Mientras el presupuesto del gasto público para el 2020 contempla apenas un crecimiento nominal del 2.7 por ciento, los organismos autónomos de Sinaloa fueron favorecidos con un incremento global del 9.08 por ciento para el año que inicia en comparación con el 2019.

De acuerdo con el dictamen aprobado por el Congreso del Estado, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2020, la lista de los organismos autónomos más beneficiados está encabezada por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa con un incremento en su presupuesto en un 45.33 por ciento, seguido por el Instituto Electoral (IEES) con el 40.68, y en tercer sitio, el Tribunal de Justicia Administrativa con el 34.95 por ciento,

Dentro de los organismos autónomos, el que tuvo el menor incremento del presupuesto para el 2020 fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos con apenas el 5.07 por ciento.

El caso de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) destaca en el Presupuesto del 2020, ya que se había estancado en los últimos ocho años, y ahora recibió un incremento del 12.19 por ciento.

Días previos a la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2020, los comisionados de la CEAIP, sostuvieron una reunión con la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, presidida por la diputada Victoria Sánchez Peña, ante quien plantearon la necesidad de mayor presupuesto.

En el encuentro, el comisionado presidente de la CEAIP, José Alfredo Beltrán, afirmó que el órgano de transparencia de Sinaloa era uno de los más rezagados en el país en materia financiera al estar ubicado en el lugar 19 en cuanto a presupuesto per cápita para órganos garantes, por debajo incluso del promedio nacional.

Desde el año 2011, precisó, el presupuesto de la CEAIP se mantenía estancado, lo que equivalía además en una disminución real pues el presupuesto no se había actualizado al índice inflacionario por varios años.

Planteó además que a pesar de las reformas constitucionales en transparencia de 2016 y 2017, que introdujeron nuevas obligaciones para los órganos garantes del país, como la protección de datos personales, el presupuesto no se ha incrementado.

En el último informe del Tribunal de Justicia Administrativa, el magistrado presidente, Jorge Iván Chávez Rangel, había alertado al Poder Legislativo, el historial que tenían, subordinado financieramente al Poder Ejecutivo.

“Mientras esta situación no cambie, es previsible que el funcionamiento de la institución empeorará progresivamente y permanecerá condicionado o vulnerable a los intentos sistémicos de mermar su independencia”, señaló a los diputados en mayo de 2019 al entregar el informe de actividades.

El IEES también planteó por separado sus necesidades a los diputados. En la propuesta inicial, el organismo había solicitado un presupuesto para el 2020 de 121 millones de pesos, ya que el presente año inician los preparativos de la jornada electoral que será realizada en el 2021 para renovar alcaldías, diputaciones y la gubernatura.

En los preparativos del IEES se tiene contemplado, entre otras actividades, la renta de oficinas y adquisición de equipo de cómputo, como parte de la organización del proceso electoral próximo en Sinaloa.

Por su parte, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa había planteado a los diputados la aprobación de un presupuesto suficiente, según trascendió en entrevistas periodísticas de 46 millones de pesos, para tener la capacidad de atender las necesidades que se derivarán del proceso electoral 2020-2021.

Ante la Comisión de Hacienda, el presidente del Tribunal Electoral argumentó el aumento de trabajo del organismo por la próxima contienda electoral en Sinaloa, lo que derivará en la presentación de inconformidades de partidos políticos, aspirantes a cargos de elección popular, así como de ciudadanos.

Desde la celebración en noviembre del informe de labores en 2019, el presidente del Tribunal Electoral, Guillermo Torres Chinchillas, había expresado las dificultades económicas del organismo por la disminución del presupuesto en ese año por el orden del 14.5 por ciento en relación con el 2018.

En ese marco, Torres Chinchillas afirmó que el monto mínimo para operar el Tribunal era de 32 millones de pesos para estar en la capacidad de ofrecer justicia electoral y brindar servicios diversos en materia de capacitación.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) había expuesto en 2019, al rendir su informe de labores, que había llevado una adecuada administración de sus recursos, ejerciendo medidas de austeridad para lograr ahorros, lo que les había permitido que, a pesar del limitado presupuesto, cumplir con los programas de defensa, promoción, divulgación y protección.

Artículo publicado el 05 de enero de 2020 en la edición 884 del semanario Ríodoce.