La regulación adecuada es base de una sociedad segura y, en este caso, de una sociedad sana también. Una Iniciativa Privada (IP) suelta, que se auto regula, es tan peligrosa para la salud pública como la peor de las pestes.
Pero al decir IP no generalizamos; se trata solo del sector de productores de la chatarra que ayudó a que pasáramos del 71 al 75 por ciento de mexicanos con problemas de sobrepeso en siete años.
Tan solo conocer la nueva cifra costó al Inegi 196 millones de pesos. Es una barbaridad lo que cuesta al Estado la atención a los pacientes que han sufrido las consecuencias de los malos hábitos alimenticios, desinformación y la pobre oferta de alimentos nutritivos, pues, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuesta más que el “huachicoleo”, unos 150 mil millones de pesos anuales, un gasto tan brutal como silencioso.
“La grave y enorme epidemia de la obesidad y sobrepeso, de diabetes, enfermedad cardio y neuro-vascular y un buen número de cánceres, entre otras enfermedades crónicas no transmisibles, representan hoy una amenaza grave a la persistencia del Estado Nacional”, declaró Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en el Foro Internacional de Alto Nivel en Prevención de la Obesidad Infantil.
“Necesitamos políticas públicas integrales, no se puede esperar más. El problema es tan grave y tan grande que hay que actuar de manera inmediata”, agregó.
Las buenas intenciones, la arborización y las campañas de responsabilidad social no logran (ni lograrán) compensar el daño que han causado los productos que el sector privado elabora.
Solo el correcto apego a las políticas públicas de salud que se vienen, como el nuevo etiquetado de advertencia, por ejemplo, le dará a la IP parte de la credibilidad y el sentido de verdadera responsabilidad social que añoran.
Artículo publicado el 22 de diciembre de 2019 en la edición 882 del semanario Ríodoce.
