Métodos alternativos de justicia evitan juicios largos
Un joven que de acuerdo con una carpeta de investigación iniciada por policías municipales confesó el asesinato de su propio hermano en el ejido 20 de Noviembre Nuevo, libró los cargos. La libertad de quien la policía ya consideraba un homicida confeso molestó a los gendarmes, pero no al subprocurador Jesús Arnoldo Serrano Castelo, quien estudiando el caso determinó que las evidencias tumbaban la declaración del muchacho y el testimonio policial, por lo que decretó el fin de la custodia dejándole en absoluta y llana libertad. El caso se resolvió en poco menos de dos meses.
Confesó que lo mató a golpes, pero en realidad el hermano murió por arma blanca; no se recolectó el objeto criminal, y no había motivo aparente para cometer el crimen, por lo que quedó en libertad, sin ser vinculado a proceso, recordó el funcionario.
“Fue una decisión que la sociedad podía condenar, pero no había razón legal ni evidencia para procesarlo. El escarnio lo podíamos soportar, la injusticia no”, rememora.
La decisión se tomó en 48 horas.
En otro caso, en el centro de Los Mochis unos soldadores municipales queman dos locales comerciales con todo y mercancía, pretendiendo desempotrar del piso y de los muros unas estructuras metálicas que a juicio de inspectores de Inspección y Normatividad eran ilegales. Las pruebas demostraron que el daño era atribuible a los burócratas, pese a que éstos alegaban inocencia. Las partes negociaron una salida, y la comuna pagó 2 millones de pesos por los daños. Las partes dieron por concluido el caso con la reparación del daño. Nadie piso la cárcel. Los empresarios reiniciaron sus negocios sin pérdida, un mes después del siniestro.
Estos son sólo dos casos concluidos en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral que en la entidad se inició el 15 de octubre del 2014 en la región centro norte y que deberá de concluir el 13 de junio del 2016 en la región centro. El nuevo sistema reduce el tiempo en el desahogo de pruebas y evita la cárcel.
Hasta ahora, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) opera el sistema en tres zonas del estado: zona sur, la más reciente, pues apenas comenzó el 15 de enero del 2016, y la integran los municipios de Cosalá, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa; zona centro norte y que resulta la más antigua, pues comenzó el 15 de octubre del 2014 atendiendo los municipios de Guasave, Sinaloa, Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura, y la región norte cuyo funcionamiento data del 1 de junio del 2015 con cobertura de Ahome, El Fuerte y Choix. Para el 13 de junio del 2016, la PGJE estima que la zona centro y más grande estará en funciones con cobertura de los municipios de Badiraguato, Culiacán y Navolato.
De acuerdo con las estadísticas de la PGJE, la cobertura de solución de controversias en materia penal, la región centro norte y norte del nuevo sistema de justicia ha logrado acuerdos entre las partes en el 68 por ciento de los casos presentados, lo que significa que mil 588 procedimientos llegaron a su fin de los 2 mil 326 asuntos presentados en 14 meses de operación (15 de octubre del 2014-15 de diciembre 2015).
Estos asuntos encontraron la solución con acuerdo reparatorio de manera anticipada a una investigación, lo que evitó se turnara a otras instancias judiciales.
De ellos, la región centro norte mantiene la delantera en asuntos atendidos con mil 245 expedientes, pero con menor porcentaje de acuerdo reparatorio, pues llegó a 723 soluciones para una eficiencia del 58 por ciento.
La mayor negociación ocurre en el región norte que demuestra un porcentaje de reparación del 80 por ciento, con la conclusión anticipada de 865 casos de los mil 081 expedientes presentados.
Hasta ahora ambas zonas acusan un rompimiento entre las partes para no llegar a acuerdo en 634 casos y 104 asuntos se mantienen en trámite.
De acuerdo con la dependencia, el monto de la reparación obtenida por los afectados asciende a casi 14 millones de pesos. El mayor pago se ha realizado en la zona centro norte con poco más de ocho millones de pesos, seguido de la región norte con alrededor de seis millones de pesos.
De acuerdo con la dependencia, hasta ahora la resolución de controversias en conflictos penales derivados de delitos perseguibles por querella, culposo o patrimoniales cometidos sin violencia alcanza el nivel de aprobación social con casi el 70 por ciento.
Mejor un buen arreglo, que un buen pleito
Por indicaciones de su abogado, un civil vinculado a un caso de robo de vehículo por dos o más personas rechazó una sentencia de seis años de prisión negociada con el procurador, Marco Antonio Higuera Gómez, y optó por irse al proceso penal acusatorio y oral. Tres audiencias después fue sentenciado: 12 años de cárcel por el mismo delito. Hoy está purgando esa sentencia, en el penal de Sinaloa municipio.
Cifras del nuevo sistema penal
Procedimientos iniciados: 2,326
Solucionado con acuerdos: 1,588
Solucionado si acuerdo: 634
En trámite: 104
Eficiencia: 68 %
Monto desembolsado: 13.9 MDP
Fuente: PGJE
