Particulares invaden lecho, queman álamos y sustraen arena

Poco a poco el lecho del río Fuerte, en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, al norte de Los Mochis, va desapareciendo a manos de particulares que en constante labor sorda cercan, rellenan el cauce, talan álamos, sustraen arena y lo rellenan con basura.

En tanto, las autoridades regulares solapan la actividad ilegal, denunció Franco Leonel Souza Echave, presidente de SM Ecopark AC, quien desde hace siete años lucha contra la burocracia que le ha negado el derecho de preservar el río para generaciones futuras, tal y como lo conocieron sus ancestros.

Y afirmó que la prueba visible del daño constante al afluente es la zona popular conocida como el Mecatón, al norte de San Miguel Zapotitlán por el viejo camino a Choacahui.

La depredación se extiende hasta el ejido El Porvenir, en donde prácticamente los cercos impiden el paso de civiles.

Es tal la impunidad de los depredadores que hasta un taste fue construido en pleno lecho. Incluso el lugar es utilizado por conductores de vehículos de aventuras para rampear.

Pero el daño mayor es en el sitio conocido como el Mecatón.

En el lugar, dijo, había un álamo en donde los lugareños ataron un mecate grueso para columpiarse y arrojarse al agua, sirviendo como balneario libre y popular. Hoy, el árbol de centenares de años fue quemado y podado. El mecate ya fue arrancado.

En otro sector del mismo lecho, los álamos y mezquites fueron quemados desde las raíces. Algunos fueron talados y los troncos quemados.

En las riberas, desconocidos van rellenando poco a poco, cercando metro a metro hasta formar una extensión regular. Incluso, dentro de los nuevos cercos hay construcciones de casas de tabique y argamasa.

Aseguró que aún y con denuncias constantes en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y en la Agencia Federal de Investigaciones, nadie hace nada para detener el ecocidio.

La Profepa se limita a levantar actas que no pasan de ese trámite, y no ve que el lecho del río se está privatizando, incluso urbanizándose.

Aseguró que la queja más reciente sucedió apenas el 10 de abril, pero los inspectores llegaron acompañados del síndico Silvestre Robles Félix, observaron el daño a los árboles, el basurero y se retiraron.

“Nunca vieron los cercos, las casas, el desprendimiento de raíces para nivelar los terrenos. Y pues con inspecciones pasajeras, superficiales, la depredación va a continuar hasta que el lugar sea privatizado o bien tenga un daño irreversible”.

Aseguró que por el contrario, las intenciones de restauración han sido detenidas tanto por la Profepa como por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quienes no concluyen con los trámites que ha iniciado para la recuperación de los sitios dañados.

La dependencia emitió un comunicado aceptando que en la inspección se encontró “basura doméstica (residuos sólidos urbanos), los cuales, a decir del funcionario, fueron generados por los visitantes durante los días de Semana Santa.

El síndico habría dicho a los inspectores que la autoridad municipal había recolectado y retirado cerca de 21 toneladas de basura y que continúan con el proceso de limpieza del lugar.

Respecto a la afectación se constató la existencia de dos troncos de álamo.

Y resolvió que se apoyará en la comuna y Conagua para reducir el impacto ambiental del daño.

“… mencionar que la Delegación de la Profepa en Sinaloa tiene el registro de tres visitas de inspección realizadas con anterioridad; la primera el 25 de abril de 2014, donde se circunstanció la afectación de seis álamos juveniles; una segunda, el 23 de abril de 2015, donde se constató la extracción de material arenoso y la exposición de raíces de álamos por dicha actividad.

“En tanto que en una tercera visita, realizada el 31 de marzo de 2016 con base al acta circunstanciada PFPA/31.3/2C.26.1/AC.ZN/011/16, se encontraron afectaciones a la vegetación riparia, por lo que se levantaron en ese momento acta circunstanciadas encontrando afectaciones en 24 ejemplares de álamos.

“Al no haberse logrado detectar a responsable alguno o flagrancia de dicha afectación, y al estar en presencia de una presunta comisión de un delito ambiental de orden federal, en esa fecha se interpuso denuncia penal ante el Ministerio Público Federal, en contra de quien o quienes resultaran responsables, quedando radicada bajo el número de carpeta de investigación FED/SIN/MOCH/0000474/2016”.

Souza Echave insistió en que las actuaciones de Profepa dejan mucho que desear, pues resultan insuficientes, sin peso ni consecuencias jurídicas para los infractores, en tanto el ecocicido continúa.

Artículo publicado el 22 de abril de 2018 en la edición 795 del semanario Ríodoce.