La pugna al interior de la comuna escribe un episodio más entre la síndica procuradora Sandra Martos Lara y el alcalde Jesús Estrada Ferreiro. El nuevo capítulo se escribe después de que el tercer informe semestral del Órgano Interno de Control (OIC) del Ayuntamiento de Culiacán es rechazado por la Sindicatura de Procuración.

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El documento fue presentado el 12 de julio ante regidores del Cabildo de Culiacán a través de Fernando Basilio Torres Gómez, titular del OIC. El informe de 33 páginas da cuenta de las acciones de investigación al interior de la comuna, sin embargo, este no es reconocido por la funcionaria Sandra Martos.

“Aquí desde el principio las cosas no se hicieron correctamente, primero ese informe debió haber pasado a la sindicatura de procuración para la revisión, el cotejo, las sugerencias, el chequeo de ese informe y bueno, hacérsela llegar como dictamen de parte de esta sindicatura de procuración al OIC y hacer esta coordinación y sinergia que se debió hacer desde el principio y que no se ha podido trabajar debido a que este OIC ha estado secuestrado desde el inicio de la administración”, dijo.

El informe de Torres Gómez da cuenta de 347 expedientes contra funcionarios del Ayuntamiento de Culiacán y de 34 auditorías a dependencias municipales en las que se encontraron anomalías en cinco casos pero sin especificar cuáles. Y al no tenerlo nunca en las manos la síndica procuradora se deslinda.

“Pues yo me tengo que deslindar de algo que no conozco e igual me deslindé de los anteriores informes y que dicho sea de paso, lo presentan como si fuera un asunto de correspondencia y que en ningún momento se tome en cuenta para que se haga alguna información presencial o mínimamente se toquen detalles alusivos a este informe en las reuniones de cabildo, entonces esa es otra razón por la cual yo no tenía por qué estar a favor de ese informe y deslindarme totalmente de cualquier información que estuviera al interior del informe y lo digo y lo sostengo: no puedo yo estar de acuerdo con esto por todos los procedimientos y desde luego porque el contenido es somero”, explica.

“Es el tercero que mantiene sólo datos muy, vamos a decirlo, sencillos, sin ninguna contundencia de análisis, simplemente arrojar números como si estuviera en un trabajo escolar y finalmente eso no nos lleva a nada”, añade.

Según la Ley, el síndico procurador propondrá el nombramiento del titular del OIC a cabildo, revisará su informe anual de resultados y semestral, así como su programa de trabajo, cosa que en Culiacán no ha sucedido según la funcionaria, quien agrega que esta práctica de designarlo al final de la administración no es del todo transparente.

El actual titular del OIC entró a su cargo después de que en la última sesión de Cabildo de la anterior administración el 15 de octubre de 2018, los regidores votaron por su designación, donde por tres años el cargo será ocupado por Torres Gómez quien sustituyó a Silvia González Urquiza.

La figura del OIC, de acuerdo con la Ley de Gobierno Municipal, tiene a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de los ayuntamientos y de particulares vinculados a faltas graves.

Sin embargo en el último semestre la gestión de Torres Gómez apenas ha sancionado a cuatro funcionarios y amonestado a uno como resultado de 347 denuncias administrativas.

La historia se repite

El 18 de julio en sesión de Cabildo se rechazó la solicitud del Comité Coordinador Anticorrupción del Estado que proponía ciudadanizar al OIC a través de la selección de su próximo titular. La disposición quedaría con una designación de una comisión integrada por la Síndica Procuradora y las comisiones de gobernación.

Y esta comisión sería la encargada de convocar y coordinar el proceso de elección de los integrantes del OIC, mismo que consistirá en una convocatoria pública y abierta. Pero quedó desestimada.

El proceso continuará como ha seguido hasta ahora. Y lo correcto, según Sandra Martos, sería que esa responsabilidad fuera de la siguiente administración.

“Y bueno, en ese sentido también con los regidores les comenté que era importante considerar que la próxima administración tendría también la obligación y el derecho con su nuevo síndico procurador, quien fuera, de darse a la tarea, de elegir, de buscar aquel elemento que sea funcional conforme a los propósitos de trabajo que se tienen que realizar en la sindicatura de procuración a través de un OIC y que es la persona que le competía hacerlo y pues a mi juicio no era correcto ni justo que le truncáramos esta posibilidad al nuevo síndico procurador”, dijo.

“Y que deberíamos nosotros de dar esa oportunidad para que el nuevo síndico hiciera la tarea que le compete y no le sucediera lo que le sucedió a tu servidora, que 15 días antes de que tomara mi cargo y tomara protesta, se elige a través de propuesta de la síndica procuradora saliente al OIC, propuesta a cabildo, lo votan a favor y queda quien está ahorita que no tiene nada qué ver con el trabajo que nosotros veníamos planeando de transparencia y combate a la corrupción y hasta ahora ahí están las cosas y la evidencia más que clara de lo que ha estado sucediendo toda la administración, y que ha sido difícil trabajar y el trabajo que ellos han hecho totalmente nulo”.

Este tipo de procesos, según concluye la síndica procuradora, dan más la impresión de querer cuidarse las espaldas.

“¿Por qué buscar que un OIC se elija desde antes de que termine una administración, a quién buscan proteger, a los alcaldes que están saliendo, a la gente que está saliendo? ¿Por qué no esperar conforme marca la Ley a quien le corresponde, qué se está buscando, qué se está pretendiendo?”.

Artículo publicado el 02 de agosto de 2020 en la edición 914 del semanario Ríodoce.