julio 20, 2019 6:27 pm

Con reformas constitucionales buscan debilitar a Morena en el Congreso local

Desesperadas, las minorías quieren seguir manipulando el congreso

Apenas habían pasado ocho días del aplastante triunfo de la coalición “Juntos Haremos Historia”, cuando los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, representados por el PRI, PAN, PANAL y PAS presentaron apresuradamente iniciativas de reformas a la Constitución para debilitar el poder del grupo parlamentario de Morena que tendrá mayoría en la siguiente Legislatura.

Los cambios significativos están centrados en despojar al grupo legislativo mayoritario de la concentración de poder y facultades en conducción del Congreso del Estado, tal y como han sido ejercidos en el pasado por las bancadas del PRI.

Dentro de las reformas constitucionales se plantea también limitar al Congreso del Estado la capacidad para fiscalizar las cuentas públicas, tomar la mayoría de decisiones, entre ellas la designación de magistrados, organismos autónomos no por mayoría absoluta, sino calificada, así como trasladar toda la administración del presupuesto al Poder Legislativo, desde nombramiento de personal hasta ejercicio y vigilancia del gasto, a la segunda minoría.

El día 9 de julio en una unión inusual, los actuales coordinadores parlamentarios del PAN, Tania Morgan; del PRI, Víctor Godoy Angulo, del PANAL, Crecenciano Espericueta, y por el PAS, Gené René Bojórquez Ruiz, presentaron y firmaron en su calidad de integrantes de la Junta de Coordinación Política una iniciativa, para proponer las reformas en la conducción del Poder Legislativo.

En conferencia de prensa, el líder de la bancada del PAS dijo a medios de comunicación que habían “indebidamente” usado su nombre, pero precisa que la iniciativa coincide con propuestas que su partido había estado proponiendo, pero no está de acuerdo en que las reformas se realicen a nivel de rango constitucional, sino que debiesen ser únicamente a nivel de modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, para que la nueva Legislatura pudiese tener la posibilidad de realizar sus adecuaciones.

“¿Para qué tanta agresividad?, ¿A qué le temen?”, cuestiona y adelanta que si el dictamen no se modifica, entonces su bancada votará en contra.

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El fin del voto ponderado, poner fin a la excesiva centralización de la JUCOPO en la administración del presupuesto y presidir incluso la Diputación Permanente, habían sido propuestas que siempre había planteado el PAS, argumenta.

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que en las últimas legislaturas ha sido presidida por el PRI por ser la bancada con mayor número de diputados, ha gozado del voto ponderado a la hora de tomar decisiones sobre la agenda legislativa y el ejercicio del presupuesto, el cual tiene plenamente a su cargo.

En contraparte, ahora el PRI, junto con PAN, PANAL y PAS propusieron en la iniciativa, la cual quedó plasmada en el dictamen presentado ante el Pleno por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que ahora el voto paritario sustituirá al voto ponderado, es decir, cada uno de los grupos parlamentario que participan en la JUCOPO tendrá la validez de un voto, y solamente el presidente podrá definir mayoría en caso de empate.

La propuesta de dictamen establece que en lo sucesivo la JUCOPO, el órgano de gobierno del Congreso, sería rotativo, presidido solamente el primer año por el grupo parlamentario mayoritario, en tanto que el segundo y tercer año sería presidido por los coordinadores que constituyan la primera y segunda minoría, siempre y cuando alcancen un porcentaje mínimo del 20 por ciento del total de los integrantes de la Legislatura, es decir, ocho, el número de diputados que el PRI tendrá en la próxima legislatura.

Actualmente la Ley Orgánica del Congreso del Estado establece como requisito para presidir la JUCOPO que los grupos parlamentarios tengan al menos el 25 por ciento del total de integrantes de la Legislatura.

La JUCOPO ahora no tendría, dentro de sus facultades, el ejercicio del gasto del Poder Legislativo, sino que ahora en su lugar una Comisión Plural de Administración ejercería la administración de los recursos presupuestales y patrimoniales del Congreso del Estado.

A diferencia de la JUCOPO, esta Comisión Plural de Administración ahora estaría presidida por el Grupo Parlamentario que tenga el segundo número de diputados, es decir, de aprobarse, la presidencia en la próxima Legislatura recaería en manos del PRI.

Al interior de la Comisión Plural de Administración el voto paritario será también el que rija las decisiones al interior.

Dentro los cambios también aumentó el porcentaje de votación para el ejercicio de diversas facultades del Poder Legislativo. Así, se contempla modificar el tipo de votación necesaria para la designación de algunos titulares, al pasar de mayoría absoluta a mayoría calificada, es decir, será necesario la votación favorable de dos terceras partes de los diputados.

Lo anterior sería aplicable para elegir al titular de la Auditoría Superior del Estado, la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa, la designación del Fiscal General, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, entre otras designaciones.

Con el argumento de fortalecer facultades de la Auditoría Superior del Estado, se pretende otorgar autonomía constitucional. Así la Auditoría Superior del Estado dejaría de pertenecer al Congreso del Estado.

Dentro de la propuesta se contempla que ahora los entes públicos presenten directamente a la ASE sus cuentas públicas para su revisión.

Con las reformas, el órgano interno de control de la ASE remitirá al Congreso un informe que contendría los resultados del desempeño de las auditorías.

La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación señala en el dictamen que la ASE sería un órgano constitucional autónomo que mantendrá las facultades del Congreso en materia de revisión y dictamen de la cuenta pública, por ser una función originaria del Poder Legislativo, pero que puede ser ejercida a través de la colaboración de un órgano técnico dotado de autonomía constitucional e imparcialidad para presentar sus observaciones ante el Congreso del Estado.

Artículo publicado el 22 de julio de 2018 en la edición 808 del semanario Ríodoce.

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