junio 25, 2021 3:49 AM

Rehenes en casa; libres militares señalados cómplices del 'Mochomo'

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Tuvieron que pasar seis años y seis meses para que el mayor Francisco Pérez Chávez, un oficial de justicia militar que logró varios golpes al cartel de Sinaloa, fuera liberado después de que el juez militar de Mazatlán decretara que no existían pruebas para mantenerlo preso. El caso del mayor Pérez Chávez se convirtió en botón de muestra de la “justicia de mando” que impera en el fuero militar, e ilustró cómo un jefe militar puede ser encarcelado sin respeto a sus garantías constitucionales solo por motivos políticos, intereses “oscuros” y una vieja pugna de dos generales que se agudizó cuando ambos coincidieron en Sinaloa, uno al mando de la Novena Zona, en Culiacán, y el otro de la Tercera Región Militar, en Mazatlán.
Por Juan Veledíaz / Especial para Río Doce
Comenzaba el sexenio de Felipe Calderón cuando Guillermo Galván Galván, el gran compadre del general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, había sido designado secretario de la Defensa Nacional. Pocos lo sabían, pero sus contemporáneos en el Colegio Militar conocían que entre ellos había afinidad y cercanía por todo lo que habían vivido cuando coincidieron en aquel momento y tiempo después también como estudiantes en la Escuela Superior de Guerra.
A principios del año 2007 el general de brigada, Hidalgo Eddy, estaba de comandante en la Novena Zona militar en Culiacán, y por orden presidencial en aquellos días, el general de división Roberto Miranda se había hecho cargo de la Tercera Región, con cuartel en Mazatlán, con lo que se convertía en su superior jerárquico. Miranda e Hidalgo Eddy se detestaban, no se podían ver ni en pintura, era un secreto a voces que ambos arrastraban una animadversión de tiempo atrás cuando eran oficiales, dice un militar de alto rango que conoció a ambos y pidió no ser citado por su nombre.
El enfrentamiento que ambos generales protagonizaron en Sinaloa tuvo a un testigo que pasó a convertirse en víctima. Una tarde de octubre de aquel año, el mayor Francisco Pérez Chávez, quien se desempeñaba como ministerio público de la zona militar con base en Culiacán, fue llamado a la oficina del general Hildago Eddy. Lo recibió de manera fría, tenía el rostro endurecido, aparentaba molestia y parecía que de un momento a otro iba a estallar. Aquella plática fue directa.
—Te vas a meter en una bronca, ¿sabes lo que estás haciendo?— le dijo el general de brigada quien había sido notificado de los aseguramientos que días antes el fiscal militar había realizado con propiedades de Víctor Emilio Cázares, uno de los capos que había crecido de manera considerable en esos años.
El general estaba molesto porque el mayor no había acatado las órdenes para que disminuyera su actividad contra los jefes y operadores del tráfico de drogas, una orden que iba contra la disposición superior que había marcado el general Miranda. Hidalgo Eddy buscaba contrariar al general Miranda, su superior jerárquico, recuerda el mayor Pérez Chávez quien era parte del equipo del comandante de la región con quien trabajaba desde su anterior encomienda al frente de la región 11 con sede en Torreón y jurisdicción en los estados de Coahuila y Chihuahua.
Aquel enfrentamiento tuvo un mal desenlace. Cuando Miranda dejó la comandancia de Mazatlán, Hidalgo Eddy cumplió sus amenazas contra el mayor Pérez Chávez, quien fue detenido en enero del 2008, días después de la captura de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo.
 

MAYOR FRANCISCO PÉREZ CHÁVEZ. Injusticia militar.
MAYOR FRANCISCO PÉREZ CHÁVEZ. Injusticia militar.

