La ineficiencia de las autoridades mexicanas en todos los niveles: federal, estatal y municipal, en complicidad con la negligencia de la industria privada, ha provocado en el último mes graves problemas en los cuerpos de agua de nuestro país. Los gobiernos, en vez de garantizar el acceso al agua, derecho humano reconocido en la Constitución, han allanado el camino para que hoy existan, por sólo mencionar unos ejemplos, seis desastres ambientales cuyos impactos en los ecosistemas y en las comunidades aún son inciertos.
Durango, Sonora, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Sinaloa hoy viven catástrofes ambientales que se suman a los mil 124 casos de daño ambiental ocurridos en los primeros dos años del sexenio de Enrique Peña Nieto.
En el caso de Sonora, se trata del peor desastre ecológico minero en la historia de nuestro país, al menos 40 mil metros cúbicos de cobre y ácido sulfúrico derramados en los ríos Sonora y Bacamuchi (hay fuentes que aseguran que fueron hasta 240 mil), consecuencia de la mala operación de la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, de Germán Larrea, y de la débil actuación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del gobierno estatal encabezado por Guillermo Padrés.
La pobre respuesta de las autoridades y las insignificantes sanciones previstas para Grupo México son una muestra evidente del desprecio que las autoridades tienen no sólo al medio ambiente sino también a la población, a los productores y a la flora y fauna de la región.
Por años, Greenpeace ha señalado la mala gestión del agua en México y ha exigido su protección. En vez de eso tenemos más agua tóxica cortesía de la industria y de la laxitud de las leyes. En nuestro país, la contaminación y el cambio climático han disminuido la disponibilidad del líquido per cápita de 11 mil 500 metros cúbicos (m3) en 1955, a 4 mil 263 m3 en 2011.
De acuerdo con cifras de 2011 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 70 por ciento de los ríos nacionales presenta algún grado de contaminación, pero poco o nada se está haciendo para revertirlo y mucho menos para prevenirlo.
Lamentablemente no existe normatividad suficiente para prevenir la contaminación de los ríos, la legislación no ha sido actualizada desde 1996, no hay implementación ni supervisión adecuada y se gasta más en reparación de daños ambientales que en prevención, lo que convierte a México en un paraíso para contaminar.
Hoy demandamos transparencia y el cambio de enfoque en la gestión del agua, que esté encaminado hacia la prevención. En Greenpeace defendemos la precaución como el único modo de evitar desastres tan lamentables como los derrames mencionados. Es imperativo tener leyes con un enfoque precautorio, como la iniciativa ciudadana Agua Para Todos Agua Para La Vida, elaborada por académicos y organizaciones de la sociedad civil cuyos objetivos son:
-Tener agua para todos, para ecosistemas y para la soberanía alimentaria
-Fin a la contaminación, sobreexplotación y destrucción de cuencas y acuíferos
-Fin a la vulnerabilidad a inundaciones y sequías
En este tiempo histórico para el país, los mexicanos tenemos la oportunidad de tener las leyes que merecemos y que permitan que la voz ciudadana sea escuchada. Tú puedes ser parte del cambio al apoyar la Ley General de Aguas impulsada por diversas organizaciones civiles.
Greenpeace.org
