domingo, agosto 7, 2022
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El agandalle

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La nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado duplicará el presupuesto para partidos políticos

 

 

 

 

 

Mientras alumnos de más de cuatro mil escuelas del estado iniciarán mañana el ciclo escolar en salones sin aire acondicionado, por falta de subestaciones eléctricas, los partidos políticos en Sinaloa podrían recibir 216 millones de pesos del erario en 2016, de los cuales la mitad será exclusivamente para gastos de campaña.

 

Con la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, aprobada el 30 de junio, que obtuvo 36 votos a favor, y tiene en proceso al menos dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, los 11 partidos  registrados recibirán 75 millones de pesos adicionales a lo establecido por la Constitución y normas generales, de acuerdo a estimaciones del Partido Sinaloense (PAS).

 

El Gobernador Mario López Valdez declaró el 13 de junio en Los Mochis, que con 150 millones de pesos se podrían instalar entre 150 y 300 subestaciones eléctricas, es decir que con la bolsa de 75 millones que se gastarán en las campañas para elegir al Gobernador, Diputados y Alcaldes, se podría atender la mitad de escuelas.

 

Ley “a modo”

 

El Diputado Robespierre Lizárraga Otero, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local, explicó que el aumento en el financiamiento público aprobado para los partidos que operan en el estado, es resultado de los excesos de la LIyPEES, que modificó fórmulas de cálculo y distribución del financiamiento público, contraviniendo la Constitución Política y la Ley General de Partidos.

 

“El artículo 41 Constitucional y el 50 de la Ley General de Partidos establecen una fórmula para determinar cuánto le vamos a dar a los partidos, dice ‘el 65 por ciento del salario mínimo vigente en el DF, se multiplicará por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral…’, y el resultado se distribuirá, el 30 por ciento de forma igualitaria entre todos los partidos, y el 70 por ciento restante, proporcionalmente a como les haya ido en la última elección para diputados”, explicó.

 

“Aquí en Sinaloa, en el artículo 65 de la nueva LIyPEES se estableció que sea el 75 por ciento del salario mínimo vigente por el número de ciudadanos inscritos en el padrón… y el resultado se va a distribuir no 70-30, sino un 20 por ciento de manera igualitaria y el 80 por ciento restante de manera proporcional, de acuerdo a como haya ido en la última elección de diputados”.

 

El legislador del PAS añadió que la diferencia entre las fórmulas representará entre 13 y 14 millones de pesos más en el financiamiento público del próximo año, pero lo que representará el mayor incremento será la modificación del gasto destinado a campañas.

 

“En lugar de adoptar el sistema federal, en donde para las elecciones intermedias el financiamiento ordinario aumenta 30 por ciento, y 50 para cuando hay renovación de poder Ejecutivo, aquí aumenta el cien por ciento cuando hay renovación del Ejecutivo”, cuestionó.

 

“Es decir, que si a un partido le dan 100 millones en elecciones para Gobernador en Sinaloa, le van a dar otros 100 millones para que haga campaña, y cuando haya elección intermedia se adoptó el 50, cuando a nivel federal es el 30, y es ahí donde se va a disparar el monto a partidos, ahí están los 75 millones de pesos más que se van a dar en 2016”.

 

Con el aumento, agregó que el PAS recibirá alrededor de 8 millones de pesos más, y el PRI y PAN entre 30 y 40 millones.

 

“La fórmula está diseñada para que los partidos tradicionales como el Revolucionario Institucional y Acción Nacional sean beneficiados, incluso hasta nosotros, porque tenemos el 14 por ciento de las preferencias electorales, sin embargo no queremos crecer electoralmente a costa del dinero de la gente”.

 

La propuesta del PAS, que forma parte de la acción de inconstitucionalidad, que se suma a otra presentada por el PRD, es que la norma local se armonice con la legislación federal, y cuando haya elecciones para Gobernador, Diputados y Alcaldes, se autorice un presupuesto adicional de 50 por ciento, y en las intermedias, un 30.

 

En la votación en lo particular de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, Lizárraga Otero presentó reserva al artículo 65, que establece los esquemas de financiamiento.

 

“En la reserva al artículo 65 hubo 24 votos en contra por parte de los partidos mayoritarios, en este caso el PRI y el PAN, y la votamos a favor 12: los tres integrantes del PAS; Miguel Ángel Camacho, Laura Galván, Adolfo Rojo y Martín Pérez (PAN), los dos diputados del PRD, Movimiento Ciudadano, y se me escapan dos diputados más”.

 

La bolsa para los partidos

 

En Sinaloa, además de los recursos que proceden directamente de los impuestos de los ciudadanos, los partidos reciben otras prerrogativas como financiamiento mensual de los Ayuntamientos, que se calcula en base a 100 veces el salario mínimo general vigente por cada regidor que les corresponda.

 

La normatividad también permite que los órganos políticos obtengan recursos por autofinanciamiento, que proviene de los ingresos de conferencias, espectáculos, ferias, festivales, juegos, rifas, eventos culturales, venta de propaganda utilitaria, cuotas ordinarias y extraordinarias de los militantes y aportaciones de organizaciones, y que no puede sobrepasar el 40 por ciento del financiamiento público correspondiente.

