En mayo de 2016, a unos días de la elección en la que triunfó Quirino Ordaz Coppel, un investigador norteamericano alertó sobre el hallazgo del listado nominal de Sinaloa publicado en una plataforma digital de Estados Unidos.
Dos años más tarde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reafirmó una multa de 43.7 millones de pesos contra el PRI y tres funcionarios del partido en Sinaloa por su omisión en custodiar la información de los electores, correspondientes al proceso federal 2015 y del proceso local 2016.
El pasado 25 de julio, el TRIFE confirmó la multa de 43.7 millones de pesos contra el PRI y tres multas de 10 mil 956 pesos contra los integrantes del Comité Directivo Estatal: César Manuel Ochoa Salazar, ex secretario de Acción Electoral; Teresa de Jesús Nieto Ríos, directora de Informática y Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, representante del PRI ante el Instituto Electoral.
La multa será descontada en mensualidades. El PRI pagará seis mensualidades de 7 millones 299 mil 311 pesos, mientras que los tres funcionarios sancionados tendrán la oportunidad de pagar los 10 mil 956 pesos en tres mensualidades de 3 mil 652 pesos, cada uno.
La acusación del INE
El proceso de sanción comenzó en mayo de 2016 cuando el investigador informático Chris Vickery detectó la base de datos con los registros de 2 millones 72 mil 588 ciudadanos de Sinaloa que formaban parte del Listado Nominal de Electores.
Según una entrevista que el norteamericano le dio al periódico inglés BBC, él se encontraba probando un software para detectar bases de datos inseguras cuando se topó con los nombres y domicilios de millones de sinaloenses alojados en la plataforma Ocean Digital.
Vickery alertó al INE y el 23 de mayo de 2016, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE inició un procedimiento sancionador contra los responsables: el Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa.
Para el 28 de marzo de 2018, el Consejo General del INE dictó una resolución en la que determinó imponer al PRI una reducción del 4 por ciento de su ministración anual de financiamiento público, equivalente a 43 millones 795 mil 866 pesos.
Según la investigación realizada por el INE, Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, representante del PRI ante el Instituto Electoral, recibió en enero de 2016 un dispositivo USB que contenía el archivo digital cifrado con el listado nominal.
Estrada Villarreal entregó a la directora de Informática del PRI, Teresa de Jesús Nieto Ríos, el dispositivo USB junto con la llave pública para tener acceso a los archivos digitales.
De igual forma, César Manuel Ochoa Salazar, ex secretario de Acción Electoral recibió en febrero de 2015 un dispositivo USB que contenía el archivo digital cifrado de parte de la representante del PRI ante la Comisión local de Vigilancia del INE en Sinaloa.
Ochoa Salazar habría entregado el dispositivo USB a la directora de informática, Nieto Ríos, como parte del proceso para la revisión.
Sin embargo, en los tres casos, el INE señaló la omisión de los funcionarios y la falta de cuidado para garantizar el resguardo y custodia de los datos. Los tres fueron acusados de violentar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Por la falta de cuidado y omisión de garantizar debidamente el manejo, resguardo y custodia de los datos que proporcionan los ciudadanos al Registro Federal de Electores, para la conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal, en perjuicio de la inviolabilidad de la confidencialidad de dicha información”, especifica la sanción.
La defensa del PRI
En su defensa, el Partido Revolucionario Institucional presentó un recurso de apelación en el que alegó la anulación de la denuncia debido a que fue presentada por un ciudadano extranjero que carecía de facultades para llevar a cabo la investigación.
“El recurrente aduce que indebidamente se tomó como medio probatorio la denuncia presentada vía correo electrónico por Chris Vichery, una persona de nacionalidad extranjera, quien conforme a lo previsto en el artículo 33 constitucional, tiene prohibido inmiscuirse en asuntos políticos del país”, se expone en la resolución del TRIFE publicada el pasado 25 de julio.
El PRI también cuestionó la desproporción de la sanción, en comparación con la multa que recibió Movimiento Ciudadano por revelar el listado nominal de todo el país en la plataforma Amazon, un caso que también había sido descubierto un mes antes por Chris Vickery.
“Si a Movimiento Ciudadano, que difundió la información relativa a treinta y dos entidades federativas le fue impuesta una sanción consistente en una reducción del 10 por ciento. Al haber sido menor el volumen de la información detectada en el sitio Digital Ocean, la sanción es excesiva y desproporcionada”, se señala en la defensa del PRI.
Por su parte, los tres integrantes del Comité Directivo Estatal acusaron la falta de una exhaustiva investigación que evidenciara su responsabilidad en la publicación del listado nominal en el sitio de internet.
Señalaron que no se acredita de manera objetiva quién fue la persona responsable de crear un usuario y subir la información a la plataforma digital, sino que los sancionan sólo por formar parte del equipo de cadena de custodia que tuvo acceso al material difundido.
“La investigación llevada a cabo por la autoridad responsable no cuenta con elementos suficientes para determinar que alguno de los integrantes de la cadena de custodia del Listado Nominal haya cometido una omisión en su deber de cuidado”, se asegura en la defensa.
Sin embargo, el TRIFE desechó los alegatos de los priistas y el 25 de julio pasado, por unanimidad de los magistrados, el asunto se calificó como total y definitivamente concluido.
Artículo publicado el 5 de agosto de 2018 en la edición 810 del semanario Ríodoce.
