El ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, José Luis Ulloa Miranda, intentó suspender el proceso penal que hay en su contra pero el Juez rechazó hacerlo.

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El ex funcionario del Gobierno de Mario López Valdez pretendía librar el juicio siguiendo el mismo camino que el ex director de Control Administrativo, Dionisio Sánchez Félix.

A Sánchez Félix un Juez le concedió la suspensión sin pagar reparación del daño el 8 de mayo pasado, con lo que evitó llegar a juicio y ahora solo debe vivir en un mismo lugar y acudir a firmar al Juzgado durante un año.

Los dos funcionarios y el ex Jefe del Departamento de Concursos, Armando Trujillo Sicairos, están acusados del delito de ejercicio indebido del servicio público por realizar licitaciones a modo y entregar contratos a empresas cuyas propuestas técnicas y económicas incumplían con las bases del concurso y debieron ser desechadas.

Las empresas ganadoras construyeron dos etapas del Tiburonario de Mazatlán, del que colapsó el acrílico en enero de 2017.

En una audiencia celebrada el pasado viernes 24 de mayo en el Centro de Justicia Penal, los defensores de Ulloa Miranda usaron los mismos argumentos que los abogados de Sánchez Félix para obtener la suspensión del proceso.

El defensor Rafael Trejo Soto dijo que no había una base objetiva para calcular la reparación del daño.

La conducta que imputan a Ulloa Miranda es de validar contratos de empresas que sí hicieron las obras y si las obras presentaron fallas, las empresas constructoras debieron hacerse responsables, manifestó.

El abogado solicitó al Juez conceder la suspensión sin reparación del daño e imponer condiciones como residir en un lugar determinado y una medida de vigilancia que el juzgador considerara pertinente.

Mencionó que ya existe un antecedente en la misma causa penal en la que otro juez consideró que no había una base objetiva para calcular la reparación del daño y concedió la suspensión a otro de los imputados.

La Fiscalía y el Gobierno del Estado, en su calidad de afectado, se opusieron a la suspensión sin reparación del daño.

La Ministerio Público, Blanca Morales, dijo al Juez que de conceder la suspensión se enviaría un mensaje negativo que demostraría que en Sinaloa los actos de corrupción no son sancionados por las autoridades jurisdiccionales.

La suspensión del proceso sin reparación del daño, indicó, sería una sentencia absolutoria de un hecho de corrupción.

Aseguró que la Fiscalía cuenta con pruebas contundentes para demostrar la responsabilidad de Ulloa Miranda durante el juicio.

El Ministerio Público, José Antonio Cota Ontiveros, mencionó que de aceptar la suspensión del proceso se dejaría en estado de indefensión a la víctima.

El Fiscal Librado Romero Martínez señaló que con la reforma constitucional de 2008 se introdujo la justicia restaurativa, la cual contempla la suspensión condicional cuya prioridad es la reparación del daño.

Sobre la suspensión de Dionisio Sánchez, dijo que la Fiscalía apeló la decisión del Juez que la concedió.

Tras escuchar a las dos partes, el Juez Adán Alberto Salazar Gastélum resolvió negar la suspensión condicional del proceso.

Dijo que no había condiciones para concederla y la oposición de la Fiscalía estaba fundada.

Uno de los ejes centrales de la justicia restaurativa, manifestó, es la reparación del daño y en este caso el imputado no propone ningún plan de reparación.

“Hay una gran diferencia de pretensiones, la defensa dice que no hay daño y la Fiscalía dice que el daño es de 34 millones de pesos, es una diferencia abismal”, dijo.

Además, expresó, no hay un acuerdo entre las partes para la suspensión.

De la suspensión concedida a Dionisio Sánchez a la que hizo referencia el defensor, dijo que él estaba valorando los argumentos de la audiencia de Ulloa Miranda y no lo que se había hecho en el otro caso.

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Al salir del Centro de Justicia, el abogado defensor mencionó que impugnarán la negativa del Juez y dijo estar seguro de que la Fiscalía no apeló la suspensión condicional de Dionisio Sánchez.

Señaló que se está aplicando justicia selectiva, ya que a uno de los involucrados sí le concedieron la suspensión y a otro no.

Ulloa Miranda está vinculado a proceso desde noviembre de 2018.

La Fiscalía ya presentó acusación formal en su contra por lo que en la próxima audiencia dará a conocer las pruebas que presentará durante el juicio.

En la audiencia inicial en noviembre, Ulloa Miranda dijo: “No estoy de acuerdo (con la imputación de la Fiscalía) toda vez que las cosas no son como las quieren hacer ver, no decido a quién se le asigna una licitación”.

Reconoció que sí había firmado las actas de fallo de los concursos pero que no tenía facultades para elegir a las empresas ganadoras.

Las propuestas técnicas y económicas que presentaban los participantes son revisadas por un equipo técnico de la Secretaría y son ellos quienes deciden cuáles cumplen con los requisitos y son viables, y elaboran el dictamen de fallo.

Su participación en los concurso de licitación, dijo en esa ocasión, solo era subir al sistema Compranet las bases de los concursos.

De acuerdo con la Fiscalía, de ser encontrado culpable podría alcanzar una pena de hasta siete años de cárcel.

Como sanción la Fiscalía también pide el pago de 34 millones de pesos como reparación del daño.

Artículo publicado el 26 de mayo de 2019 en la edición 852 del semanario Ríodoce.