Absuelto seis años después
La tarde del pasado miércoles 2 de julio, el juzgado militar con sede en el cuartel de la Tercera Región, en Mazatlán, dictó sentencia absolutoria a favor del mayor Francisco Pérez Chávez, acusado de supuestos vínculos con el capo Alfredo Beltrán Leyva. Junto con él fueron liberados el sargento Ricardo Ramírez León y el teniente Humberto Ramiro López Cornejo, detenidos también en enero del 2008 acusados de supuestos vínculos con los hermanos Beltrán Leyva.
El caso del mayor Pérez Chávez se convirtió desde octubre del año pasado, —cuando ganó un juicio para que su proceso fuera llevado por tribunales militares y no por instancias federales— en un lastre para las nuevas autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). El alto mando y su equipo encontraron que había varios casos judiciales armados “al vapor” por órdenes de su antecesor, donde el rasgo en común fue que eran acusaciones sin pruebas y con un tinte político más que jurídico.
La historia de la detención y liberación del ex subsecretario de la Defensa Nacional, el general de división Tomás Ángeles Dauahare, era el caso más emblemático.
Durante seis años y seis meses, el proceso contra el mayor Pérez Chávez se basó solo en dos supuestas evidencias que nunca se comprobaron. Una eran anotaciones en una libreta, supuestamente hallada en la casa en Culiacán donde fue detenido Alfredo Beltrán Leyva, y donde estaba escrito su nombre, sin mayores datos ni referencias, con una caligrafía diferente al resto de los apuntes. Otra era un casete con un audio de una intervención telefónica, donde se escuchaba que mencionan sus apellidos, sin que hubiera más referencias sobre algún hecho en particular o ilícito, y sin que se aclarara tampoco la identidad de quienes ahí hablaban. De último momento, tiempo después, el juez agregó una tercera prueba: se trataba de la declaración del teniente Sergio Jongitud Barragán, ex escolta del general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, quien por esos años se desempeñaba como titular de la comandancia de la zona militar de Culiacán, y quien declaró que había escuchado, sin que le constara, que el jefe Pérez Chávez tenía vínculos con el narcotráfico.
De la libreta se corroboró desde el inicio del juicio que no pertenecía a Beltrán Leyva ni eran sus anotaciones. El capo declaró ante el juez que apenas si sabía escribir su nombre y aseguró que no sabía leer. De la grabación nunca se supo quiénes hablaban, si eran militares o civiles, y a qué se referían en su conversación. Sobre la afirmación del teniente Jongitud, en una segunda declaración reconoció que no le constaba pues todo era de oídas. En aquel tiempo, comentó, por la campaña contra el narcotráfico ordenada por el presidente Felipe Calderón, se escuchaban muchos rumores en el cuartel de la Novena Zona Militar en Culiacán.
La acusación de que Pérez Chávez pasaba información a la organización Beltrán Leyva fue desmentida por el sucesor del general Eddy, el entonces general de brigada Noé Sandoval Alcázar, actual oficial mayor de la SEDENA, quien declaró que era imposible que el mayor pasara información sobre los operativos o el movimiento de tropas pues por su cargo —era el Ministerio Público de la zona militar—, no tenía acceso a ella.
Pérez Chávez fue el fiscal militar en la Tercera Región Militar a partir del año 2007, cuando llegó como comandante al cuartel en Mazatlán el general de división Miranda.
Era parte de su equipo desde Torreón y se lo llevó a Sinaloa, donde quedó adscrito a la comandancia de la zona en la capital del estado. Desde ese cargo asestó varios golpes de consideración a la organización de tráfico de drogas que encabezaba Ismael el Mayo Zambada, Joaquín el Chapo Guzmán, los hermanos Arturo, Héctor y Alfredo Beltrán Leyva. Aseguramientos de droga, detenciones de operadores, propiedades incautadas, fueron algunos de los hechos que encabezó el mayor y que le valieron ser amenazado de muerte en varias ocasiones.
ROLANDO EUGENIO HIDALGO EDDY. Pleitos internos.
ROLANDO EUGENIO HIDALGO EDDY. Pleitos internos.

 
En una carta enviada en marzo pasado desde el penal militar de Mazatlán al presidente de la República Enrique Peña Nieto, en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas, el mayor Pérez Chávez le resumió su caso. Le dijo que en el año 2008 el Juez Séptimo de Distrito en Guadalajara, Jalisco, libró la orden de aprehensión en su contra y le dictó el auto de formal prisión a partir de aquella libreta y el audio casete como supuestas pruebas.
Estos dos objetos dieron sustento a “la nada jurídica”, escribió. De estas supuestas pruebas nunca se aclaró qué autoridad fue las que las aportó, no se supo cómo llegaron a manos del Ministerio Público, quien nunca explicó este punto, y les dio fe jurídica, es decir les dio vida, pese a que “legalmente son la nada jurídica pues nadie demostró la autoría de las mismas”.
Con el proceso en marcha, el juez de Jalisco se declaró incompetente y mandó a trámite la competencia del caso para que se hiciera cargo un juez federal en Culiacán. “El procedimiento fue lento y tortuoso”, escribió. Duró alrededor de un año y finalmente pasó a un juzgado federal en Culiacán, mientras el mayor Pérez Chávez seguía preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
“Las diligencias se desahogaron a cuenta gotas con el obstáculo de la misma Secretaría de la Defensa Nacional al ocultar y negarse a proporcionar las pruebas solicitadas a través de la Procuraduría de Justicia Militar; es decir, obstaculizaron siempre la administración de la justicia para evitar que Alfredo Beltrán Leyva saliera favorecido, ya que se probaría que fue detenido ilegalmente dentro de su casa, sin contar siquiera con orden de cateo, por parte del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales que actuó al margen de la ley, siendo protegido siempre por la Secretaría de la Defensa Nacional”.
“Ahora que estoy detenido injustamente tengo la sospecha fundada que algún líder del narcotráfico a quien el suscrito afectó sus intereses, es el principal interesado en que se me hunda en la cárcel; no creo que el gobierno federal tenga interés en desprestigiarse al cometer violaciones a mis derechos humanos de manera descarada sin el mínimo beneficio; esta acción detestable coloca a la propia administración federal a ser cuestionada como un gobierno que no respeta los derechos humanos”, escribió en su misiva el mayor Pérez Chávez.
ALFREDO BELTRÁN LEYVA. Cómplices inventados.
ALFREDO BELTRÁN LEYVA. Cómplices inventados.

