septiembre 23, 2019 5:38 am

Fiscalía sostiene acusación para exfuncionaria malovista por ejercicio indebido

María Alejandra Gil Álvarez-salud
ALEJANDRA GIL. Acusada de contratar sin licitación.

 

La ex directora Administrativa de la Secretaría de Salud, María Alejandra Gil Álvarez, no pudo detener su proceso penal.

Lea: El fiscal Ríos Estavillo propuso a Echeverría suspender su proceso legal https://bit.ly/2H3z6Fi

Los abogados trataron de suspenderlo pero por un cambio de situación jurídica de la imputada, no lo lograron.

Gil Álvarez es la única de los tres imputados de la Secretaría de Salud del Estado que sigue en proceso.

El Juez de Control y Enjuiciamiento negó sobreseer el caso en agosto del año pasado y la defensa promovió un amparo contra esa negativa y nos les fue concedido, el juicio se sobreseyó.

La ex funcionaria del Gobierno de Mario López Valdez está acusada de los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público por presuntamente entregar un contrato sin licitación para servicios de imagenología.

Por los mismos delitos fue vinculado a proceso penal el ex Secretario de Salud Ernesto Echeverría Aispuro, quien se apegó a un solución alterna para evitar el juicio oral y como reparación del daño pagó 7 millones de pesos por lo que en febrero pasado su caso quedó cerrado.

En otro involucrado era ex director de Atención Médica Jaime Otáñez García, por quien la fiscalía solicitó al Juez sobreseer el caso y le retiró los cargos.

Después de que la Fiscalía solicitó el sobreseimiento para Otáñez García, la defensa de María Alejandra hizo la misma petición al Juez.

En audiencia celebrada el 17 de agosto, los abogados dijeron que se estaba aplicando justicia selectiva debido a que al otro involucrado le retiraron los cargos y a ella se los sostienen.

El Juez rechazó sobreseer el caso y dictó el auto de apertura de juicio oral.

La defensa promovió un amparo contra la negativa de sobreseimiento el 27 de agosto, pero el Juez de Distrito sobreseyó el juicio en febrero pasado.

El Juez de Distrito consideró que era improcedente el juicio de amparo debido a que ya se dictó auto de de apertura de juicio oral por lo que ya no se puede sobreseer el proceso penal.

El sobreseimiento se dicta en la etapa intermedia y el proceso de María Alejandra ya pasó a la etapa de juicio oral.

“La actuación del Juez de Control concluye con el dictado del auto de orden la apertura del juicio oral, pues con esa determinación finaliza la etapa intermedia del procedimiento penal acusatorio, se tiene que, al emitirse ese auto, ya no procede analizar la violaciones alegadas”, señaló.

Indicó que “es evidente que ha operado un cambio de situación jurídica. En esa tesitura al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede sobreseer el presente juicio de amparo”.

La defensa de Gil Álvarez asegura que “estamos a todas luces ante una justicia selectiva” y ante un proceso penal de índole político.

ERNESTO ECHEVERRÍA. Negoció para evitar cárcel.

La Fiscalía ofreció llegar una solución alterna como ocurrió con Echeverría Aispuro, pero hasta la fecha no se ha concretado el acuerdo.

Lea: Echeverría cierra un proceso por corrupción y le abren otros https://bit.ly/2E5ZSu5

De aceptar una solución alterna, la ex funcionaria evitaría llegar a un juicio oral y con ello cancela la posibilidad de ser sentenciada a prisión de ser encontrada penalmente responsable.

La Fiscalía señaló que en el caso de Otáñez García se retiraron los cargos debido a que durante la investigación complementaria se estableció que no había pruebas para presumir su probable responsabilidad.

En el caso de María Alejandra, la Fiscalía asegura que cuenta con pruebas sólidas y suficientes para sostener la acusación y para solicitar la condena.

Para ella, la Fiscalía solicitó al Juez una condena de siete años de prisión y una multa de 300 días de unidad de medida de actualización por el delito de ejercicio indebido del servicio público y nueve años de cárcel y mil días de multa por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Por ambos delitos podría ser condenada a 16 años de prisión y al pago de 14 millones 775 mil pesos como reparación del daño en caso de ser declarada culpable.

Para el juicio oral serán llevados a declarar Echeverría Aispuro, Otáñez García y las cuatro auditoras de la Auditoria Superior del Estado que detectaron la adjudicación irregular el contrato; y 11 personas más, entre peritos, policías y funcionarios de la Secretaría de Salud.

María Alejandra fue vinculada a proceso penal desde noviembre de 2017.

La fiscalía la acusa de entregar un contrato sin justificar la excepción de la licitación y la procedencia de la adjudicación directa y sin realizar un estudio de mercado por lo que los pagos fueron ilegales.

La empresa beneficiada fue Herramientas Médicas S.A. de C.V. por un monto de 14 millones 775 mil pesos.

Según los abogados de Gil Álvarez, Ernesto Echeverría y Jaime Otáñez fueron quienes solicitaron no realizar el concurso de licitación para contratar los servicios de imagenología.

Para los abogados defensores de María Alejandra, la fiscalía no podrá demostrar la responsabilidad.

Artículo publicado el 10 de marzo de 2019 en la edición 841 del semanario Ríodoce.

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