El gobierno estatal solo cuenta con un padrón con el número de familias

El número de desplazados en Sinaloa no se sabe. El gobierno estatal solo tiene un padrón con el número de familias, pero se desconoce cuántas personas son en total.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Social actualmente el padrón es de 3 mil 619 familias.

En los informes de gobierno empezaron a incluir información sobre desplazamientos forzados a partir de 2017 y ese año la administración de Quirino Ordaz Coppel dio a conocer que hubo 302 familias desplazadas con un total de mil 296 integrantes.

Desde 2018 el número total desplazados lo ocultaron y solo informaban la cantidad de familias desplazadas en el último año y a partir del primer informe de Rubén Rocha Moya dejaron de publicar los desplazamientos por año y la cifra que presentan son el acumulado histórico de familias.

En 2021, el gobierno estatal informó que había 2 mil 509 familias desplazadas, en 2023 eran 3 mil 048, en 2024 otra vez 3 mil 048 y en 2025 señala que “históricamente, de acuerdo con los registros, alrededor de 3000 familias en el estado han dejado sus lugares de residencia para alojarse en lugar distinto en busca de condiciones favorables para su vida cotidiana”.

El Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2025 del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (CMDI) del Consejo Noruego para Refugiados estimó que en Sinaloa solo entre septiembre y noviembre de 2024, mil 179 familias que representan 4 mil 480 personas se habrían desplazado de 104 localidades rurales de los municipios de Culiacán, Badiraguato, Cosalá, Elota, San Ignacio, Rosario y Concordia.

El CMDI hizo el cálculo de personas desplazadas considerando que un promedio de 3.8 personas por vivienda, estimado a partir de datos proporcionados por la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Social de los siete municipios donde ocurrieron los desplazamientos.

El informe señala que la violencia criminal desencadenó la mayoría de los cerca de 26 mil desplazamientos que ocurrieron en México en 2024, más del doble de la cifra registrada en 2023, sin embargo, este número debe considerarse una subestimación, ya que no existe un monitoreo sistemático del fenómeno.

“La mayoría de los desplazamientos ocurrieron en el estado sureño de Chiapas, que se ha convertido en un foco de desplazamientos en los últimos años debido a su ubicación estratégica en las rutas del tráfico ilegal. Los municipios de Tila, Chenalhó y Pantelhó fueron los más afectados. El estado costero de Sinaloa también registró más de 4 mil 400 desplazamientos”, indica.

El titular de la Sebides, Omar Alejandro López Campos, dijo que es difícil hablar del número total de personas desplazadas debido a que la dependencia solo tiene contacto con el jefe o jefa de familia.

“Es difícil poder hablar de un número total porque finalmente nosotros con quien tenemos comunicación es con un jefe o una jefe de familia, que es el vínculo, el enlace, la comunicación con la familia en situación de desplazamiento forzado. Entonces hablamos de 3 mil 619 familias”, indicó.

Mencionó que para poder identificar a una familia como tal es necesaria la aplicación de una herramienta de reconocimiento, que es una especie de entrevista socioeconómica en la que tienen que narrar la situación por la que tuvieron que pasar, ya sea por violencia, por fenómenos naturales o por generación de infraestructura en las comunidades serranas.

—¿Pero ustedes no tienen un dato exacto de personas?

—Se identifica como jefe o como enlace, no tenemos comunicación con los cuatro o cinco miembros, sino con un representante, es un tema sensible y delicado que nosotros tratamos de atender con mucha responsabilidad y siempre cuidando las identidades y demás por un tema de no revictimizar a quien, lamentablemente, ya es víctima.

Mencionó que la mayoría de las familias desplazadas son de las comunidades serranas.

El funcionario añadió que tras la ola de violencia que se ha registrado en la zona sur del estado, principalmente en Escuinapa, la Sebides no ha tenido conocimiento de desplazamientos.

“Estamos en permanente comunicación con los alcaldes, sobre todo porque son ellos quienes tienen el pulso más cercano de la situación de sus comunidades y demás, y estamos al pendiente de ellos. La semana pasada estuvimos en contacto con el alcalde de Escuinapa, al pendiente de la situación, no tenemos identificado propiamente población en situación de desplazamiento forzado, pero estamos al pendiente de todos los municipios”, indicó.

Comentó que actualmente por la vía institucional no tienen registro de que recientemente familias desplazadas hayan vuelto a sus comunidades.

Detalló que para declarar el retorno de una familia la Ley establece que es necesario que la Mesa Intersecretarial de Desplazamiento Forzado Interno haga una evaluación en la que verifican que existan condiciones de seguridad, acceso a educación y servicios de salud.

“No tenemos formalmente, por la vía institucional y a través de la mesa, retornados registrados”, expresó.