 
Reparación del daño
El último año fue de una lentitud atroz en la resolución de los recursos para que se obligara al juez militar a acatar las disposiciones de sus superiores en los tribunales colegiados. En los últimos días, en el juzgado militar de Mazatlán, sabían que estaban en un lío, dice Francisco Bautista, uno de los abogados del mayor Pérez Chávez.
Hubo un ultimátum del Consejo de la Judicatura hace unos días a un tribunal colegiado y a un tribunal unitario, para que obligaran en los términos que la ley señala, para que el juez militar llevara a cabo la diligencia conocida como declaración preparatoria, explicó.
Se tardaron más de un año en esa diligencia, explica. Se presentó en el Consejo de la Judicatura la queja y ese mismo día les notificaron que estaban en lo correcto. En un solo día se resolvió lo que tardaron un año, afirmó. El 24 de junio, la Judicatura presionó al tribunal colegiado y al unitario, para que resolvieran y se dictara un nuevo auto. El juez militar volvió a tomar la declaración preparatoria al mayor Pérez Chávez y en 72 horas dictó la absolución. Pidió que se exhibieran las pruebas y como no había una sola en su contra, ordenó su liberación.
Un procedimiento que por ley no deberá pasar de las 72 horas, término que tiene un juez para determinar la situación jurídica de un detenido, en éste caso se tardaron más de un año. Por eso al mayor Pérez Chávez, por esa indefinición judicial que lo tuvo en el limbo, se le conoció como “el rehén del ejército”. Era un “rehén” de la justicia militar, señala vía telefónica a Ríodoce el mayor Pérez Chávez.
TOMÁS ÁNGELES DAUAHARE. Caso emblemático.
TOMÁS ÁNGELES DAUAHARE. Caso emblemático.

Tuvieron que pasar seis años, certificados por el juzgado militar, para que concluyeran que no existía una sola prueba. Que todo fue una cuestión de Estado, una política de Calderón de fabricar culpables, añade Pérez Chávez. “Nos mantuvieron en una prisión de máxima seguridad, con todas las vejaciones, uniformados, rapados, sobajados, seis años seis meses, exhibidos públicamente, fue un asunto de consigna”.
El jefe militar anunció que en las próximas semanas analizará con sus abogados una posible demanda contra los funcionarios del anterior gobierno federal que estaban al frente de las instituciones desde donde se fraguó su detención de seis años y seis meses sin una sola prueba.
“Vamos a ver la posibilidad de demandar, demandar al Estado por violaciones a los derechos humanos”, indica.
Entre ellos, demandaría a algunos de los funcionarios como Eduardo Medina Mora, entonces procurador general de la República, quien ordenó iniciar la averiguación; contra el general Guillermo Galván, hoy ex secretario de la Defensa, por permitir que se procesara por consigna a un subordinado que solo obedecía órdenes en su papel de fiscal militar en Culiacán; contra el general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, actual director de seguridad pública en Aguascalientes, y entonces comandante de la zona militar en la capital sinaloense, por cumplir las amenazas contra Pérez Chávez al ser parte del la gente de confianza de su “enemigo”, el general de división Roberto Miranda, con quien tenía pleito personal. Y por último al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Juan Silva Meza, por negligencia y al ex presidente de la República Felipe Calderón, por utilizar la procuración de justicia para armar su caso sin sustento legal.
Pérez Chávez anunció que esperará que se notifique en los próximos días a las autoridades la resolución de su caso y solicitará regresar al servicio activo para que le restituyan sus derechos y haberes (salarios), suspendidos durante más de seis años en los que estuvo detenido.

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