Abuso presupuestal contra la CEDH

Abuso presupuestal contra la CEDH

Liberato Terán. Con Valentín Campa
Liberato Terán. Con Valentín Campa

No era necesario que el Ejecutivo estatal propusiera bajar el presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para saber que la actividad que esta realiza no solo no le interesa, sino que le es incómoda. En realidad, la sola presencia de algunos personajes en las corporaciones policiacas envía mensajes claros en este sentido. Y refrendando la sentencia de que “el pez por su boca muere”, fue el propio gobernador, Mario López Valdez, quien deslizó días después de asumir el poder que no repararía mucho en la defensa de las garantías individuales ni en el respeto a los derechos humanos, si se trataba de cumplir ciertos propósitos. Con blancas palomas —dijo, palabras más o menos— no vamos a combatir a la delincuencia.
A Malova no le importó proponer la mutilación del pírrico presupuesto con que venía trabajando la CEDH, a pesar de que durante muchos años ha sido uno de los organismos estatales de esta índole en el país que se encuentra en los últimos lugares del ranking nacional en cuanto a presupuesto se refiere.
Hasta 2013, la CEDH de Sinaloa se encontraba en el lugar 23 de las entidades federativas en materia de presupuesto, con 32 millones 232 mil pesos, por debajo de estados como Sonora, Nayarit, Chihuahua y Baja California Sur, solo por citar a los estados colindantes. Durango se encuentra debajo, casi al mismo nivel.
En relación a los pesos gastados por habitante, las diferencias son abismalmente abusivas, sobre todo si se considera el contexto de las entidades. Quintana Roo, por ejemplo, que tiene uno de los índices criminales más bajos del país y se encuentra entre las entidades menos señaladas en cuanto a violación de los derechos humanos, gasta 35.12 pesos por habitante. Con una población de 1 millón 330 mil habitantes, invirtió el año pasado 46.5 millones de pesos en la comisión de derechos humanos. A Sinaloa, con el doble de población, le presupuestaron 32.1 millones y le entregaron solo 27 millones, pues fue una de las entidades públicas que sufrieron recortes presupuestales, a pesar de que ya habían sido aprobados por el Congreso del Estado.
Así, con el presupuesto aprobado, la CEDH tenía programado gastar 9.82 pesos por habitante en la defensa de los derechos humanos, una de las cifras más bajas en el país, pero el gasto se fue todavía más abajo debido a lo que la Secretaría de Administración y Finanzas le retuvo, todavía sin explicación alguna.
Para el 2014 las cosas pintan peor, pues de 32.1 millones programados en 2013, el Congreso presupuestó ahora 24 millones, es decir, 8 millones de pesos menos.
Ahogada por sus penurias, la Comisión ha tenido que recortar personal. Más del 60 por ciento de su presupuesto estaba destinado a ese rubro y con la reducción lo primero que hizo fue adelgazar la nómina. Por lo pronto, 16 plazas han sido dadas de baja, entre ellas los visitadores de El Rosario y Guasave. Las oficinas de esas dos ciudades cerraron sus puertas y si el Gobierno estatal se empeña en golpear más su economía, volverán a apretar el cinturón, en demérito de sus capacidades operativas.
Y esa es la otra cara de la moneda, el contexto en el que trabaja la CEDH en Sinaloa. No solo no se ha hecho nada —ni el Ejecutivo ni el Legislativo— para mejorar sustancialmente el presupuesto de la Comisión y de esa forma generar condiciones para que en una entidad donde sistemáticamente se están violando derechos y garantías individuales, se pueda contar con un organismo fuerte, contestatario, eficiente, ágil. En Sinaloa crecen los abusos policiacos y ahí está la numeralia de las denuncias recibidas en el último año y las recomendaciones giradas por la CEDH.
Es verdad que el recurso económico no necesariamente se traduce en eficacia y ahí está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, considerada una de las más caras de América Latina, la cual, a pesar del dineral que se le otorga cada año –más de 1 mil 400 millones de pesos para 2014— tiene una pésima imagen pública por su ineficiencia.
Pero cercenar la capacidad de operación de un organismo tan noble en un contexto donde crecen el despotismo del poder y los abusos policiacos y militares, es sencillamente criminal.
Bola y cadena
LIBERATO TERÁN OLGUÍN dijo desde hace mucho tiempo que no quería que le hicieran ningún homenaje en la UAS, a la que había dedicado toda su vida desde su juventud. Pasó los últimos años de su vida  decepcionado por lo que estaba ocurriendo en la casa rosalina, convertida en un botín para los que la administran. Por eso la familia se reunió para discutir si el cuerpo era o no llevado al edificio central. Flérida, su viuda, se inclinaba por respetar la voluntad de Liberato y su hijo Elí la respaldaba. Pero se pusieron sobre la mesa los argumentos. “La universidad va a seguir… ellos se van a ir algún día”. Decidieron aceptar la invitación del “homenaje”, un acto lleno de discursos huecos para un hombre de la talla del Chuco, en el que la congruencia cimbró desde el grito desgarrador del Chichí Meléndrez. Todo fue metido en un guión a modo; el rector hablará de esto, Medina Viedas de aquello, Rito Terán de esto otro. Al Chichí no se le dará la palabra, se concluyó. Como si ocupara permiso. Orador emblemático de las luchas estudiantiles contra el armientismo que Liberato encabezó, sus palabras hubieran sido el mejor homenaje para el hombre que estaba tendido en un recinto secuestrado por la mediocridad.

Lee más sobre:

Últimas noticias

Scroll al inicio

2021 © RIODOCE
Todos los derechos Reservados.