Una semana fue el plazo que el gobierno Federal se impuso para hacer un planteamiento sobre la planta de amoniaco e industria pesada que las comunidades originarias rechazan por el ecocidio y polución que provocará en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, tras una jornada de escucha de demandas, preocupación y datos científicos tanto de los promoventes como de los inconformes.

En cada una de las cinco mesas de diálogo realizadas en Los Mochis, los especialistas ambientales y de ingeniería contratados por Proman-Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y del gobierno Federal, no lograron desvirtuar la conclusión de la red de científicos investigadores de medio ambiente, fauna marina, antropólogos y de regulación que asesoran al colectivo Aquí ¡No! y que establecieron que la petroquímica dañará irreversiblemente al sistema lagunar de Ohuira modificando las corrientes de irrigación del sistema de manglares, alterando la salinidad y temperatura del espejo de agua, dañando la generación de nutrientes, incrementando la proliferación de algas nocivas para seres vivos lo que romperá la cadena alimenticia de la fauna marina de interés comercial y de subsistencia comunitaria y convertirá al sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María en una región estéril, inapta para especies endémicas y migratorias.

La empresa y las instituciones gubernamentales tampoco pudieron defender su posición de ser ajenos y no responsables de la división en la comunidad mayo-yoreme por el pago en dinero o especie para la aceptación a la planta de amoniaco que ha ocasionado, incluso agresiones físicas, macheteados, acuchillados, amenazas de muerte y desplazamiento forzado.

La mesa de ciencia

El colectivo Aquí ¡No! demostró que las modelaciones científicas de la empresa eran simplistas e inadecuadas para la zona en estudio, y estaban alimentadas con datos ficticios o erróneos para obtener un resultado manipulado que les permitiera obtener las autorizaciones de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que les aprobaba la construcción de la planta de amoniaco.

El colectivo también puso en juicio la tenencia de la tierra que la empresa aseguró era ya cosa concluida y sin opción de impugnación porque cualquier promoción ya era extemporánea, y acreditó que en todo el caso había tufo de corrupción y de complicidades políticas desde el bróker y ex candidato a la Presidencia de México, Francisco Labastida Ochoa y su aliado y ex gobernador, Mario López Valdez, hasta el actual mandatario con permiso de ausencia, Rubén Rocha Moya; incluso, establecieron con documentos en mano, que pieza clave en el entramado lo es el alcalde de Ahome desaforado, Gerardo Vargas Landeros. De la contraparte, nadie debatió ni revirtió esos datos.

Ante los alegatos, la Secretaría de Medio Ambiente anunció una investigación de las autorizaciones ambientales, argumentando que estas no daban facultades a la empresa para dañar el ecosistema, y lanzó una prohibición que cancelaba la gestión de MIAs fraccionadas y que los resultados de todo proyecto debían basarse en efectos acumulativos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció una nueva investigación por hechos ambientales, y dijo que esperará la sentencia de un juicio de amparo interpuesto por el ejido Rosendo G. Castro y la empresa para evitar la investigación del polígono ocupado.

Semarnat y Conagua pidieron la realización de un nuevo estudio actualizado de línea base ambiental para el sistema lagunar, con términos de referencia construidos desde todas las instituciones del sector ambiental e incorporando la participación de instituciones académicas, como el Instituto Politécnico Nacional, así como las comunidades pesqueras y del pueblo Mayo-Yoreme, de manera que la información pueda ser conocida y compartida con la población.

Propusieron además fortalecer la transparencia en el seguimiento de las obligaciones ambientales del proyecto, poniendo a disposición de la sociedad información sobre las medidas que debe cumplir la empresa: quién las ejecuta, cuándo se realizan y cuáles son sus resultados, con el propósito de proteger los recursos naturales y garantizar el respeto a los derechos de las comunidades.

También ofertó la creación de un comité de vigilancia con participación de autoridades, comunidades y academia, que permita dar seguimiento al cumplimiento de las medidas ambientales y evaluar de manera permanente su efectividad.

La Semarnat advirtió que cualquier proyecto industrial previsto para la zona deberá analizarse de manera integral, considerando el conjunto del desarrollo industrial y sus posibles efectos acumulativos, y no de forma aislada o fragmentada. Por lo que, si el grupo empresarial presenta otras solicitudes para otras plantas de este conglomerado, serán evaluadas en su conjunto como una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Propuso avanzar hacia un plan integral de restauración ambiental para la laguna de Ohuira, con objetivos e indicadores claros y una visión de largo plazo que incorpore tanto el conocimiento científico como los saberes tradicionales. Al respecto la Conagua propuso un plan integral de saneamiento de toda la laguna, con un diagnóstico conjunto con la población, verificaciones de las descargas de la empresa y ejecutar acciones concretas para el saneamiento y un monitoreo manual, así como un automático permanente de 24/7, que genera resultados cada 10 minutos. Esto podrá medirse prácticamente en tiempo real como una alerta temprana que emitirá graficas de tendencia. Este mecanismo ya se utiliza en el monitorio de ríos en el país con la participación de las mismas comunidades.

Al finalizar la quinta mesa, el diálogo se mantendrá abierto y no se reducirá a quienes están a favor y en contra. La responsabilidad del Estado es garantizar que las decisiones se sustenten en la ley, en la evidencia científica, en la transparencia y en el respeto a los derechos de las comunidades.

