Tortura, el medio para investigar delitos: Martínez Álvarez
Los problemas en materia de tortura en México no se limita a uno sólo, sino que éste tiene una necesidad de reacción tanto de la sociedad, como de parte de las autoridades para lograr reducir esta práctica en nuestro país, explicó Isabel Martínez Álvarez, consultora del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), durante las jornadas de análisis “Violencia de género y tortura”.
Entrevistada por Ríodoce, la especialista en delitos graves dijo que los tres principales problemas en el tema de la tortura es que ésta ha presentado una alta incidenciaen los últimos tiempos, queahora se le está pidiendo al estado —que también es el acusado— que se investigue así mismo, y que no se tiene el personal capacitado ni para una investigación convencional, así como cuando se hace necesaria la aplicación del Protocolo de Estambul, la cual es una herramienta para reconocer si la víctima fue torturada.
“El más grande problema es que se ha tomado el método de la tortura como medio para investigar delitos, cuando obviamente es completamente ilícito, las pruebas por ejemplo no se descartan cuando son obtenidas por tortura, son de los problemas para acreditar tortura”, declaró.
Martínez Álvarez resaltó que México es un país que no estaba acostumbrado, ni sabe perseguir tortura psicológica, solo sabe reconocer tortura física. Y que sólo se sanciona a quien fue autor material y no a quien ordenó realizar la tortura.
—¿Hay solución para esto que describe?
—El principal trabajo es el de los jueces, es fundamental si ellos empiezan a anular pruebas obtenidas porque la zona de registro es la tortura, van a realizar un trabajo impresionante, porque una vez que los policías se den cuenta que las confesiones obtenidas mediante tortura no son admisibles, tendrán un incentivo para dejar de hacerlo.
Destacó que es necesario reeducar a la sociedad en materia de presunción de inocencia, dejando claro que quienes son torturados no merecen serlo, aun cuando hayan cometido un delito. Así como capacitar a policías en materia de derechos humanos, lo que tiene como resultado mayor sensibilizar tanto de parte de la sociedad, como de las autoridades.
“Hay que hacerle entender a la sociedad que la tortura es un delito, que quien comete tortura está cometiendo un delito, tenemos que sensibilizar a las autoridades y a las comunidad”, explicó.
—¿Hay apertura de parte de los servidores públicos para implementar soluciones?
—En algunos servidores públicos la hay. Por supuesto que siempre va haber una reticencia de parte del sistema estatal porque al final lo estamos acusando de algo y es muy difícil que si quieren tener legitimación, lo admitan. Pero hay instituciones que están interesadas y están superándolo, yo de hecho creo que por el nuevo sistema penal acusatorio puede que tengamos una incidencia menor de tortura.
Durante la Jornada de Análisis de Violencia de Género y Tortura, realizada en Culiacán del 17 al 19 de junio, Isabel Martínez destacó que el uso del Protocolo de Estambul en una investigación judicial en un caso de tortura no es obligatoria, ya que es una herramienta que las autoridades tienen.
Reiteró la importancia de hacer cambiar las ideas de las autoridades para no tener ni que utilizar la tortura como método en la obtención de declaraciones y por consiguiente, no tener que llegar a la utilización del protocolo mencionado.
“Tiene que ver con una situación de empatía, si la sociedad y también la autoridad son más empáticos y entienden que al que acusamos, a quien se tortura puede ser cualquiera, porque uno no se libra de ser la próxima persona a quien procesen”, señaló.
—¿Nuestra ley está completa para resolver los casos de tortura?
—No, no es completa, pero afortunadamente hay una esperanza muy buena en ese sentido, porque recientemente se aprobó una reforma constitucional para emitir una ley general de tortura y desaparición forzada, me parece que es una magnífica oportunidad para poder hacer una buena tipificación que va a funcionar a nivel internacional.
Mencionó que aun en esas circunstancias, se puede investigar la tortura, “lo que tienes que cambiar son los criterios de interpretación, cuando la ley es mala el juez tiene ciertas posibilidades de subsanar, pero nosotros tenemos una mala ley o tenemos algunas leyes buenas pero además tenemos ministerios públicos que no quieren acreditar tortura.
—¿Qué pasa en los casos donde se torturó pero la víctima es inocente y está en la cárcel por la confesión que realizó bajo este método?
—Justamente es ese el punto, el más complicado, gente inocente está en la cárcel. La gente dice lo torturaron porque hizo algo, pero es algo que no nos consta, las personas son capaces de decir cualquier cosa cuando son torturadas.
