Secretaría de Salud: En la mira del Gobierno federal

Malova y Echeverría. Unidos por la turbiedad.
Malova y Echeverría. Unidos por la turbiedad.

Aunque el gobernador Mario López Valdez ha ofrecido desde que asumió el cargo una administración transparente, moderna y eficiente, los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE) ponen en entredicho uno de los ejes principales del discurso que lo llevó al poder. Las revisiones de la ASF a las cuenta de 2012 en el sector Salud reiteran una vez más el desparpajo con que están siendo administrados los recursos en esta área, enferma de corrupción, impune. 
Nelda Ortega/ Mazatlán
Aunque la federación hace transferencias millonarias al gobierno de Sinaloa, la aplicación de recursos en conceptos distintos a los etiquetados, muchas veces fuera de toda norma, se refleja en servicios deficientes y desorden administrativo.
Por ejemplo, de los recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y Sinaloa, en 2012, la ASF destaca que se utilizaron más de una cuenta bancaria para su recepción, manejo y ejercicio, y que se incumplió con la calidad y congruencia en la aplicación de éstos.
Reincidentes, los SSS utilizaron una cuenta para la recepción de los recursos y dos cuentas para el manejo y ejercicio de los recursos de la Cuota Social (CS) 2012, lo que dificultó su revisión y le restó transparencia en su manejo y rendimientos.
La ASF pidió a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno estatal investigar e iniciar el procedimiento administrativo contra los servidores públicos que en su gestión utilizaron tres cuentas bancarias para el manejo y ejercicio de los recursos.
La transferencia de dinero de la CS 2012 hacia fondos y programas distintos del Seguro Popular, originó un faltante de efectivo en el saldo de la cuenta bancaria por 46 millones de pesos.
La fuga de dinero continuó con la erogación de 147 millones 116 mil pesos  para el pago de 1 mil 724 trabajadores que no contaron con los contratos debidamente formalizados, lo que impidió verificar si cumplieron con las actividades para las cuales fueron contratados y si éstas están vinculadas en la atención directa con los beneficiarios del Seguro Popular, situación reincidente con lo registrado en la cuenta pública 2011.
Denuncia de hechos
A finales de febrero del 2013, el secretario de Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, objetó molesto en su comparecencia ante diputados locales, que se prejuzgue el comportamiento y las decisiones de un secretario de Finanzas.
Responsable del uso que se le da al dinero, la Secretaría que encabeza permitió que dos servidores públicos comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Sección 44, recibieron por parte de los SSS 145 mil 250 pesos, sin haber prestado servicios de atención directa a los beneficiaros del programa, porque el sindicato es un área no autorizada para financiarse con recursos del Seguro Popular.
Esto ameritó que la ASF presentara una denuncia de hechos, la 12-0-17100-14-0690-09-001 por las irregularidades detectadas en el ejercicio de sus facultades de fiscalización de la cuenta pública.
Este dinero también sirvió para pagar 63 millones de pesos en medicamentos al 31 de diciembre de 2012 y 66 millones al 30 de junio de 2013, de los cuales 55.4 millones no muestran evidencia de que la medicina haya sido entregada a los beneficiarios, mientras que la cantidad de 10.9 millones no presenta la documentación que soporte este gasto.
En contraste, con una muestra de 150 recetas médicas expedidas a la población afiliada, se constató que se prescribieron 14 claves de medicamentos que no corresponden a su catálogo y en las recetas médicas restantes no se pudo identificar la cantidad surtida porque no se anotaron las unidades de medicamento entregado.
Sobre estas nuevas auditorías, el tesorero estatal negó que haya desvío o mal uso de los recursos que el gobierno federal entrega a Sinaloa para las secretarías de Educación, Salud y Obras Públicas y garantizó que cada una de las observaciones serán solventadas por el gobierno de Mario López Valdez.
“En este momento en la secretaría no existe temor, no existe incertidumbre, no existe ninguna situación que nos ponga nerviosos por esa situación de esas observaciones, tenemos la documentación y tenemos todo para solventarlo en la instancia que sea necesario y que se nos solicite porque hasta ahorita nadie nos lo ha solicitado”, defendió Villareal Ibarra.
Bonos a directivos
Sin que hubiera evidencia de trabajos realizados, los SSS pagó un concepto no autorizado por 350 mil pesos por la “Prestación profesional, especializado de asesoría y representación jurídica en materia laboral”. Para telefonía celular e internet, se ejercieron 429 mil pesos; para impresión, fotocopiado y vigilancia se sumaron 148 mil pesos, sin importar que se tratara de conceptos no financiables con recursos del fondo.
Sin ajustarse a las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia que marca la federación para el uso de este fondo, los servidores públicos ejercieron 54 mil 500 pesos en alimentos, pasando por alto la indicación de que toda adquisición tenga racionalidad económica, que sea necesaria, que cumpla un fin predeterminado, que no sea redundante y que su costo monetario sea inferior al beneficio que aporte a la administración pública.
Los SSS realizaron pagos en exceso —de manera reincidente— por bonos mensuales a mandos medios y superiores por 50 millones 892 mil pesos no autorizados en el tabulador del 2012.
Y, por si fuera poco, inspirados por las fiestas decembrinas, los SSS erogaron 216 mil 397  pesos para el evento denominado “Posada del Seguro Popular”, concepto no autorizado con recursos del Seguro Popular 2012, por lo que se presume un probable daño  a la Hacienda Pública Federal.
Dinero para todos
El fondo federal le sirvió al Gobierno estatal para pagar 3 millones 689 mil 622 pesos a siete servidores públicos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicios del Estado; a dos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS) sección 80; a uno del DIF Estatal; a uno más de la Dirección de Medicina del Deporte del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física (ISDE), otro del Congreso del Estado  y a uno más de la Comunidad Terapéutica de Sinaloa, todas áreas no autorizadas para financiarse con estos recursos.
A éstos se sumaron 14 funcionarios comisionados al Sindicato que recibieron pagos por 3 millones 705 mil 529 pesos por parte de los SSS, sin autorización de la Subsecretaría de Administración y Finanzas y/o Dirección General de Recursos Humanos, situación también reincidente, ya que fue observada en la cuenta pública 2011. También fue observado el pago a personal temporal por 1 un millón 22 mil pesos, con contratos individuales sin la firma de la autoridad competente.
En contraparte, los pagos extemporáneos a Fovissste-Sar correspondientes al ejercicio fiscal 2012, le costaron al erario 201 mil pesos por concepto de actualizaciones e intereses, situación que fue observada  por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2011.
Medicinas. Fuera de control.
Medicinas. Fuera de control.

