía la autorización del Fiscal y el Juez continuó con la audiencia de juicio por los dos delitos.

En los alegatos de apertura, el fiscal José Antonio Cota, expresó que el servicio público es una oportunidad de servir a la sociedad pero el acusado, con el cargo que ostentaba y a sabiendas de que eran actos indebidos, adquirió y entregó colchones en mal estado.

Para auxiliar a los afectados el acusado dispuso de recursos y compró colchones que resultaron insalubres y en mal estado con apariencia de nuevos, señaló.

Aseguró que durante el juicio se demostrará la plena responsabilidad de Carlos Castro.

La defensa tendrá argumentos carentes, dirá que la acusación no tiene ningún sustento legal y que él solo cumplía órdenes del Secretario, no se deje engañar su señoría, expresó.

Para la audiencia del viernes fueron citados los primeros cuatro, de los 23 testigos que rendirán su declaración, pero no acudieron.
El juicio oral continuará este martes 17 de noviembre.

Según la Fiscalía compró colchones usados y a sobreprecio por 2.9 millones de pesos a empresas cuyo giro comercial no es la venta de colchones.

Una de las personas que vendió los colchones, asegura la Fiscalía, es amigo de Carlos.

Artículo publicado el 15 de noviembre de 2020 en la edición 929 del semanario Ríodoce.

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