 

Ramón Lucas Lizárraga, diputado del PRD, mencionó que al permitir el financiamiento de organismos afiliados a partidos, como la CNOP, CTM y Liga de Comunidades Agrarias, el mayor beneficiado será el PRI.

 

“Estaríamos dejándole abierta la posibilidad para que estas organizaciones puedan financiar al PRI hasta con el 40 por ciento de su presupuesto total, y ello es muy grave porque en términos de la equidad que deben tener los procesos electorales y el financiamiento de los partidos, se vería sumamente deteriorado”, manifestó.

 

“Hemos luchado durante muchísimos años para que el sistema corporativo del sistema político mexicano y particularmente del PRI se venga abajo, y con este apartado en la legislación, retrocedimos alrededor de 30 años”.

 

Una vez presentado los recursos de inconstitucionalidad, la SCJN deberá notificar al Congreso del Estado, para que en un plazo de seis días presente un informe o justificación, y posteriormente se elaborará un dictamen, que será resuelto por los ministros.

 

 

Muertos y presos en el padrón electoral

 

Para Ernesto Hernández Norzagaray, la distribución del presupuesto a partidos políticos debe ser a partir de resultados y no de una fórmula basada en un padrón electoral, que integra a personas fallecidas o que no votan.

 

“Si en la pasada elección federal participó el 47 por ciento de la lista nominal, pues eso se debería de tomar para calcular el porcentaje que defina los presupuestos”, opinó.

 

“Esto serviría para que los partidos hagan el trabajo de convencimiento, que la gente participe más, porque el hecho de que tengan el dinero seguro, pues eso hace que nomás estén para recibir las contribuciones que no solamente vienen de la federación, sino de los estados y de los municipios”.

 

El doctor en Ciencias Políticas y Sociología señaló que el reparto de recursos debería ser a partir de la lista nominal y no del padrón de electores.

 

“Nuestro padrón electoral está lleno de muertos, porque no hay una conexión entre el registro civil y el registro federal de electores… y uno ve los niveles de participación, y en el mejor de los casos, que son elecciones presidenciales y gobernadores, no superan el 63 por ciento”, indicó.

 

“¿Qué pasa con el otro 37 por ciento?, ¿dónde están todos?, son abstencionistas convencidos?, o será que una franja importante de ellos están muertos, están en las cárceles, incapacitados para votar, ese tipo de estudios no tenemos, y ese 37 por ciento con su solo nombre registrado en el padrón electoral, representa dinero para los partidos”.

 

Agregó que sólo en México se utiliza dicho criterio para determinar el financiamiento de los órganos políticos y que la norma local, tal como fue aprobada, aseveró que deja rezagado al estado en materia electoral.

 

“Además en las condiciones en que están las finanzas públicas, es un exceso (que se aprueben más recursos para partidos), es una desmesura que ocurra, porque significa menos dinero tal vez para educación, vivienda, salud, para servicios públicos, y vean como están la mayoría de los Ayuntamientos”.

 

La casa gana

 

Los partidos políticos en Sinaloa lograron “ajustar” a su medida el gasto público, a pesar de las reformas a nivel nacional donde les recortan el presupuesto. En 2007 se eliminó la partida destinada a medios de comunicación, sin embargo, en 2010, los partidos políticos se las ingeniaron para “recuperar” lo perdido.

El primer año del trienio en Sinaloa (año de elección), los partidos recibieron un 50 por ciento del total designado para el financiamiento por parte del erario público, al siguiente año el 20 por ciento y finalmente el 30 por ciento.

Del trienio comprendido de 2004 a 2006, la fórmula para determinar la cantidad del financiamiento a los partidos políticos, era el resultado de cuatro salarios mínimos del Distrito Federal entre el total del padrón electoral, más medio salario mínimo por el mismo padrón electoral para el presupuesto de medios de comunicación.

Para el trienio siguiente, la fórmula se reeditó a tres salarios mínimos, junto con el .5 para medios de comunicación, hasta que en 2010 quedron solamente los tres salarios mínimos sin partida a medios de comunicación.

La fórmula para calcular el monto de financiamiento trianual es en base al padrón electoral, por lo que el crecimiento en las cantidades se infla, ya que el monto tiene un cálculo final de forma anual, con la variante del salario mínimo vigente.

TRIENIO          MONTO PARA AÑO DE ELECCIÓN    MONTO TOTAL

2004-2006      175 millones 195 mil 496                  321 millones 682 mil 562 pesos

2007-2009      168 millones 965 mil 529                  286 millones 384 mil 152 pesos

2010-2012      155 millones 279 mil 208                  320 millones 988 mil 777 pesos

2013-2015      189 millones 744 mil 945                  391 millones 848 mil 968 pesos

2016-2018      216 millones 342 mil 586                  423 millones 698 mil 796 pesos

 

 

 

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