Gobierno del Estado va por elegir al primer comisionado de búsqueda de personas desaparecidas, y solo hubo tres personas interesadas.

Esta fue una convocatoria de siete días hábiles, en la que el abogado y ex dirigente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Carlos Roberto Valle Saracho; la abogada y visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cinthia del Rincón Castro, y el abogado y hermano de un policía desaparecido, Juan Carlos Saavedra Ortega, se anotaron.

De acuerdo con Ernesto Gaxiola Urtusuástegui, director de la Oficina de Atención de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, la elección se realizará el 2 de mayo por el Gobernador del Estado, luego de que analice los perfiles que se presentaron.

Esa elección será anticipada a la ley que apruebe el Congreso del Estado para la atención a las víctimas de desaparición y desaparición forzada de personas.

Gaxiola Urtusuástegui indicó que mientras se tenga una Ley General, no importa que se haga una designación previa.

“No hay una ley estatal, pero hay una ley general, y la ley general es la implicación general para todas las entidades federativas, ya hay una ley que nos está rigiendo atrás, que ya se publicó, que te exige a tener una comisión local de búsqueda, no se ha detenido, por eso no es necesario contar con una ley estatal así obligatorio para crear una comisión de búsqueda, porque ya tenemos el fundamento jurídico”.

En los requisitos, la Secretaría General del Estado estableció que los candidatos debían tener un título profesional expedido, así como haberse desempeñado en actividades relacionadas con desapariciones y desapariciones forzadas.

La persona que quede electa tendrá que adaptarse a las disposiciones legales que se establezcan en la Ley que apruebe el Congreso.

Quieren perfil conciliador

Los grupos de búsqueda de personas desaparecidas exigieron que la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos sea dirigida por una persona conciliadora.

La líder del colectivo de búsqueda de desaparecidos Sabuesos Guerreras, María Isabel Cruz, indicó que los tres perfiles que se inscribieron son idóneos para ocupar la Comisión, pero que cualquiera de ellas deberá atender principalmente la unión de todos los colectivos.

Lo anterior lo estableció tras reconocer que existe una descoordinación entre organizaciones para la creación de protocolos de protección y búsqueda, así como la captación de recursos.

“A nosotras nos sirve mucho porque ya no vamos a salir solas, tendríamos a alguien más que nos respalde, que tendría que hacer la chamba que le toca al gobierno, que no tenemos que hacerla nosotros”, expresó.

“Por esa parte vamos perfecto y nosotros empujando, y yo creo que en todos los estados es lo que se debería de hacer y es donde todas las víctimas deberíamos de unirnos”.

Cruz indicó que la persona que sea seleccionada deberá cubrir un perfil técnico y jurídico necesario para tratar de mejorar las condiciones de los colectivos en la labor de gestión de recursos y rastreo de personas desaparecidas.

La Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas comenzará a operar a partir de que se elija al titular.

Este a su vez tendrá que atender una serie de requerimientos que se establecen en la Ley Nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda, como la creación de un padrón de víctimas indirectas o el fortalecimiento interinstitucional con dependencias de derechos humanos, procuración de justicia.

Los grupos de búsqueda en Sinaloa señalan que la persona que se integre a las labores locales de la Comisión Estatal de Búsqueda deberá trabajar en:

• Crear un padrón de familiares de personas desaparecidas.
• Coordinarse con las comisiones de Derechos Humanos y Atención a Víctimas.
• Crear un proyecto de exhumación de cuerpos en fosas comunes y construir panteones forenses.
• Ordenar y priorizar los mecanismos de búsqueda con los grupos civiles.
• Coordinarse con la Fiscalía General del Estado para la creación de una base de datos estatal de muestras de ADN.
• Analizar los casos de cuerpos no identificados que deban tener registro de ADN.
• Crear protocolos de búsqueda armonizados con los establecidos por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Esta persona, además, tendrá que asumir la responsabilidad de coordinar los trabajos para la localización de las 6 mil 607 personas que se encuentran desaparecidas desde el 1 de enero del 2002 al 10 de abril de 2019, según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado.

¿Quiénes compiten?

Carlos Alberto Valle Saracho

El primero en inscribirse fue el ex dirigente de la Federación de Abogados de Sinaloa, quien además fundó y se convirtió en el apoderado legal del grupo de familiares en búsqueda de desaparecidos Rastreadoras por la Paz, luego de haber tenido un conflicto con el grupo Rastreadoras de El Fuerte, que ha hecho el hallazgo de más de 150 fosas clandestinas desde 2014 a la fecha.

Valle Saracho no tiene ningún familiar desaparecido, pero se ha integrado a las actividades de los grupos de búsqueda como representante legal, para la solicitud de recursos y fondos a organizaciones y entes gubernamentales a través de los fondos de reparación de las víctimas.

Además, mantiene su carrera como litigante, principalmente sobre asuntos administrativos, siendo el caso de Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud, el más importante que tiene ante el Tribunal Anticorrupción, pues actualmente sostiene dos juicios de nulidad para evitar que el médico pague más de 470 millones que se le señalaron por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Cinthia del Rincón Castro

Su registro se hizo bajo el apoyo de grupos de búsqueda de personas desaparecidas como Las Rastreadoras de El Fuerte, Sabuesos Guerreras y Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos.

Del Rincón Castro ha dedicado los últimos cinco años al acompañamiento de las víctimas desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde es visitadora adjunta. Además, ha hecho el acompañamiento de los grupos para la búsqueda de personas en fosas clandestinas en el norte y centro del Estado.

Es, entre los tres candidatos, la única que tiene estudios sobre género y justicia.

Antes fue Delegada Federal en Sinaloa del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Juan Carlos Saavedra Ortega

Fue el último en inscribirse, con una convicción distinta: es víctima indirecta de una desaparición, la del policía José Carlos Saavedra Ortega, quien fue privado de su libertad el 23 de enero del 2017.

Juan Carlos es abogado, y ha dedicado su carrera en labores como personal administrativo de entes gubernamentales, así como voluntario de Cruz Roja y Bomberos Culiacán.

Desde la desaparición de su hermano se integró a las labores de búsqueda con el grupo Sabuesos Guerreras, y ha adquirido conocimientos en temas forenses y periciales para hacer el reconocimiento de posibles restos humanos.

Artículo publicado el 28 de abril de 2019 en la edición 848 del semanario Ríodoce.