Puntualizó que hay jueces en México que están haciendo las cosas como deben, aunque aceptó que no son la mayoría, pero son esos pocos los que pueden marcar una diferencia y dan soluciones que pueden llegar a ser históricas en los casos de tortura en México.
“Hay casos donde los jueces marcan ritmo y parámetros, donde ellos dicen que el acuerdo no es constitucional, no es convencional, me aplico a la norma y acepto al perito, ese tipo de acciones son acciones históricas, para hacer soluciones históricas solo se necesita personal bien capacitado, estamos trabajando en ello”.
Engarzada
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Feminicidios 5 FEMINICIDIOS.
Héctor Pérez HECTOR PÉREZ. Se trabaja en un protocolo de investigación.
Hay desconocimiento e insensibilidad de autoridades para el tratamiento de feminicidios
En el país impune
Natalia Ramírez
Es México un país impune, según el último estudio realizado por la Universidad de las Américas de Puebla. Ocupa el lugar 58 en impunidad global de 59 países en materia de seguridad, justicia y derechos humanos —tan sólo un lugar arriba que Filipinas—. Esa es la principal razón por la que el Insyde trabaja en la creación de un protocolo modelo de Investigación en feminicidio.
En el tema de feminicidio en Sinaloa, de 200 casos que suman del 2011 al 2014, tan sólo 11 han sido reconocidos como tales y se ha emitido un castigo legal por ellos.
Héctor Pérez Rivas, especialista en delitos graves y consultor de Insyde, explicó a Ríodoce que lo que busca dicho protocolo es ser un apoyo en la investigación para las personas que realizan estas averiguaciones.
—¿En qué consiste este protocolo?
—El protocolo pretende ser una herramienta que sea utilizada por las personas que se dedican a la investigación de casos de feminicidio, ya sea desde la perspectiva de la investigación ministerial, es decir como fiscales o también desde la sociedad civil, como las organizaciones que documentan feminicidios, y que así tengan una guía que les permita identificar los elementos del tipo penal, es decir, en qué consiste cada uno, qué ha dicho la corte sobre cada uno de los casos, con qué material probatorio se pueden acreditar.
“Pero además el protocolo pretende ser innovador, porque está pensado desde la lógica del nuevo sistema de justicia penal e incluye cuáles tendrían que ser los elementos del caso frente a situaciones de feminicidio, y a su vez elementos para una adecuada resolución del daño en favor de las víctimas”.
Pérez Rivas destacó que en nuestro país existe un desconocimiento e insensibilidad por parte de las autoridades para la identificación y tratamiento de feminicidios, y para conceptualizar jurídicamente este delito. Lo que lleva a no comprender los casos y sean tratados como lo que son, el asesinato de mujeres por razones de género.
—En Sinaloa son 200 casos de homicidios de mujeres pero sólo 11 han sido reconocidos como tales ¿Qué pasa con los otros 189 casos?
—Para la autoridad ministerial no existe una causal de género, eso es lo preocupante. No podemos decir que son todos o una porción de éstos, pero lo que resulta ilógico es que en un grueso tan grande, tan pocos tengan una razón de género.
Héctor Pérez dijo que el protocolo comenzaría recomendando a las autoridades mexicanas que al encontrarse con el asesinato de una mujer siempre se comience con la hipótesis de que es feminicidio, resaltando esto como el más grande e importante cambio.
“Si después de hacer una investigación seria, exhaustiva, completa, imparcial e independiente no encuentro ninguna causal de género, entonces es un homicidio calificado, no de la manera contraria. Es ese el gran cambio, partir de la presunción que la muerte de una mujer tiene una razón de género”, recomendó.
Dijo que hay una resistencia nacional para reconocer el fenómeno del feminicidio, porque implica reconocer que somos un estado machista, un país machista y está arraigado en nuestra sociedad.
Es lo mismo que pasa con la tortura, si hay pocos casos de feminicidios hay muchos menos casos de tortura; en el país podemos contar con los dedos de las manos la sentencia de tortura que existe, reconocer jurídicamente a la tortura es decir que somos un estado que viola los derechos humanos.
—Se ha hablado sobre pedir una alerta de género en Sinaloa, ¿lo considerasnecesario?
—Se ha hablado mucho y se ha politizado mucho el tema de la violencia de género, de repente se insiste mucho en el tema. Estamos hablando del feminicidio de situaciones extremas, y estadísticamente no es de las entidades que tengan mayor número de homicidios, no rebasa la media nacional. Esa es una realidad.
