El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción no será un organismo de ornato porque el perfil de las personas que fueron elegidas representan al cien por ciento a los ciudadanos y no tienen ningún interés político ni de ningún grupo de poder, aseguró Francisco Manuel Mojica.
El primer presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción sostuvo que serán la voz y la representación de los ciudadanos en la meta de erradicar la corrupción que tanto ha afectado.
Al ser entrevistado en la sesión en la que se entregó los nombramientos a los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, señaló que no ve ningún problema sobre la inexistencia de un presupuesto porque confían en que los legisladores considerarán el sistema como algo prioritario.
Adelantó que trabajarán bajo los principios de austeridad que se requieren para optimizar los recursos sin caer en excesos.
Junto a Manuel Mojica quien está en el Comité de Participación Ciudadana por un año, el Comité de Selección a un total de cinco integrantes: Norma Sánchez Castillo con nombramiento por dos años, Enrique Hubbard Urrea, tres años; Jesús Enrique Pérez Cruz , cuatro años; y Sergio Avendaño, cinco años.
A nombre de la Comisión de Selección, el coordinador, Rodolfo Campoy De La Vega, señaló que el Comité de Participación Ciudadana es una herramienta fundamental para debilitar, combatir y prevenir la corrupción en la entidad y sus municipios.
La corrupción es un obstáculo que frena, divide y mantiene en el subdesarrollo al Estado, por lo que la sociedad espera mucho de este Comité con la demostración de entereza, liderazgo, convicción y pasión para cambiar percepciones, conductas, actitudes y valores mediante la promoción incansable de la integridad con una interlocución eficaz entre los diferentes niveles de gobierno, medios de comunicación y ciudadanos, sostuvo.
Pidió a los primeros integrantes del Comité de Participación Ciudadana demostrar solvencia ética y moral para que sus decisiones tengan fuerza, legitimidad y transparencia basadas en un trabajo apegado a la ley, porque la lucha contra la corrupción está en manos de los ciudadanos que representan.