Mientras llega el plazo, los activistas de Aquí ¡No! mantienen un campamento de vigilia en la vieja carretera a Topolobampo, sin obstruir la circulación y que sirve de acceso al lugar donde se levanta la planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente. Esa concentración ha paralizado la construcción. Por ello, algunos contratistas han sacado su maquinaria. Trabajadores de estos que llegaron al “plantón” comentaron que sus ingresos han sido disminuidos por los patrones y han incrementado las deducciones como hospedaje y alimentación, lo que hace irredituable la permanencia en el empleo. Ellos optaron por regresar a sus ciudades.

Las rondas de las mesas de diálogo se realizaron del viernes 17 al miércoles 22 de julio y versaron en cinco temas: Comunidades indígenas y vigilancia ambiental, desarrollo de proyectos productivos para la región, análisis de beneficios para la producción agrícola de Sinaloa, situación actual y condiciones ambientales, autorizaciones y obligaciones ambientales.

Los temas y las fechas se acordaron en cuatro reuniones previas con los dirigentes comunitarios de Aquí ¡No! Felipe Montaño Valenzuela, Claudia Quintero Sandoval, Melina Maldonado Sandoval, Ulises Pinzón Vázquez, entre otros y el comisionado especial del caso, Mauricio Rodríguez Alonso, quien había llegado a la ciudad el 3 de junio (2026) cuando la protesta se ciudadanizó tras la retención de torres de absorción que fueron desembarcadas en Topolobampo procedentes de Alemania. A ese equipo, la población le endilgó sustantivos que van desde el “misil” hasta el “supositorio”. Otras piezas permanecen aún en el recinto portuario de Topolobampo. De esas primeras rondas fueron excluidos los gobiernos del estado de Sinaloa y el municipal de Ahome.

Este jueves (23), las rondas concluyeron.

Tras terminarlas, el colectivo Aquí ¡No! dio la cara a sus representados. Ulises Pinzón dijo que mientras se consume el plazo fijado por el Estado para hacer su posicionamiento del caso, se mantiene el campamento y los puntos de vigía a las afueras de la planta de amoniaco.

Llamó a la sociedad no desistir de la lucha.

De las cinco jornadas, cuatro fueron de altura, en donde el lenguaje, argumentos y posicionamientos se defendieron y contrastaron con datos científicos, fundamentos legales y estudios de por medio.

La mesa vulgar

La mesa tres resaltó por la vulgaridad de los posicionamientos y alegatos y se denominó “Análisis de beneficios para la producción agrícola de Sinaloa”.

En esta, las asociaciones de productores agrícolas diversas pretendieron obtener un compromiso con Gas y Petroquímica de Occidente de precio bajo a la tonelada de amoniaco anhidro y volumen suficiente para la fertilización de los cultivos, pero a lo que más lograron acceder es a una declaración de que se reduciría el costo del embarque de importación y dependiendo el uso declarado, sería la reducción de la tasa impositiva, dada por el gobierno, y que la disponibilidad sería total.

La explicación convenció a los asistentes. En ese diálogo, los activistas dejaron que fluyera, pues no era su incumbencia, sólo intervinieron cuando los productores amenazaron con desplazarlos porque ellos ya habían alcanzado un acuerdo de apoyar la construcción de la planta de amoniaco y que la gestionarían pese a los impactos negativos en la bahía.

Ellos acusaron al colectivo de oponerse al progreso por negarse a la construcción de la planta en el lugar. Los mayos-yoremes no se alteraron y los escucharon.

Pero cuando le tocó el turno al colectivo Aquí ¡No! la cosa se tensó.

Los mayos-yoremes desmintieron a la empresa sobre la disponibilidad y precio, pues los datos del portal y comunicaciones de la empresa suiza-alemán establecían que GPO no vendería un solo kilo de amoniaco, porque la producción ya estaba comprometida por Proman para un tercero estadounidense y cuyo precio estaría regulado por oferta-demanda del mercado internacional.

Además, la planta contaminaría la bahía que también recibe descargas hidráulicas de los drenes agrícolas. Esas aguas llegan cargadas de amoniaco, sólidos diversos y metales pesados contribuyendo a la contaminación de Ohuira y acelerando la aridez de sus propios predios o terrenos alquilados. Por sus malas prácticas de cultivo, están perdiendo utilidad, les aseguró una investigadora. Nosotros les podemos ayudar a que la aumenten.

Los datos científicos mostrados indignaron a los productores agrícolas que respondieron con insultos, majaderías, bravuconadas, gritos, sombrerazos, burlas, pero sin mostrar un solo dato científico.

Luego, los activistas hicieron una consideración: es verdad, ustedes producen alimentos y requieren amoniaco, ustedes quieren la planta de amoniaco para su beneficio personal. Bien. Ustedes tienen parcelas que siembran, es decir, tierra; ustedes tienen agua de sus riegos, y ustedes quieren la planta para su beneficio, el gasoducto pasa por sus predios, así es que tienen todo; donen terrenos, den el agua y que la empresa se traslade a sus predios, más cerca de sus parcelas, se ahorran fletes.

La propuesta indignó a los productores, que arreciaron sus insultos.

Los mayos-yoremes no respondieron, demostrando tranquilidad y educación ante la vulgaridad agrícola.

Artículo publicado el 27 de julio de 2026 en la edición 1226 del semanario Ríodoce.