Indolencia en los servicios
En una muestra de 20 quejas presentadas por los beneficiarios del Servicio Público de Salud de Sinaloa en los distintos buzones de las unidades médicas de los Servicios de Salud de Sinaloa (SSS), la  Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que los servidores públicos que vigilan la salud de los sinaloenses no verificaron el impacto de las quejas, ni revisaron como mejorar la calidad de los servicios de atención a la salud.
Las quejas más recurrentes del Seguro Popular en 2012 corresponden a atención médica insuficiente o deficiente (30 por ciento); porque no se surtió completo el medicamento (30 por ciento); por cobro de medicamentos y estudios de laboratorio (15 por ciento); por negación del servicio (15 por ciento); por maltrato del médico (5 por ciento) y por tiempo de espera excesivo para recibir consulta (5 por ciento).
En estos resultados la ASF señaló reincidencia, porque las mismas observaciones se hicieron en la revisión de la cuenta pública 2011.
Pero las quejas son el primer síntoma. Las dobles caras del gobernador Mario López Valdez y de los secretarios de Administración y Finanzas y de Salud, Armando Villarreal Ibarra y Ernesto Echeverría Aispuro, son evidentes: mientras rendían cuentas alegres del ejercicio anual aquel noviembre del 2013, la ASF preparaba el dictamen negativo del dinero ejercido en 2012.
En el Informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, se consideraron justificaciones y aclaraciones presentadas por el gobierno sinaloense, entregado en el oficio número UTRC/DAG/243/2013 el 18 de octubre de 2013. Cuatro días después la ASF recibió ese oficio justificatorio, pero no cambió el resultado negativo.
Justicia lenta no es justicia
De todas las denuncias presentadas por la Auditoria Superior del Estado por irregularidades en los ejercicios de 2011, 2012 y 2013, la Procuraduría General de Justicia las integró en tres averiguaciones contra la dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Según detalló el procurador del estado, Marco Antonio Higuera Gómez, en una de las denuncias ya se concluyó el proceso de integración, mientras que en las restantes aún se esperan documentos originales que fueron requeridos a la tesorería del gobierno estatal.
Higuera Gómez rechazó dar el nombre de los funcionarios implicados en las denuncias, ya que enfatizó que están dirigidas hacia “quien resulte responsable”.
“Las denuncias que presentó la auditoria dicen ‘en contra de quien resulta responsable’, en el momento que ya determinemos sería avisar a un imputado la determinación que va a tomar el Ministerio Público”.
Cuestionado al respecto, el secretario de Administración y Finanzas, Armando Villareal Ibarra, reconoció el proceso penal en contra de su dependencia pero consideró que la PGJ también podría dictaminar que “está todo aclarado”.
“Si la Procuraduría define que sí hubo una desviación, que sí hubo un fraude o hubo falsedad de información tal vez imponga una sanción penal, pero a lo mejor puede determinar que no hay delito que perseguir, que está todo aclarado”, confió Villareal Ibarra.

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