A lo largo del sexenio el gobierno de Enrique Peña Nieto ha anunciado, en repetidas ocasiones, la detención de personas que pertenecen a una “lista de 123 objetivos prioritarios” del crimen organizado. Todos ellos sujetos con roles clave en los cárteles, según las autoridades. Hasta el pasado 15 de febrero, de los 100 “objetivos” detenidos, más de 14 murieron.

De acuerdo a una investigación de Animal Político, al día de hoy, de todo el grupo de delincuentes en su momento detenidos, solamente cuatro han sido sentenciados por delincuencia organiza y, de hecho, no hay certeza de que todos los restantes sigan presos o en proceso.

Animal Político solicitó vía transparencia a la Procuraduría General de la República (PGR) conocer cuál era la situación jurídica de todas esas personas detenidas. La respuesta se recibió tras un año de revisiones que llegaron hasta el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el cual resolvió que por interés público debería revelarse el nombre de las personas que tuvieran una sentencia condenatoria irrevocable por crimen organizado.

El documento entregado por PGR muestra que son cuatro los que cuentan con esta sentencia: Francisco Centeno Vela, alias el Negro o la Barredora, del grupo criminal Cártel del Poniente; Melvin Gutiérrez Quiroz del Cártel de Los Arrellano Félix; Omar Javier Llamas Orta, alias Federico o la Guapa, del Cártel de Juárez y Arturo Vázquez Terrazas, alias Cachorro, del Cártel de Juárez.

En cuanto a los otros 96 detenidos, ninguno cuenta con una sentencia irrevocable y la PGR sostiene que no puede dar detalles oficiales sobre lo que pasó con ellos. Públicamente ha trascendido el destino de algunos casos, como el de un ex líder del Cártel de Juárez, cuyo auto de formal prisión fue anulado por irregularidades, o el de hijo de un capo del Cártel de Sinaloa que será liberado en septiembre, antes que acabe el sexenio.

En México una persona solo puede ser considerada oficialmente como responsable de haber cometido un delito cuando tiene en su contra una sentencia irrevocable. De ahí que el pleno del INAI, al resolver el Recurso de Revisión 1444/17 y el 1169/17 definiera que solo en esos casos puede revelarse el nombre de la persona detenida.

Incluso, la resolución del INAI impide a la PGR que se pueda seguir entregando la relación de los “objetivos prioritarios” ya detenidos, como aún se podía hacer hasta el año pasado.

Debido a que no cuentan con una sentencia condenatoria irrevocable, la PGR aseguró que no puede informar si todos los objetivos prioritarios siguen procesados o si algunos ya han sido liberados.

De acuerdo con autoridades federales consultadas por Animal Político, existen al menos tres de estos personajes (cuyos nombres no fueron detallados) que habrían logrado recobrar su libertad, luego de que jueces dictaminaran irregularidades en los procesos de detención, o que se les fincara un delito menor que les habría permitido salir libres.

Por ello se le preguntó a PGR sobre cuales podrían haber sido liberados, pero la respuesta es que no se podía emitir información al respecto.

En algunos casos el destino de los objetivos prioritarios ya neutralizados es público por la información que en su momento se ha dado. En ese caso se encuentra, por ejemplo, Joaquín el Chapo Guzmán, quien fue extraditado a los Estados Unidos.

Otro caso conocido es el de Serafín Zambada Ortiz, hijo del líder del Cártel de Sinaloa Ismael el Mayo Zambada, quien también fue extraditado a Estados Unidos. Pero Zambada quedará libre en septiembre próximo debido a que se declaró culpable del delito de narcotráfico, y debido a su nacionalidad estadounidense alcanzó los beneficios de una pena reducida en ese país.

Un ejemplo de un proceso atorado en la fase inicial es el de Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, uno de los líderes del Cártel de Juárez, y quien fue detenido desde 2013. Sin embargo, casi cinco años después, un tribunal federal dejó sin efectos el auto de formal prisión que se le había dictado por el delito de delincuencia organizada, al considerar que las pruebas no sustentaban la acusación inicial.

Otro ejemplo es el del Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z-40, quien también se encuentra detenido desde hace cinco años, pero hasta ahora, ninguno de los procesos ha logrado llegar a una sentencia y, de hecho, se prevé que sea extraditado a Estados Unidos antes de que tenga una sentencia.

Pese a que más del 90 por ciento de los “objetivos prioritarios” que identificó el gobierno de Peña Nieto al inicio del sexenio ya están “neutralizados”, hasta el día de hoy no hay datos que permitan identificar un impacto positivo sobre la seguridad y disminución de la violencia.

Animal Político publicó que en los últimos tres años los homicidios dolosos en el país se han disparado 80 por ciento y hoy alcanzan el nivel más alto del que se tenga registro. En varias ocasiones autoridades federales y estatales han destacado que el deterioro de la seguridad en zonas de alta violencia como Guerrero y Tamaulipas, se debe a las disputas entre células de un mismo grupo delictivo tras perder a sus liderazgos.

La detención de los objetivos prioritarios tampoco ha frenado de forma evidente las operaciones del narcotráfico. Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) muestran, por ejemplo, que tan solo de enero a abril de este año se han decomisado en operaciones antinarco más de 73 mil kilos de mariguana; mil kilogramos de cocaína; 1 mil 300 kilogramos de metanfetaminas; 1 un mil 919 armas de fuego y casi 6 millones de pesos.

El pasado 26 de abril, el propio candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, reconoció que los esfuerzos que se han implementado en el actual sexenio en materia de seguridad no han dado los resultados esperados.

“Hoy tenemos un fenómeno delincuencial para el cual no tenemos ni los instrumentos ni la estrategia adecuada para resolverlo”, dijo a reporteros.

Hasta finales del año pasado, cuando la PGR aun podía difundir una versión de su lista de objetivos prioritarios, se señalaban a 16 personas que faltaban por ser detenidas: cuatro de la organización de los Beltrán Leyva; tres del Cártel del Pacífico (Sinaloa); tres del Cártel del Poniente; dos de la Familia; uno del Cártel del Golfo, uno del Cártel de Juárez; otro más de Los Zetas y uno del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hoy esa lista se ha reducido tras diversas capturas anunciadas en 2018. Actualmente, según lo que han declarado los funcionarios, faltarían solo nueve por ser capturados.

La PGR no ha revelado la identidad de las personas que no han sido detenidas con excepción de dos casos: Ismael el Mayo Zambada, considerado actualmente como el máximo líder de los grupos delictivos aliados en el Cártel del Pacífico (Sinaloa), y Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, el grupo delictivo de mayor crecimiento en el actual sexenio.